BILBO

La dualidad social se está extendiendo como una mancha de aceite a cada rincón de Euskal Herria, justo cuando se da la circunstancia de que hoy en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa trabaja el mayor número de personas, sin embargo los salarios que perciben no les llegan para llevar adelante una vida social normal. También hay más pensionistas y jubilados que nunca, pero en la mayoría de los casos no obtienen la suficiente renta económica para vivir dignamente. A estos colectivos hay que añadir los parados y los excluidos. La precariedad laboral y el acceso más restrictivo a las pensiones son dos de las causas que explican esta situación de desigualdad. De hecho, Elkartzen, plataforma para los derechos sociales de Euskal Herria, reconoce en un estudio reciente que cerca de 898.916 personas viven por debajo del umbral de la pobreza, que se establece siguiendo los criterios del organismo internacional OCDEen 804 euros al mes.

Todos estos datos confirman que sólo para unos pocos todo va absolutamente bien, mientras que la mayoría de los vascos se mueve en un entorno económico de dificultades para poder sobrevivir en esta sociedad desigual.

Cuando nos presentan los presupuestos anuales, las diferentes administraciones públicas hacen hincapié de forma sobresaliente en lo que destinan a gasto social. Es una manera de lavarse la cara frente a la realidad, puesto que, de nuevo, los datos juegan en contra de sus afirmaciones. El gasto en protección social en Euskal Herria está bastante alejado de la media europea; un 19%, frente al 28% de media de la Unión Europea, según constata la última publicación de la oficina estadística Eurostat con información del PIBde 2003. Euskal Herria está mejor que el Estado español, pero alejada de lo que ocurre en el Estado francés, que mantiene un gasto en protección social en relación a la riqueza que genera del 30,9%, como Dinamarca, y un poco por encima de Alemania, con un 30,2%. Suecia se encuentra a la cabeza en el destino de la protección social hacia sus habitantes con un peso del 33,5%. Sólo Irlanda, Lituania, Eslovaquia, Malta y Estonia se encuentran por debajo del 19% del gasto en protección social que mantiene Hego Euskal Herria, según esos datos.

De hecho, el “Boletín Documental sobre Inserción Social”, una publicación que depende del Gobierno de Lakua, reconoce, a la vista del reparto de los fondos de la protección social, que «es escasa e insuficiente».

Falta de voluntad

En muchas ocasiones, ambos gobiernos han aducido la falta de fondos económicos para atender la demanda social. Sin embargo, Elkartzen afirma que el aumento de los ingresos tributarios entre 1998 y 2005, por la buena marcha de la economía, se ha dedicado a reducir el déficit presupuestario de las instituciones públicas y a amortizar anticipadamente la deuda pública «en lugar de corregir el déficit social que mantenemos con la Unión Europea».

Así, en los proyectos de presupuestos para 2007 presentados hace tan sólo unos días se comprueba que en la partida de gastos fiscales, es decir, lo que dejarán de ingresar en las diferentes figuras tributarias, se encuentran 587,2 millones que no pagarán los empresarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, lo que supone un 25% de la recaudación prevista por el Impuesto de Sociedades. En Nafarroa, esa cantidad llega a 218 millones, un 15,11% y en el Estado español suman 7.478 millones, un 14,5% del total presupuestado. Entre los gobiernos de Lakua y el de Iruñea se perdona a los empresarios, en conjunto, 805,2 millones, aunque la suma de todo el gasto social es de 6.700 millones, donde se encuentran desgravaciones por IRPF en la compra de vivienda, por aportaciones a planes de pensiones y entidades de previsión social voluntaria, por el IVA, etc. Además los empresarios contarán con ayudas directas a la contratación laboral y, por otro lado, rebajas en las cotizaciones sociales.

Es por ello que llama la atención que se tenga un trato de favor ante los empresarios que son los que están obteniendo los beneficios económicos más altos de la historia. Sin embargo, ni Lakua ni Iruñea contemplan en sus presupuestos incrementos notables para las prestaciones sociales para quienes se encuentran sin recursos económicos.

Renta básica menor al SMI

La ayuda de la renta básica supone el 87% del salario mínimo interprofesional, porque el Gobierno Ibarretxe se resiste a equipararla a la cuantía de SMI. Según los datos oficiales, los perceptores de las ayudas esenciales para poder sobrevivir alcanzan los 65.000 hogares y la renta básica llegó a 31.700 personas.

El Gobierno de Sanz, por su parte, destinará, entre otras partidas, 6,4 millones de euros para equiparar las pensiones de viudedad al SMI, que se unirán a los 13,1 millones a pensiones no contributivas, entre otras partidas, pero que no suponen una intervención para terminar con la desigualdad. Ambos gobiernos apoyan más a los empresarios que a quienes se encuentran con dificultades graves para llevar una vida digna, como determinan, un año más los presupuestos. Los últimos datos que ha publicado Eurostat sobre el riesgo de pobreza en el conjunto de la UEdemuestran que un 16% de la población europea se encuentra en riesgo de pobreza, aún después de haber recibido las transferencias sociales.

Entre los datos destaca que en el conjunto del Estado español, el riesgo antes de otorgar las ayudas sociales se situó en un 25% de la población, sólo un punto por debajo de la media comunitaria, pero si se tienen en cuenta la transferencia social el riesgo alcanza al 20% de la población, es decir cuatro puntos por encima de la UE. Demuestra que existe un menor reparto de ayudas sociales respecto a otros países. En el Estado francés la tasa de pobreza está por debajo de la media europea. Según Elkartzen, la tasa de pobreza oficial en Euskal Herria se encuentra también en el nivel del Estado francés, es decir al 14% y por debajo del Estado español, pero «la realidad indica que estamos por encima de esa tasa».

Los niveles más elevados de tasa de pobreza se encuentran en Eslovaquia, Portugal e Irlanda, con el 21%; seguido del estado español y Grecia (20%); Italia, con 19%.