Según documentos oficiales recién desclasificados, a cualquiera que es culpable de emitir «expresiones de opinión irresponsables» se le puede negar permiso para ingresar a EEUU, según la interpretación oficial del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Interna de la Ley Patriota, reportó la revista The New Yorker.

Bajo esta visión del mundo, según informó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Estados Unidos ha negado, demorado o revocado las visas a un grupo de 75 granjeros y sindicalistas de Corea del Sur opuestos a un acuerdo de libre comercio, un académico marxista griego, un músico de hip hop de Sri Lanka (cuyas canciones provocaron sospecha de su simpatía con los Tigres Tamil y la OLP), un profesor boliviano de historia latinoamericana, el historiador vasco Iñaki Egaña, la ex funcionaria sandinista Dora Maria Téllez (invitada por Harvard) y el profesor Tariq Ramadan, de origen suizo-egipcio, entre otros.

A Ramadan le ofrecieron una plaza de profesor en la prestigiosa universidad católica de Notre Dame, hizo todos los preparativos y cuando tenía lista la mudanza le informaron de que no le sería permitido ingresar a Estados Unidos porque le fue revocada su visa. El pretexto fue que contribuyó con unos 700 dólares a una organización caritativa de apoyo palestino en Francia que después fue vinculada a Hamas. Sin embargo, él contribuyó a esa organización en el año 2000, antes de que Hamas fuera calificada de «organización terrorista». El ciudadano suizo, que ahora está en la Universidad de Oxford, presentó una demanda legal contra el gobierno estadounidense para obligarlo a retirar la acusación de que él apoyó el «terrorismo». Washington retiró los cargos en setiembre pero confirmó que la prohibición contra el ingreso de Ramadan continúa vigente por su aportación a la organización caritativa.

«Esta es una exclusión ideológica. Es la única manera que pueden justificar su decisión después de dos años de investigación», declaró el profesor al “The New York Times” a finales de setiembre.

Esta «censura en las fronteras» como lo define la ACLU ­la organización nacional de defensa de libertades constitucionales más importante del país­ tiene una larga historia aquí, y señala que hay figuras de perfil mundial que han sido sujetas al uso de leyes migratorias para evitar su presencia en este país. Desde los tiempos de la guerra fría hasta ahora, estuvieron en esa lista en algún momento Yves Montand, Graham Greene, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Darío Fo, Nelson Mandela, Hortensia Bussi de Allende, Ernest Mandel y más recientemente, en 2004, unos 61 académicos cubanos, entre cientos, tal vez miles, más.

Pero la prohibición de opiniones «no deseables» es aún más antigua en este país, empezando en la era de la Primera Guerra Mundial contra anarquistas, sindicalistas y poco después comunistas (de hecho, una ley de 1918 se llamaba la Ley Anarquista). Todo esto se intensificó durante la era del macartismo en los años 50 y ahora, bajo la Ley Patriota, se han excluido a miles que son sospechosos y/o acusados de apoyar de alguna manera a «organizaciones terroristas» en los términos más ambiguos.

No sólo los extranjeros están bajo sospecha. Hay estadounidenses con ideas y opiniones que ahora, bajo este clima, son considerados como una amenaza y en consecuencia deben estar bajo vigilancia, incluidos sectores tan peligrosos como los cuáqueros y los estudiantes.

Documentos oficiales que el gobierno fue obligado a presentar a la ACLU hace una semana por una demanda legal, revelan que el Pentágono espió a estadunidenses opuestos a la guerra en Irak, incluida la organización cuákera Ameritan Friendo Servicie Comité (AFSC), que por su origen está regida por principios de no violencia. Esto confirma que el Pentágono estaba espiando y elaborando secretamente un banco de datos sobre las actividades de protesta, agrupaciones antiguerra y más, información que fue compartida con otras agencias federales a través del programa conocido como TALON. Entre los documentos hay informes sobre manifestaciones pacíficas, vigilias y más, incluso una manifestación antiguerra en Akron, Ohio, bajo la consigna de «alto a la guerra ahora» que fue considerada por las agencias gubernamentales como una «actividad terrorista potencial».

«Nuestro Gobierno está gobernado por el imperio de la ley, no la política de histeria y temor», afirmó Joyce Miller, secretaria general asistente de la AFSC, al enterarse de los documentos. «Espiar a ciudadanos sólo por ejercer sus derechos constitucionales de libre expresión y asamblea pacífica es escalofriante y marca una tendencia preocupante», dijo. -

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