El 5 de octubre se aprobó en el Congreso español el Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Todavía debe seguir la tramitación parlamentaria, pero el amplio consenso existente posibilitará su pronta aprobación definitiva.

Con esta ley pretenden establecer una atención para las personas que no se valen por sí mismas, en todo el Estado.

Se habla de establecer el 4º pilar del estado de bienestar, asimilando la atención a las personas dependientes a la sanidad, educación...

La implantación de esta ley se producirá de forma gradual desde su entrada en vigor en 2007, dando atención a 201.000 personas hasta, en 2015, llegar a un total de 1.373.000 personas.

En el momento actual se estima en más de 1.000.000 las personas necesitadas de estos servicios.

Desde el discurso de la ley se reconoce que actualmente el 80% de las personas que se dedican al cuidado son mujeres de entre 45 y 69 años.

El presupuesto destinado a este servicio será costeado a partes iguales por los Presupuestos Generales del Estado y por los de las comunidades autónomas, ascendiendo a 375 euros por beneficiario.

El resto del coste será pagado por el usuario, estimando que el porcentaje medio a abonar será del 30% del total, dependiendo de las rentas y el patrimonio.

Esta ley llega en un momento en el que se plantean como problemas cada vez más evidentes el envejecimiento de la población (con las consiguientes necesidades que ello está generando) y la situación de muchísimas mujeres que, a lo largo de los años, llevamos asumiendo en silencio el trabajo derivado de la atención y las consecuencias que conlleva; en muchos casos, tener que renunciar al desarrollo profesional, laboral o social. Es decir, a una parte importante de nuestra vida.

Nos parece importante que desde los diferentes gobiernos se empiece a hablar de esta problemática, que a todas luces va a ir creciendo a medida que aumente la esperanza de vida. Pero nos parece que, en los términos en los que se está planteando, se queda corta, además de vulnerar las competencias de las comunidades autónomas.

Esta ley no garantiza la atención a toda la población, dejando fuera a los y las menores de tres años que no sufran gran discapacidad, al colectivo de inmigrantes (al que se exige como requisito la residencia durante cinco años) y a las personas que carezcan de nacionalidad española (que se regirán por las leyes de extranjería).

No ampara todas las situaciones de dependencia, ya que sólo recoge las dependencias de carácter permanente, dejando fuera situaciones de la vida que, por diversos accidentes y enfermedades, coloca a las personas en situación de dependencia por un tiempo determinado de su vida.

Pone en entredicho el carácter público cuando se habla de copago, seguros privados, etc.

En este momento, junto a otros sindicatos y colectivos feministas, estamos participando en la campaña de recogida de firmas que está llevando a cabo la Plataforma por un Sistema Público Vasco de Atención a la Dependencia.

A lo largo de todo el mes de octubre y hasta el 15 de noviembre, en los pueblos y ciudades de Euskal Herria, así como en las empresas, se están recogiendo firmas para exigir una ley vasca que garantice la creación de servicios de carácter público y universal, en lugar de otras medidas que fomenten el subempleo y desvíen fondos públicos a manos privadas, generando empleo en condiciones laborales dignas.

Así mismo, exigimos que valore, a efectos de titulación profesional, la trayectoria de quienes han dedicado parte de su vida a la tarea de cuidados y se pide que se fomenten medidas en los ámbitos laboral, cultural, social y, especialmente, educativo que hagan visible y valorado el trabajo de la atención a los demás. -