Ségolène Royal será la candidata con la que el Partido Socialista francés tratará de desbancar a la derecha del Elíseo. Lo primero a remarcar es la gran movilización de los militantes socialistas ­más del 80% han votado en estos comicios internos­ y el resultado incontestable obtenido por Royal (60,62%). Ambas circunstancias permiten al PS salir reforzado del proceso. Los medios de comunicación designaron primero a Royal como la única candidata posible, y la vitola de victoria que le han colocado ha seducido a una militancia socialista que, alicaída desde el varapalo sufrido por Jospin a cargo de Le Pen y Chirac, necesita creer de nuevo. Conseguido el primer objetivo, a Ségolène Royal le toca liderar ahora el proceso de unidad en un partido con demasiadas heridas y no pocas inercias del pasado. Las frases etéreas y los guiños populistas deben ceder paso a un programa electoral que conecte con la ciudadanía y permita al PS establecer las alianzas precisas para alcanzar la Presidencia. Royal apunta en sus propuestas hacia el centro-derecha, lo que la aleja de algunas familias del PS y todavía más de la izquierda plural. Sin embargo, en la carrera al Elíseo el variopinto «voto rojo» cuenta y mucho. -

No hay un estado de derechosino un estado de excepción
La Audiencia Nacional, a requerimiento de la asociación Dignidad y Justicia, y en contra del criterio de la Fiscalía, ha decidido prohibir la asamblea que Udalbiltza tenía previsto celebrar hoy en Beasain. Además, ordena a la Ertzaintza que impida la celebración de dicho acto. La consideración formal para dictar semejante prohibición es la suspensión de actividades de tres entidades relacionadas con la asociación de electos, decisión cautelar adoptada hace más de tres años y que todavía ni siquiera ha sido sometida a juicio. La razón cierta es la persecución de cualquier actividad política a la que se vincule la izquierda independentista, en un intento de estrangularla. Un Estado que impide una reunión de electos municipales que pretendía sentar las bases para intentar realizar un trabajo común con otros concejales y alcaldes difícilmente puede presentarse a sí mismo como una democracia. Las autoridades españolas suelen hacer constantes apelaciones al estado de derecho. Por ejemplo, y en relación a la situación de Euskal Herria, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmaba ayer «dentro de la Ley todo, nada fuera de la Ley». Un discurso para la galería. La cuestión, sin embargo, es que tal estado de derecho no existe y la Ley, así con mayúscula, es en este caso un conjunto de normas que conforman un estado de excepción para Euskal Herria, donde la actividad política de la izquierda abertzale está sometida a una constante persecución policial y judicial. -