El Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia es, sin duda, un mal proyecto. Lo es en términos de autogobierno del país y lo es en términos de progreso social. Hablemos claro: una ley que revienta la competencia exclusiva de la Generalitat, Gobierno Vasco e instituciones forales en servicios sociales, que condena a financiar estos servicios para personas dependientes en base a unos convenios a través de los cuales la Administración del Estado marca el modelo de atención que tenemos que gestionar en Euskadi y Catalunya y que, finalmente, permi- te que los niveles de participación de los beneficiarios en la financiación de los servicios (el copago) se decida a nivel del Estado, en ningún caso es una ley progresista. Sólo una izquierda acomplejada en su dimensión nacional e incompetente en la defensa del autogobierno puede apoyar este proyecto, impulsado por el PSOE y que ha recibido también el aplauso del PP.

El proyecto excluye de su protección a los colectivos más débiles (personas con discapacidad intelectual, personas con enfermedad mental, los enfermos de Alzheimer en el inicio de la enfermedad), no garantiza la libertad de elección de las personas sobre quién y cómo tiene que prestarle los servicios, considera el cuidado a cargo de familiares como «excepcional» y en materia de copago no garantiza a las rentas medias ni a todas las bajas, demasiados cambios respecto a la situación actual. Tal y como se configura este copago, que se decidirá a nivel estatal, buena parte de las familias medias y de familias de clase baja del país tendrán que rascarse el bolsillo para acceder a los servicios sociales. Los más pobres tendrán la protección del sistema y a los más ricos el mercado les continuará ofreciendo servicios de pago. Pero además, el hecho de que este copago se decida a nivel estatal hace que no se tenga en cuenta la diversidad socioeconómica de cada territorio ni los diferentes costes de los servicios. Los territorios con un nivel de renta más alto y costos más elevados de los servicios previsiblemente serán los más perjudicados con el copago establecido en el Estado.

Y es que parece mentira que a quienes les gusta reivindicar el catalanismo-vasquismo social o el catalanismo-vasquismo del bienes- tar no hayan entendido que la mejor garantía del progreso era justamente esforzarse para que desde Euskadi y Catalunya pudiésemos construir las políticas sociales que sociedades modernas y avanzadas como la catalana y la vasca necesitan. Si queremos más autogobierno, más soberanía o simplemente más autonomía, es porque estamos convencidos de que es una condición básica para la mejora de la sociedad en términos de justicia social. Si durante tres años hemos batallado por un nuevo Estatuto de Autonomía que blindaba las competencias exclusivas de Catalunya ante las intromisiones del legislador estatal, que poco a poco habían ido erosionando nuestra capacidad de legislar, es sencillamente estúpido que en la primera ley importante que se tramita en las Cortes Generales después de la aprobación del nuevo Estatut, para PSC, ERC e IC-V, el debate competencial sea un tema menor, que pase de puntillas, que no tenga impor- tancia. También se ha luchado desde Euskadi por el reconocimiento de unas competencias desarrolladas por nuestras instituciones forales al nivel de los países con estándares de protección más avanzados del mundo. ¿Para qué diablos queremos entonces, autonomía, autogobierno o soberanía?

Todo ello, mediante un uso falaz del falso dilema consistente en confrontar competencia con protección, ya que a mayor competencia autonómica, los ratios de protección son ma- yores en todas las políticas públicas. El tripartito, en la etapa de la consellera Simó, bendijo el proyecto de ley. Y posteriormente la consellera Figueres decidió que no había ningún problema en materia de competencias. Igualmente compleja es la situación provocada en Euskadi por una ley de estas características, que ha obligado al Gobierno Vasco a pro- nunciarse de forma rotunda en contra de un proyecto de ley que lamina las competencias en materia de asistencia social. Todo esto conociendo los claros y ro- tundos informes del Instituto de Estudios Autonómicos sobre la flagrante vulneración de competencias del proyecto de ley. Sencillamente lamentable el papel de las instituciones catalanas, alejadas de la firmeza de las diputaciones vascas, que son las que en Euzkadi gestionan los servicios sociales, son las que desde el primer día se han opuesto a las pretensiones del ministro Caldera.

La Ley de Dependencia es la LOAPA de los servicios sociales de Catalunya y Euskadi. Una ley que armoniza una de las pocas políticas que con el Estatut de 1979 habíamos conseguido preservar para parar la voracidad centralista del Gobierno central. -

(*) Carles Campuzano y Emilio Olabarria son ponentes de la Ley de Dependencia