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Gara > Idatzia > Jendartea 2006-10-30
La interrupción del embarazo, un derecho con distinta aplicación dentro de la UE
«Portugal dejará de ser el reducto más retrógrado de Europa». Así lo anunciaba la diputada Helena Pinto, del Bloque de Izquierda, después de que el Parlamento aprobase la celebración de un referéndum para despenalizar el aborto. Dentro de la UE, Irlanda es aún más retrógrada, y Nafarroa, un caso excepcional.

El referéndum para despenalizar el aborto en Portugal se celebrará probablemente en enero o febrero del próximo año. La pregunta que será sometida a consulta es la siguiente: «¿Concuerda con la despenalización de la interrupción voluntaria de la gravidez, si la misma es realizada por opción de la mujer, en las primeras 10 semanas y en establecimiento de salud legalmente autorizado?». Si la mayoría de la población de Portugal responde que sí, este país habrá conseguido salir de la escueta lista de estados con leyes muy restrictivas en la materia.

Junto con Irlanda, Portugal es el único país de la UE que mantiene una rígida legislación sobre el aborto. En ambos casos sólo se autoriza la interrupción del embarazo ante una emergencia para salvar la vida de la mujer. En Portugal se admite también el caso de eventual malformación del feto o cuando el embarazo es producto de una violación, pero siempre sólo antes de que pasen las 12 semanas de gestación. Sin embargo, Portugal es el único país de la UE en el que las mujeres que deciden abortar son condenadas a penas de hasta tres años de prisión, con la consiguiente humillación pública cuando la sentencia es leída en los tribunales.

La población portuguesa tendrán ahora la posibilidad de cambiar esta situación, aunque en el referéndum previsto para principios de 2007 planeará la sombra del celebrado en 1998, cuando una propuesta para flexibilizar la legislación se encontró con el rechazo mayoritario de los votantes.

En 2004 decidieron interrumpir su embarazo unas 40.000 mujeres portuguesas, muchas de las cuales siguen cruzando cada año la frontera hacia el Estado español para poder abortar. Esta situación podría acabar si es aprobado el referéndum convocado por el Parlamento, aunque en medios progresistas existe el temor de que la inmensa mayoría de los médicos se nieguen a realizar abortos incluso en los casos permitidos por la ley, alegando objeción de conciencia.

La situación es muy diferente en otros países de la UE. Así, en el Estado francés la ley de julio de 2004 autoriza el aborto hasta las 12 semanas de embarazo. El Código de Sanidad Pública permite abortar a las mujeres, sean menores o no. Ellas son las únicas que puede decidir, y no está permitido practicar el aborto a una mujer que no lo desee. La única excepción es el aborto médico, que se realiza en el caso de que la vida de la mujer corra peligro o el feto sufra una afección incurable. En este caso la mujer pierde su potestad discrecional, y se puede practicar hasta el momento del parto.

Situacion en Euskal Herria

En Ipar Euskal Herria los abortos se practican en el Centro Hospitalario de Baiona y en la Clínica Lafourcade. El aborto mediante medicamentos cuesta entre 257 y 190 euros, dependiendo de si se practica en el hospital o en una consulta. El aborto mediante cirugía cuesta entre 190 y 275 euros, en función del periodo de hospitalización, y la Seguridad Social paga el 80% de los gastos de la intervención. Las menores y las mujeres que no disponen de cobertura médica pueden tener asistencia gratuita.

En Ipar Euskal Herria existen dos Centros de Planificación y Educación Familiar, uno en Donibane Lohizune y otro en el Centro Hospitalario de Baiona. Isabelle Carré, consejera de este último centro, explica que, cuando reciben consultas telefónicas, proponen siempre una entrevista personal para explicar el procedimiento, y también se propone una reflexión sobre los métodos anticonceptivos. En el caso de las menores, esta visita es obligatoria. La mayoría de las mujeres aceptan la entrevista, durante la cual «no se juzga ni se condena a la mujer, sólo se trata de acompañarla en el proceso», aclara Carré.

En el Estado español la ley permite un «escape» al que recurren muchas mujeres, y es la interrupción del embarazo en caso de que exista «un grave riesgo mental o físico para la salud, hasta las 22 semanas de gestación». En el año 2004 hubo 80.000 abortos legales declarados, si bien la cifra real se estima en 150.000. Ello es debido a que muchas mujeres optan por acudir a clínicas de pago para mantener su privadidad.

Mas de 7.000 abortos

En lo que se refiere a Euskal Herria, se estima que cada año se realizan más de 7.000 abortos. Según datos del Ministerio español de Sanidad correspondientes a 2004, ese año se realizaron 1.997 interrupciones de embarazo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y otras 639 en Nafarroa, a las que habría que añadir las 800 de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa. Sin embargo, las asociaciones de profesionales estiman que el número real de abortos suele ser el doble del oficial.

Nafarroa es un caso peculiar. En este herrialde la ley del aborto aprobada hace veinte años por el Congreso español carece en la práctica de aplicación, ya que el Gobierno navarro se niega a disponer de los medios necesarios para que las mujeres navarras puedan interrumpir su embarazo dentro de los tres supuestos contemplados por la ley.

Según cálculos realizados a través de las demandas que llegan a los Centros de Atención a la Mujer, cada año unas 1.500 mujeres deciden interrumpir su embarazo. Sin embargo, no pueden abortar en este herrialde, ni en clínicas públicas ni privadas. Las mujeres que lo exigen, son enviadas por el Servicio Navarro de Salud a clínicas de otras comunidades. -

IRUÑEA-BAIONA



Varía entre las 12 y 24 semanas de embarazo

La situación en Portugal o Irlanda, en cuanto al aborto, contrasta con la de otros países de la Unión Europea. Antes del ingreso de los diez nuevos miembros, en mayo de 2004, los países más liberales eran Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Italia, Suecia y el Estado francés. En todos ellos se permite el aborto en la etapa llamada de embarazo precoz, que varía entre las 12 y las 24 semanas. En Finlandia y Luxemburgo los plazos son los mismos, pero es necesario invocar razones de violación, socioeconómicas o sociomédicas.


 
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