La cuestión relacionada con las denominadas «víctimas de la violencia» está adquiriendo una gran relevancia política, y desde hace tiempo se ha constituido en un elemento altamente estratégico en la confrontación entre nuestro pueblo y los poderes políticos español y francés. Creemos que con la tregua la utilización del victimismo dentro del juego político no va a decaer y seguirá siendo una pieza de uso por parte de ciertas agrupaciones y partidos a lo largo de todo el proceso. Nosotros, miembros del colectivo Egia, Justizia eta Oroitzapena, integrado por familiares y amigos de muertos y asesinados por la violencia del Estado, queremos manifestar en estos momentos nuestra opinión sobre el tema de las «víctimas» y, al mismo tiempo, señalar cuál es la posición que defendemos en este debate político que tan directamente nos afecta.

Simplificando mucho podemos distinguir cuatro categorías dentro de los diversos colectivos, tanto institucionales como populares, que se preocupan por quienes ellos consideran víctimas:

1­ Aquéllos que manifiestan que las únicas que deben considerarse víctimas propiamente dichas son las de la «violencia terrorista» (Covite, Basta ya, AVT...). Para estos grupos no hay más violencia que la de ETA, y los afectados por la violencia del Estado que pertenecen a la izquierda abertzale son considerados criminales y calificados de verdugos. El Estado, hasta el momento, ha utilizado a dichos colectivos como arma arrojadiza contra las reivindicaciones soberanistas y como elementos de cohesión de su proyecto político. Los ha convertido en verdaderas piezas maestras de su estrategia con el objetivo de defender el orden jurídico vigente, vinculando estrechamente la ideología de los derechos humanos con las posiciones políticas de los partidos que en Euskal Herria se denominan «unionistas». Su extrema polarización podría considerarse derivada de la polarización de los proyectos políticos enfrentados. En el interior del conjunto antes homogeneizado que constituían estos colectivos se ha producido una división según su mayor o menor vinculación con las posiciones defendidas por los dos grandes partidos españoles: PSOE y PP.

2­ Aquéllos que ven necesaria una jerarquización entre víctimas, según estas sean «buenas» o «malas» (Gesto por la Paz...). Estos grupos han intentado aparecer como apolíticos, desarrollando un discurso basado en la defensa de los derechos humanos y en pos de la paz, sin connotaciones partidarias explícitas, en un intento de no romper el frente institucional contra ETA y la izquierda abertzale. Consideran que, si bien ante el dolor son igualadas todas las familias de los fallecidos, ante el significado de su muerte habría que distinguir entre «víctimas de primera» (los «inocentes») y de «segunda» (los «terroristas»), criticando «directa y expresamente los homenajes a los verdugos de esas víctimas inocentes»

3­ Aquéllos que no hacen distingos y tratan a todos los afectados como «víctimas» de un conflicto en cuya naturaleza y origen no se desea entrar para no dificultar consensos presentes y futuros (Elkarri).

4­ Aquéllos que, pertenecientes en general a la izquierda abertzale, también se reivindican como víctimas de un conflicto, aunque responsabilizan al Estado del mantenimiento de éste. (Askatasuna, Etxerat). Para estas asociaciones el propio pueblo es una víctima y la paz sólo podrá llegar con el reconocimiento político del conflicto y su resolución por vías también políticas. Estos se han visto implicados de lleno en la terrible ofensiva política, mediática, social y moralista lanzada por el sistema contra el compromiso de numerosos militantes abertzales a favor de los derechos de Euskal Herria.

En nuestra opinión como miembros del colectivo Egia, Justizia eta Oroitzapena, la disputa en torno al victimismo y a los diferentes tipos de víctimas, aunque nos interesa y concierne, no se integra en nuestros principios y posicionamientos políticos y éticos, porque, como bien ha dicho un editorial de GARA, «el hablar de víctimas supone adentrarse en un drama humano donde el principal protagonista es el sufrimiento y el dolor». Y nosotros pretendemos salir de esos sentimientos y reflexiones que no conducen más que a la competencia partidista, la desmoralización y al girar constante en el círculo cerrado de la muerte. Queremos superar el lugar común del sufrimiento y el dolor para trascenderlo y apostar por la vida. Por eso huimos del victimismo y de la condición de víctimas, ya que los consideramos reactivos e inapropiados en el sentido del pensamiento y la práctica de la verdadera política. Queremos afirmar que nuestros seres queridos muertos no fueron víctimas de ninguna contienda o conflicto. Se constituyeron en sujetos políticos, en militantes de una causa, precisamente para dejar de ser víctimas pasivas de la opresión y con ello abrir un futuro de esperanza a nuestro pueblo. Nuestros familiares ofrecieron su vida por la libertad de Euskal Herria y se incorporaron a la lucha sin exigir ninguna ventaja material, con la única intención de crear una sociedad más justa donde no cupiese la violencia política.

Hay, pues, militantes de una parte (categoría que no incluye sólo a militantes armados) y servidores del Estado de otra (que incorpora no sólo a las llamadas Fuerzas de Orden Público). Las víctimas propiamente dichas son las personas y colectivos no incluidos en ambos polos que por una u otra razón se han visto envueltos en contra de su voluntad en el conflicto político y han padecido sus consecuencias negativas. Corresponde, pues, a los estados español y francés, para nosotros principales responsables del mantenimiento del conflicto, el resarcimiento del daño causado tanto a sus servidores como a las víctimas en el sentido señalado, adoptando las medidas ­morales y materiales­ que se consideren adecuadas para ayudar a paliar las consecuencias, medidas que, por cierto, se están utilizando ampliamente en algunos supuestos (apoyo a las «víctimas del terrorismo»).

En el caso de nuestros militantes nos reconfortamos con el reconocimiento de su sacrificio por parte de nuestro pueblo y exigimos al Estado que respete los actos organizados en su memoria. Lo que conlleva la abolición de las leyes y normas crueles que bajo los títulos de «apología» o «exaltación» del terrorismo tratan de impedir con violencia y coacción la expresión de las muestras de cariño y solidaridad de la gente a ellos y a sus familiares. También nos gustaría que en una futura Euskal Herria libre sus instituciones representativas les rindiesen homenaje en agrade- cimiento a su contribución a la liberación de su nación, al igual que lo hacen todos los pueblos verdaderamente agradecidos al esfuerzo de sus luchadores

Pero en este conflicto ha habido militantes muertos, desaparecidos, «suicidados», asesinados extrajudicialmente, torturados, agredidos con violación estricta de las propias leyes de los estados. Estos casos reclaman el conocimiento de la verdad de lo sucedido y la exigencia de responsabilidad a los autores directos y a los responsables principales de esas acciones. Solicitamos justicia ante estos hechos y el recuerdo permanente a su memoria y a la causa por la cual lucharon.

En este sentido, consideramos la conveniencia de crear comisiones de la verdad que hagan un balance y analicen con ponderación y justicia el coste pagado por nuestro pueblo como consecuencia de la utilización de la violencia del Estado contra personas y colectivos con el objeto de conseguir objetivos políticos. Y ello con la intención de que no se repita el cierre en falso que supuso el pacto de silencio criminal aprobado en la transición y que tanto sufrimiento e injusticia ha engendrado.

No nos mueve ningún deseo de venganza ni guardamos en nuestro espíritu odio alguno. Nuestros familiares y amigos murieron y padecieron la violencia del Estado por defender los derechos de Euskal Herria. Por ese motivo, si llegase el día en que estos derechos fueran reconocidos y respetados, no tendríamos ningún inconveniente en apoyar todas aquellas medidas que se considerasen necesarias y tuviesen por objetivo contribuir a crear un auténtico escenario de paz. Escenario que permitiese restañar, en lo posible, las heridas producidas, dentro de una verdadera y justa recomposición del espacio de convivencia social y humana. -

(*) Junto a Maria Asun Alonso, compañera de Juan Jose Crespo Galende, también firman este artículo Itziar Lizarralde, hermana de Jon Lizarralde; Maria Jesus Salegi, madre de Josu Zabala, Begoña Castillo, hermana de Mikel Castillo, y Errose Ere- zuma, hermana de Jon Erezuma