«Me detuvieron el 13 de junio de 1979 y me tuvieron en la comisaría de Indautxu de Bilbo durante nueve días», rememora. De allí fue llevado ante un magistrado en los Juzgados de Bilbo, ya que entonces no se era trasladado a la Audiencia Nacional. «Tuve la suerte de que le tocó de guardia al juez Belloch, que luego fue ministro. Y digo suerte porque entonces Belloch era demócrata, aunque luego cambió. Cuando vió que tenía la cabeza hinchada, heridas en las piernas, que no podía moverme... llamó al forense y le dijo que me hiciera una inspección».

Onaindia es médico y se dio la circunstancia de que el forense había sido profesor suyo en la universidad. «El doctor Pinto me hizo un examen de arriba a abajo, desde los cabellos hasta las puntas de los pies. Las huellas de la tortura eran muy evidentes», subraya. Con los resultados del análisis, el juez abrió diligencias.

«Fueron muy penosas. Mi abogado era Txema Montero y se rieron de nosotros, los policías nos hacían pasillo en el juzgado diciendo ‘cabrón’, ‘voy a ir a por ti’... Los denunciantes éramos los que pasábamos miedo», asegura. La querella continuó y cuatro años después fueron condenados tres agentes. «Fue la primera condena por torturas desde la República». El castigo fue «diez años de inhabilitación, el pago de 80.000 pesetas y algo más que no recuerdo. No se cumplió ninguna de las tres cosas. Pero mereció la pena».

Juan Jose Larrinaga
Zornotza (1980)

Larrinaga recuerda que fue detenido «por agentes de la Guardia Civil del cuartel de La Salve el 20 de noviembre de 1980. Estuve veinte años en la cárcel. Pusimos una denuncia y el juicio se celebró 21 años después de la detención. Los agentes fueron condenados, pero luego hemos visto como han sido ascendidos».

Respecto a la iniciativa impulsada por Torturaren Aurkako Taldea, apunta que «me parece muy bien. A ver si se anima la gente y hacemos algo. Aunque sea para decir que estamos aquí y que hay que seguir adelante». No obstante, considera que «es muy difícil» acabar con la impunidad. «Siempre habrá torturas, porque siempre habrá policías, y estos la utilizarán para obtener cosas», sentencia.

Karmele Fernandez Garaialde
Iruñea (1988)

«Fui detenida el 21 de noviembre de 1988», señala. Tras permanecer tres días incomunicada en dependencias de la Policía española, fue llevada ante el juez de la Audiencia NacionalBaltasar Garzón.

«Denuncié ante él haber sido torturada y me mandó a prisión. Tras nueve meses en la cárcel, conociendo la dispersión, salí absuelta de todo cargo». En cuanto a su denuncia ante el magistrado, indica que no ha sabido «absolutamente nada» en estos dieciocho años. En cuanto a la idea de celebrar una Asamblea de Víctimas de la Tortura, estima que «es buena y necesaria».

«Si hacemos un análisis histórico, cerraron el tema de la tortura sin un reconocimiento de que en los tiempos de Franco se torturaba. En ese momento se hizo una transición en la que el pueblo vasco no pudo decidir nada y seguimos siendo torturados. En este momento actual, en el que se supone que hay un proceso, para algunos de paz y para otros de resolución del conflicto, creo que es necesario porque tenemos algo que decir para que no vuelva a existir más tortura y se depure a los que han torturado y a los poderes políticos. La tortura la superaremos en el momento en el que no tengamos miedo a volver a ser detenidos, cuando se erradique en todas sus vertientes», concluye.

Juan Antonio Cortes
Gasteiz (2002)

«La Guardia Civil me detuvo junto a mi compañera en enero 2002. Estuvimos incomunicados cinco días, con sus cinco noches. Golpes, bolsa, electrodos... y sobre todo juegan mucho con el tema de que han detenido a tu compañera y con eso meten bastante presión», denuncia. El arresto tuvo lugar después de que hallaran en su vehículo un localizador de posición. «Habíamos quedado con el abogado para poner una denuncia al día siguiente, pero a las cinco de la madrugada teníamos a la Guardia Civil en casa».

Permanecieron encarcelados tres semanas en Soto del Real. El juicio será el próximo diciembre, tras casi cinco años de incertidumbre y comparecencias semanales en un juzgado para firmar. Sus denuncias de torturas fueron resueltas «con un carpetazo, como la gran mayoría».