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Gara > Idatzia > Iritzia > Editoriala 2006-11-09
La judicatura y el problema de fondo

La Audiencia Nacional española ha impuesto una condena de doce años y medio de prisión al donostiarra Iñaki de Juana Chaos. El tribunal especial castiga, de este modo, las que denomina «amenazas veladas» del preso vasco hacia personas citadas en dos artículos de prensa. Una lectura reposada de los dos textos, publicados en diciembre de 2004 en GARA, permite comprobar que el autor denuncia su situación, al tiempo que relata vivencias de su largo periplo carcelario, endosando responsabilidades a personas que ocupaban entonces altos cargos políticos, judiciales o administrativos, lo que en cualquier Estado de Derecho se consideraría un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. ¿No se regula como derecho universal la libertad de expresión para proteger a quienes la ejercen de las represalias que les podría acarrear la denuncia de circunstancias que cuestionan, como en este caso, a los estamentos de poder?

La sentencia que condena a Iñaki de Juana no se sostiene, por ello, en fundamentos de derecho, sino que pone lenguaje jurídico a una voluntad política que, tanto en este caso como en el de la veintena de prisioneros vascos a los que se retiene actualmente en prisión mientras se les «fabrican nuevas causas», se concreta en aplicarles de forma encubierta una cadena perpetua. De manera añadida, con la sentencia conocida ayer se pone de manifiesto que los jueces hacen, una vez más, abstracción del contexto y circunstancias en que actúan, lo que les lleva a adoptar decisiones a todas luces extemporáneas. No cabe invocar la independencia judicial cuando el resultado es siempre el mismo: dictámenes de consecuencias inquietantes ­la primera, en este caso, ha sido la decisión del preso de retomar la huelga de hambre­ y que provocan una profunda inquietud en la práctica totalidad de los agentes implicados en el proceso político vasco.

Se equivoca José Luis Rodríguez Zapatero al referirse a este caso como uno de esos factores que aparecen cada cierto tiempo y que dificultan pero no afectan a la «cuestión de fondo». Afecta y de lleno al fondo ­que no es otro que la voluntad y las garantías para hacer proceso­, que en siete meses su Gobierno no haya empleado su mayoría parlamentaria para desmontar el armazón legal que permite materializar esta cadena de agresiones, lo que añadido a la «inacción» de la que hace gala el jefe del Ejecutivo ha llevado al proceso al peligroso atolladero en que ahora mismo se encuentra. -


 
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