GASTEIZ

La gestión de las cárceles por parte de Lakua está contemplada en el Estatuto de Gernika. «Reclamamos algo que es nuestro y que reiteradamente se nos niega sin ningún tipo de justificación razonable desde hace 26 años», indicó Miren Azkarate.

La portavoz del Gobierno Ibarretxe aseguró que, en la actual situación política, esta transferencia «sería una pieza esencial para el proceso de pacificación y normalización». En este sentido, argumentó esta demanda señalando que «queremos empujar el camino de la paz a través del desarrollo de una política penitenciaria consensuada, dinámica, flexible y respetuosa con los derechos humanos».

Al respecto, cabe señalar que la transferencia de prisiones tendría actualmente escasa repercusión en las condiciones de vida de los presos políticos vascos, puesto que sólo doce están encarcelados en Basauri, Langraiz o Martutene. Además, el Estado español seguiría teniendo en sus manos la decisión sobre en qué prisión se cumplen las condenas y todas las cuestiones referentes a la libertad condicional y a las progresiones de grado, a través del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, con sede en la Audiencia Nacional. Al menos, así sucede en Catalunya, donde la Generalitat gestiona las prisiones desde 1984.

Por su parte, el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, subrayó que las negativas para traspasar estas competencias se han basado siempre en «valoraciones de carácter político». En este sentido, consideró que «es difícilmente entendible que el desarrollo de una ley como es el Estatuto esté al albur de los intereses de los políticos de un Gobierno». Azkarraga aseguró que Lakua «no asumirá parcheos» y que reclama «la competencia total de prisiones» porque está «absolutamente preparado para desarrollar una política penitenciaria de corte más humanista que la que tenemos en este momento».