Tres años y medio después de la sentencia con la que ilegalizaba Batasuna y abría el proceso para su liquidación patrimonial, el Tribunal Supremo español ordenó ayer inventariar los locales y enseres de las herriko taberna. Había varias formas de cumplir el auto judicial y la Guardia Civil que dirige el Ministerio de Alfredo Pérez Rubalcaba optó por hacer un alarde de su presencia armada en Euskal Herria, cerrando calles, cacheando personas, requisando material como ordenadores y agendas y apostándose con sus fusiles en los portales de las zonas ocupadas. Por tanto, a la hora de analizar este nuevo movimiento en el complejo tablero que constituye el proceso de paz y normalización, no sólo hay que observar el dictado del alto tribunal, sino también los modos utilizados en su ejecución. Y, en este caso, fondo y forma son ambos preocupantes.

El pasado 12 de octubre el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechó una conversación informal con periodistas durante la recepción real para colocar en la cabecera de todos los informativos de esa jornada y en las primeras páginas de los periódicos del día siguiente la idea de que si Batasuna se registraba con un nuevo nombre y nuevos estatutos no tendría problemas en el futuro. La llamada Sala del 61 del Tribunal Supremo demostró ayer que dicha garantía no existe, pues lo mismo que hoy ordena la entrada en sedes y locales, mañana puede decidir que una nueva formación constituye continuación de las ilegalizadas. No cabe olvidar que la Ley de Partidos (Art 12.3) concede esta potestad expresa «a la Sala sentenciadora». Las declaraciones, aunque sean las de un presidente del Gobierno, se las lleva el viento si no se convierten en actos positivos con traducción práctica.

Habrá quien entienda la decisión del Supremo como un acto de sabotaje de los sectores más intransigentes de la judicatura, alineados con el PP, contra el proceso e incluso contra el propio Gobierno español. Puede que sea así. Pero incluso en el caso de que esa hipótesis fuera la cierta, no es la parte vasca quien tiene ni los instrumentos ni la responsabilidad de corregir las actuaciones saboteadoras de los aparatos del Estado. Quien tiene la obligación de eliminar esos obstáculos es el Ejecutivo de Zapatero. Y por mucha intencionalidad que el PSOE y la Moncloa pongan en sus filtraciones, lo que se ve es que la Guardia Civil entra en locales, la Fiscalía solicita la citación de mahaikides por manifestaciones por la autodeterminación, se incrementan las condenas a perpetuidad y sigue sin ponerse en marcha la mesa de partidos. Con nuevas agresiones, sin garantías ni avances democráticos, ¿hacia dónde llevan el proceso? -