La campaña electoral cara a las elecciones al parlamento de Cataluña previstas para el próximo día 1 de noviembre se caracteriza por la falta de debate sobre los retos de futuro del país (inmigración, cohesión social, normalización lingüística, derecho a decidir), como si con la aprobación del nuevo estatuto (del cual casi nadie habla) fuera suficiente garantía para afrontarlos. Hace pocos meses los partidos que aprobaron el nuevo texto autonómico lo presentaban como un renovado pacto entre Cataluña y España que había de durar como mínimo una generación. De momento las «comunidades» vecinas, tanto las gobernadas por el PP (Valencia y Baleares), como la gobernada por el PSOE (Aragón) han presentado recurso ante el Tribunal Constitucional contra diversas disposiciones del Estatuto catalán. Nadie se plantea en esta campaña cómo piensa reaccionar ante una sentencia del Alto tribunal español estimativa, aunque sólo sea en parte, de los argumentos del PP y demás compañeros de viaje.

Los debates se centran en las alianzas de gobierno (socio-convergencia, nuevo tripartito o pacto nacionalista CiU-ERC) y en quién será el futuro presidente de la Generalitat. Más allá de estas cuestiones, cruciales a corto plazo, se detectan algunos movimientos de fondo en el mapa político catalán. Así, entre los defensores del orden social y económico que se deriva del poder estatal español, se aprecia un hilo argumental común consistente en presentar los problemas de la «Catalunya social» como ajenos e incluso antagónicos respecto de las reivindicaciones nacionales catalanas. En ello insisten, con diversos grados de intensidad, tanto los Ciutadans (auspiciados por la brunete mediática y con posibilidad de obtener representación), como PP, PSC y ICV. Para estas formaciones, que coinciden en la defensa de la unidad del Estado, no existen los derechos colectivos de carácter nacional, son una construcción abstracta de los «nacionalistas». Estos sectores estatalistas admiten un cierto grado de catalanismo en su ideario ( algo así como un particularismo compatible con la españolidad) contraponiendolo al nacionalismo (catalán) al que se tilda de excluyente por esencia. En esta construcción ideológica, más allá de los individuos sólo está el Estado (español, por supuesto) que es neutral y dispensa trato igualitario a todos los ciudadanos. Desde los medios de comunicación provinciales con sede en Barcelona los opinadores toman partido decididamente a favor de estos planteamientos y banalizan (a base de cosmopolitismo displicente) contra las identidades colectivas concretas, la catalana en primer lugar, en un intento de deslegitimar las potencialidades del factor nacional como aglutinante de un nuevo consenso social.

Tras el tortuoso debate estatutario ERC ha retomado en esta campaña el discurso de la construcción nacional, de la necesidad de integración en una nueva catalanidad de la emigración llegada a Cataluña en los últimos años, de los derechos (y deberes) económicos, políticos y culturales de una sociedad en plena transformación como la catalana. La reorientación de ERC le va a permitir, previsiblemente, mantener su espacio electoral (a pesar de la hostilidad mediática durante toda la campaña) y volver a tener la posibilidad de ser decisiva a la hora de decidir el nuevo gobierno. Puede ser muy bien que esto no ocurra y que el PSOE imponga su criterio al PSC en el sentido de dejar gobernar al más votado (todas las previsiones coinciden en señalar a CiU), que pugna por recuperar el poder a toda costa y volver a ocupar el papel de socio necesario del gobernante español de turno. Si esto acaba sucediendo, en el caso de que la diferencia de diputados entre CiU y PSC sea notoria, (el desgaste por el abrupto final del tripartito y la retirada forzosa de Maragall lo acusará el PSC más que sus socios) los socialistas catalanes entrarían en una fase de declive.

Ciertamente, aun estando en la oposición, Convergencia se ha consolidado como formación de centro-derecha, dejando al PP en el reducto del nacionalista español más beligerante, en cambio en el terreno de la izquierda es donde se pueden producir movimientos en los próximos años: ERC aspira a disputar el liderazgo de este espacio a los socialistas (ICV es un partido satelizado en torno al PSC y no aspira a liderar un proyecto con voluntad mayoritaria) incluso en el caso de que sean socios de gobierno. Los resultados del día 1 de noviembre pueden dar una orientación en este sentido. La posibilidad de un pacto CiU-ERC se puede dar en un futuro, si ambas fuerzas son hegemónicas en sus respectivos espacios políticos, en detrimento de los partidos de obediencia española y existe la perspectiva de un cambio de relación con el Estado, pero difícilmente se reflejará en el nuevo gobierno que estará centrado en la gestión del actual marco estatutario. -