Los irreductibles de la derechona fachonga no se rinden y no cejan en el empeño de dinamitar un proceso que, a tenor de lo que se lee por ahí, parece bastante pachucho por la gripe política.

Ayer el “Abc” del Grupo Vocento editorializaba sobre el caso para sentenciar que «la sensación general es de que no hay una verdadera tregua como preludio de la desaparición de la organización terrorista, sino un mero paréntesis estratégico para rearmarse, tantear la posibilidad de alcanzar sus objetivos tradicionales y sembrar la discordia entre los demócratas». Llevan con la misma cantinela desde el minuto uno del alto el fuego permanente.

Y, en busca de aliados para la operación, los del “Abc” tocan la puerta de los jueces:«En este contexto de confusión, se percibe cada día con mayor claridad el protagonismo principal de los tribunales de Justicia, protagonismo reforzado por las torpes declaraciones con las que el Gobierno y algunos dirigentes socialistas pretenden que sean los jueces los que legitimen el diálogo con los terroristas mediante la inaplicación de la legalidad vigente».

Por eso se duelen de que no todo el mundo les haga caso en el mundo de las togas y las puñetas:«ha resultado muy desconcertante el informe del Ministerio Fiscal a la Sala Especial del Tribunal Supremo, en el que la Fiscalía se opone a la liquidación del patrimonio de las ‘herriko tabernas’ como trámite de ejecución de la sentencia que disolvió a Batasuna». Desolación, pues.

Y dice el editorialista que «este cambio de criterio no es compatible con el principio de unidad de actuación que rige en la Fiscalía (...) Decir ahora que no está acreditado que entre las ‘herriko tabernas’ y el entramado batasuno haya relación patrimonial es un golpe no sólo al proceso instruido al amparo de la Ley de Partidos Políticos, sino también a las causas penales incoadas contra la red financiera de ETA y Batasuna». Ahí les duele.

Y para concluir asegura el escriba de “Abc” que «sea cual sea la influencia final del informe de la Fiscalía», lo cierto es que el Supremo y la Audiencia Nacional tienen en sus manos la culminación de un largo trabajo judicial contra ETA. Por eso es injusto y muy peligroso que esta responsabilidad judicial sea interpretada por el Gobierno y el PSOE como una encrucijada moral y política de los jueces». ¿De quién es, pues? - msoroa@gara.net