El Tribunal Constitucional español acaba de anular la sentencia que condenó a Iñaki Palmou, Iñaki Olazaran y Juan Pablo Ussia a tres años y nueve meses de prisión y a Joseba Vélez y Adolfo Abasolo a cuatro años de cárcel por «un delito de atentado a agentes de la autoridad» en una manifestación que se celebró en Bilbo el 15 de febrero de 1997 para denunciar el encarcelamiento de los miembros de la Mesa Nacional de HB por difundir la Alternativa Democrática de ETA.

Ussia, Vélez y Abasolo acaban de salir de prisión después de que el Juzgado de lo Penal número 7 de Bilbo haya admitido la petición de su defensa, que destacaba que la sentencia que les condenó no era firme después de la decisión del Constitucional y que, portanto, debían ser puestos inmediatamente en libertad.

En esa manifestación, tal y como quedó acreditado en la vista que se celebró en el Juzgado de lo Penal número 5 de Bilbo en octubre de 2000, siete agentes de la Policía autonómica dispararon sus armas reglamentarias contra quienesparticipaban en la manifestación en la calle Autonomía. De hecho, dos personas ­Santos Iragi y Pedro Hernando­ resultaron heridas de bala.

HERIDOS DE BALA

Según recoge el informe relativo a 1997 de la Asociación contra la Tortura (ACT), Iragi, que entonces contaba con 46 años, recibió un impacto de bala a la altura de la ingle sin orificio de salida. Hernando, por su parte, resultó herido por un balazo a la altura de los riñones.

El punto en el que estos dos ciudadanos resultaron heridos desmiente categóricamente la versión oficial, difundida a bombo y platillo por el entonces consejero de Interior del Gobierno de Lakua, Juan María Atutxa, que afirmó que «los agentes efectuaron disparos intimidatorios al aire al ser acosados por los manifestantes».

El propio Iñaki Palmou, que fue condenado por «atentado» por la sentencia que acaba de ser anulada, fue atropellado por una furgoneta de la Ertzaintza que arremetió contra los manifestantes.

Asimismo, los ertzainas dispararon pelotas de goma a escasa distancia, hiriendo a Pilar Campos, de 64 años, que recibió un impacto en la nuca y Angel Lucarini, alcanzado por dos pelotas. Dos reporteros gráficos de “El Mundo del País Vasco” también resultaron heridos por el material antidisturbios de la Ertzaintza.

De este modo, quienes se vieron involucrados en una agresión policial contra una manifestación acabaron encausados, condenados, encarcelados y dispersados.

Según recoge el informe de la ACT, en setiembre de 1997, el Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbo inculpó formalmente a un agente de la Ertzaintza, «que efectuó un número indeterminado de disparos, nunca inferior a nueve», como autor de un delito de «imprudencia grave», al tiempo que no existía indicio para imputar delito alguno a los manifestantes.

PRESIONES POLITICAS

La Consejería de Interior de Lakua recurrió esta resolución. Tras numerosas declaraciones de responsables políticos en favor de revocar esta resolución, efectuadas, entre otros por el presidente del Gobierno español, José María Aznar, o el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, la Audiencia Provincial de Bilbo decretó el sobreseimiento y archivo de la causa seguida contra el ertzaina que disparó al menos en nueve ocasiones contra un grupo de manifestantes, al estimar que los agentes se encontraron ante «una agresión ilegítima, multitudinaria, grave, no provocada y con grave riesgo para sus vidas».

Sin embargo, la que sí avanzó fue la causa abierta por el Juzgado de lo Penal número 5 de Bilbo contra quienes participaron en la manifestación tomando como base el atestado elaborado por la Ertzaintza.

Esta causa se saldó con las condenas a Palmou, Olazaran, Ussia, Vélez y Abasolo, pese a que en la vista quedó demostrado que un total de siete ertzainas dispararon a la multitud en la calle Autonomía de Bilbo.

Asimismo, en la vista quedó en evidencia la debilidad de las identificaciones realizadas por la Ertzaintza. Para ello, emplearon grabaciones de vídeo en las que no se observaba con nitidez a los acusados.

Además, las defensas exigieron la nulidad de estas pruebas videográficas puesto que no cumplían los requisitos establecidos, al no ser grabaciones originales y estar manipuladas por los agentes de la Ertzaintza. De hecho, fueron presentadas en el Juzgado meses después de que se registraran estos hechos.

INTERVENCION DE MARLASKA

En la vista, los ertzainas justificaron la presencia de la furgoneta de la Ertzaintza en medio del trayecto de la manifestación de HB señalando que acudían a una llamada de socorro realizada por otra dotación desde Basurto y que la calle Autonomía era «el trayecto más corto para acudir» en auxilio de sus compañeros.

Sin embargo, no consta en ningún registro de la Policía autonómica que se hubiera producido llamada de socorro alguna por parte de una dotación de la Ertzaintza desde la zona de Basurto.

Posteriormente, se presentó un recurso contra esta sentencia que fue resuelto por la Audiencia Provincial de Bizkaia en enero de 2003.

El tribunal ratificó la decisión del Jugado de lo Penal, basándose en la instrucción realizada por el juez Fernando Grande-Marlaska, actualmente destinado en la Audiencia Nacional española.

Fuentes jurídicas destacan que la instrucción que llevó a cabo Grande-Marlaska fue determinante para que los jueces pasaran de considerar a los ertzainas de agresores a agredidos y procedieran a condenar a quienes acudieron a la manifestación por «atentado a la autoridad».

Este es precisamente el aspecto que el Tribunal Constitucionalespañol acaba de anular: la ratificación de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 realizada por la Audiencia Provincial de Bizkaia, al considerar que no se respetaron las garantías de los acusados, ya que no se notificó a uno de los procesados el recurso presentado por el fiscal.

En este sentido, el Constitucional recuerda que el derecho de defensa supone «la posibilidad de contradecir las alegaciones de la parte acusadora de un proceso», por lo que si no se facilita copia del recurso del fiscal, «no pueden discutirse sus alegaciones». Además, reprocha a la Audiencia vizcaina no haber estimado oportuna la celebración de vista en el recurso de apelación, «de forma que la primera noticia que tuvo el demandante de amparo de la apelación adhesiva formulada por el fiscal fue cuando se le notificó la sentencia».

Por ello, la Audiencia Provincial de Bizkaia deberá repetir tanto el juicio para tratar el recurso como la redacción de la sentencia del mismo, ya que el Constitucional ha declarado nulo el procedimiento desde el momento en el que no se entregó el recurso del fiscal.

Mientras, estos ciudadanos vascos han permanecido en prisión y han padecido la dispersión en las cárceles españolas. -

BILBO