Tres a�os y medio despu�s de la sentencia con la que ilegalizaba Batasuna y abr�a el proceso para su liquidaci�n patrimonial, el Tribunal Supremo espa�ol orden� ayer inventariar los locales y enseres de las herriko taberna. Hab�a varias formas de cumplir el auto judicial y la Guardia Civil que dirige el Ministerio de Alfredo P�rez Rubalcaba opt� por hacer un alarde de su presencia armada en Euskal Herria, cerrando calles, cacheando personas, requisando material como ordenadores y agendas y apost�ndose con sus fusiles en los portales de las zonas ocupadas. Por tanto, a la hora de analizar este nuevo movimiento en el complejo tablero que constituye el proceso de paz y normalizaci�n, no s�lo hay que observar el dictado del alto tribunal, sino tambi�n los modos utilizados en su ejecuci�n. Y, en este caso, fondo y forma son ambos preocupantes.

El pasado 12 de octubre el presidente del Gobierno espa�ol, Jos� Luis Rodr�guez Zapatero, aprovech� una conversaci�n informal con periodistas durante la recepci�n real para colocar en la cabecera de todos los informativos de esa jornada y en las primeras p�ginas de los peri�dicos del d�a siguiente la idea de que si Batasuna se registraba con un nuevo nombre y nuevos estatutos no tendr�a problemas en el futuro. La llamada Sala del 61 del Tribunal Supremo demostr� ayer que dicha garant�a no existe, pues lo mismo que hoy ordena la entrada en sedes y locales, ma�ana puede decidir que una nueva formaci�n constituye continuaci�n de las ilegalizadas. No cabe olvidar que la Ley de Partidos (Art 12.3) concede esta potestad expresa �a la Sala sentenciadora�. Las declaraciones, aunque sean las de un presidente del Gobierno, se las lleva el viento si no se convierten en actos positivos con traducci�n pr�ctica.

Habr� quien entienda la decisi�n del Supremo como un acto de sabotaje de los sectores m�s intransigentes de la judicatura, alineados con el PP, contra el proceso e incluso contra el propio Gobierno espa�ol. Puede que sea as�. Pero incluso en el caso de que esa hip�tesis fuera la cierta, no es la parte vasca quien tiene ni los instrumentos ni la responsabilidad de corregir las actuaciones saboteadoras de los aparatos del Estado. Quien tiene la obligaci�n de eliminar esos obst�culos es el Ejecutivo de Zapatero. Y por mucha intencionalidad que el PSOE y la Moncloa pongan en sus filtraciones, lo que se ve es que la Guardia Civil entra en locales, la Fiscal�a solicita la citaci�n de mahaikides por manifestaciones por la autodeterminaci�n, se incrementan las condenas a perpetuidad y sigue sin ponerse en marcha la mesa de partidos. Con nuevas agresiones, sin garant�as ni avances democr�ticos, �hacia d�nde llevan el proceso? -