Desde que a principio de año entrara en vigor la Ley Antitabaco, ésta no ha dejado indiferente a ninguno de los implicados. Mientras que algunas asociaciones aplauden la nueva ley, fumadores y hosteleros se muestran reacios ante la misma. Los primeros, por no poder fumar en algunos lugares. Los segundos, por la incertidumbre que está originando esta ley, que califican de «precipitada» e incluso «penosa». La fecha tope de hoy no ha hecho más que aflorar estos sentimientos y crispar el ambiente.

La nueva normativa obliga a los propietarios de bares, restaurantes y otros locales de ocio a elegir entre la opción de permitir o prohibir fumar en su establecimiento. En caso de que el propietario opte por permitirlo y tenga un establecimiento que se dedique a una actividad que ocupe una superficie superior a los 100 metros cuadrados, el propietario deberá habilitar una zona en el local para fumadores, debidamente señalizada. El plazo para establecer estas zonas compartimentadas concluye hoy, y muchos hosteleros no han efectuado las obras para separar los espacios de fumadores, al sentir «incertidumbre e inseguridad» por «la falta de clarificación» y ante «criterios confusos».

Evitar obras inutiles

Muchos hosteleros aseguran que la ley tiene «lagunas» y dicen que no se atreven a hacer obras por si en un futuro pudiera llegar una ley más estricta que prohibiera fumar en todos los locales de restauración y, por lo tanto, hiciera de las obras una reforma «inútil». Según afirman, en muchos casos estas obras «son muy complejas», porque separar físicamente un local significa el cambio de la estructura y también afecta a las salidas de emergencia y a los sistemas de prevención de riesgos.

La inseguridad que muestra el gremio hostelero tiene su origen en las palabras emitidas desde el Gobierno español al poco tiempo de que aprobara la ley. En aquel entonces, anunció que la normativa se endurecería y aseguró que no se permitiría fumar en ningún establecimiento. Pero tampoco las co- munidades autónomas se atreven a desarrollar la ley rigurosamente y exigir que se realicen esas obras que podrían ser «inútiles».

Por esta razón, el Gobierno de Lakua pidió el pasado martes al Gobierno español «mayor concreción y transparencia» para así evitar, «en la medida de lo posible, la realización de costosas obras y reformas que podrían resultar inútiles».

El Ejecutivo de Ibarretxe dijo que «comprende la incertidumbre» del sector hostelero vasco ante la postura del Ministerio español de Sanidad en torno a la prohibición de fumar en los citados establecimientos. Según el Gobierno de Lakua, las declaraciones realizadas por la ministra española de Sanidad, Elena Salgado, han generado inquietud. Según Salgado, el Gobierno español prevé en un plazo no determinado de tiempo la prohibición total de fumar en cualquier establecimiento, «sea cual sea su superficie y haya o no habilitado zonas para personas fumadoras».

A su vez, Lakua señaló que las tareas de inspección recaen en todos los poderes públicos de acuerdo a sus competencias y, por lo tanto, la imposición de las sanciones por las infracciones relacionadas con el consumo de tabaco está en manos de los ayuntamientos correspondientes.

De la misma manera, el Gobierno de Gasteiz afirma que, en lo que respecta al incumplimiento de lo previsto en materia de información, publicidad y promoción del tabaco, el órgano competente para imponer la sanción será la Dirección de Drogodependencias del Gobierno de Lakua.

El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Ejecutivo Ibarretxe, Javier Madrazo, reafirmó ayer todas estas declaraciones y añadió que «aquí lo importante es conjugar los derechos de los fumadores con los de los no fumadores», buscando así «un punto de encuentro y de entendimiento para que no salgan dañados los derechos de ninguno de los dos colectivos».

El consejero advirtió de que el Gobierno de Lakua «no está obligado a realizar actuaciones de desarrollo de la ley», pero adelantó que las realizará tras llegar a un consenso con los departamentos competentes del Gobierno de Gas- teiz, Eudel y las asociaciones de hosteleros. Puntualizó, a su vez, que «trabajaremos por hacer compatible el cumplimiento de la ley con la respuesta a las reivindicaciones razonables de los hosteleros».

«Resistencia excesiva»

Mientras que los hosteleros solicitan «mayor flexibilidad», el Comité Español para la Prevención del Tabaquismo denuncia la «resistencia excesiva y muy desproporcionada» de los hosteleros para separar las zonas de fumadores y no fumadores. Rodrigo Córdoba, presidente de este comité, califica de «insumisión» la postura adoptada por aquellos hosteleros que todavía no han acometido la reforma que obliga la ley. Además, critica el número de inspecciones que se han realizado en los primeros meses del año en locales, y las calificó de «ridículas» si se compara con las inspecciones llevadas a cabo en Irlanda durante el primer año de vigencia de la ley.

De la misma manera, la Unión de Consumidores del Estado español exige al Ministerio de Sanidad y Consumo que «no ceda a la presión y al chantaje de hosteleros y ciertos gobiernos autónomos que están tratando de devaluar la aplicación de la Ley Antitabaco». Según declara la asociación, «el hecho de que los establecimientos no hayan dado ni un solo paso para cumplir la ley se debe a una premeditación clara para presionar a las distintas comunidades autónomas para que se cumpla a nivel autonómico lo que no se ha conseguido a nivel estatal».

La Asociación Española Contra el Cáncer declara también que «el periodo de 8 meses es suficiente para adaptarse a la ley del tabaco», y que «los establecimientos de más de 100 metros cuadrados que no hayan habilitado la separación que la ley establece deberán declararse a partir del viernes espacios libres de humo». -