Ayer finalizó el plazo previsto por la Ley Antitabaco que en el Estado español entró en vigor a principios de este año para que los establecimientos de ocio con más de 100 m2 realizaran las obras para separar físicamente el espacio destinado a fumadores. Terminada la moratoria, hoy, debería ser el primer día del periodo de inspección y sanción en los casos en que sea necesario. Pero no hay nada claro. Porque a ocho meses de implantación de esa ley no sólo no se han aclarado las ambigüedades que contenía, sino que se han generado más dudas, a las que el propio Gobierno español ha contribuido al sugerir la posibilidad de que en un plazo sin determinar la prohibición de fumar en lugares públicos sea total. La mayoría de comunidades autónomas no han realizado decretos de adecuación porque echan de menos una mayor definición de la Ley, la mayoría de establecimientos hosteleros siguen sin adaptar sus locales y piden flexibilidad, no se sabe con claridad en manos de quién recae la responsabilidad de su aplicación, ni su alcance, ni cuál es el objetivo que en último término se persigue...

En esta ley, como en otras posteriores, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha mostrado un interés mayor en la búsqueda de lo políticamente correcto que en la eficacia de las medidas para poner freno al tabaquismo, aunque no fueran tan populares. Y de esa forma, como no podía ser menos, no ha contentado ni a unos ni a otros. No hay más que ver la unanimidad en la crítica a la ley y su desarrollo de voces tan dispares como las asociaciones de consumidores o contra el cáncer, las asociaciones de hosteleros y las propias instituciones autonómicas y locales a quienes desde Madrid se exige que tomen unas medidas que están muy lejos de definirse.

La ley del Estado español nació a la sombra de normas que se han venido aprobando en los últimos años en otros países. Ello hacía más entendible socialmente la necesidad de dotarse de una norma restrictiva de los espacios sin tabaco. Pero en este tiempo se han dado pasos atrás. La ley española es más restrictiva que otras muchas en los centros de trabajo (donde se impide incluso destinar un espacio para fumar), pero es ambigua en lo referido a espacios de ocio. Si hay un convencimiento de la necesidad y bondad de la adopción de medidas para limitar el consumo de tabaco, no se pueden echar balones fuera, ni a los hosteleros ni a las comunidades autónomas... Es imprescindible, para empezar, dar mayor claridad e incluso contundencia a la propia ley. -