El Tribunal Administrativo de Nafarroa (TAN) acaba de anular el convenio que el Ayuntamiento de Burlata firmó con los propietarios del concesionario Lipauto y el promotor Miguel Istúriz, que tenía como objetivo principal permitir que, después del ataque de kale borroka que se registró en 1996, se construyera un nuevo establecimiento de venta de coches en otro punto del municipio. El solar atacado se destinó a nuevas viviendas.Diez años después, según denunciaron dos de los ediles de Batasuna en la anterior legislatura, Txelui Moreno y Maite Ezkurra, junto a Juan del Barrio, representante de los vecinos afectados en esta operación, no se ha construido un nuevo concesionario y el lugar que ocupaba el antiguo ha servido «para realizar un pelotazo urbanístico».
Inicialmente, estaba previsto que en el solar que ocupaba el antiguo Lipauto se construyeran unas 50 viviendas. Sin embargo, finalmente, se han construido 112. Para ello, según explicaron, el convenio firmado con el Ayuntamiento tuvo que incumplir el límite de alturas fijado para esa zona de Burlata planta baja y cuatro pisos para pasar a construir hasta planta baja y siete pisos de altura.
Junto a ello, según destacaron los ex ediles y el representante de los vecinos afectados, en la construcción de estas viviendas se han cometido irregularidades como irrumpir en la calzada de la Ronda de las Ventas o ubicar la salida de los garajes en medio de una plaza peatonal.
El convenio que acaba de ser anulado tras el recurso presentado por los ediles de Batasuna y los vecinos afectadostenía como objetivo recolocar a los trabajadores del concesionario de Renault atacado en 1996. Txelui Moreno recordó, en este sentido, que tras el sabotaje se «desató una enorme tormenta mediática, destacando que la kale borroka había dejado sin empleo a un grupo de honrados trabajadores y sus familias».
Diez años después, los trabajadores de Lipauto no tienen un nuevo centro en otra zona de Burlata. De hecho, la empresaUnsain, propietaria del concesionario, tiene proyectado un edificio de oficinas, garajes y actividad comercial destinada a la alimentación en un solar que, con el paso de los años, se ha revalorizado notablemente.
En este periodo de tiempo, algunos de quienes trabajaban en Lipauto se han jubilado y el resto se ha visto obligado a buscar otra ocupación.
Pararizar más el rizo, Maite Ezkurra recuerda que el concesionario atacado estaba fuera de ordenación, por lo que, necesariamente, tenía que cambiar de ubicación. Ocupaba un solar en la calle Mayor de Burlata que ya no podía ser destinado a actividad industrial, por lo que el traslado era obligado.
Uno de los motivos en los que el TANse ha basado para anular los dos convenios firmados por el Ayuntamiento de Burlata es que no ha existido una correcta peritación del valor de las viviendas construidas en el antiguo solar de Lipauto. En el primer convenio, firmado en 1997, se fijaba un valor de plusvalía de 100 millones de pesetas (601.012 euros) que se debían entregar al Ayuntamiento como pago del aprovechamiento urbanístico.
Ese convenio no se pudo llevar a ejecución y se firmó un segundo acuerdo en 2003. En ese plazo la plusvalía se duplicó, llegando a la cifra de 1.202.024 euros.
El TANreconoce que ninguna de estas valoraciones «ha sido sujeta a un procedimiento de tasación pericial por técnico competente. Es decir, se desconoce, por tanto, si la valoración es o no acorde a los valores del mercado».
Valoraciones sin peritajes
«Y se ignora también si la nueva valoración que se ‘realiza’ en el año 2003 el doble de lo acordado seis años antes es beneficiosa o no para los intereses municipales», añade. Es decir, que el TAN constata que el Ayuntamiento de Burlatafirmó, en dos ocasiones, un convenio urbanístico sin saber exactamente cuánto valía ese terreno y si lo que el constructor le entregaba era lo que le correspondía o no. No se sabe porque ningún perito valoró esa operación. Para más inri, finalmente se construyeron el doble de viviendas que las inicialmente previstas.
Moreno recuerda que estas operaciones fueron aprobadas por todos los grupos que formaban el Consistorio en 1997 y en 2003 UPN, PSN, Independientes-CDN e IUN excepto Batasuna, e incide en el clima de presión mediática que vivió Burlata en esas fechas.
En cualquier caso, el ex edil de Batasuna no exime de responsabilidad a sus compañeros de corporación y destaca que el actual Ayuntamiento tiene tres opciones.
«Pueden recurrir al Contencioso-Administrativo, pero esto no es más que un cierre en falso porque el asunto está claro y no van a hacer más que alargar el asunto y dejar la patata caliente para la siguiente legislatura. La segunda opción es permitir algo que no se debía haber hecho», explicó.
Moreno insta al Ayuntamiento a «cerrar bien el caso» y para ello exige que se realice una peritación adecuada de las plusvalías obtenidas y que el municipio ingrese el dinero que efectivamente le corresponda, ya que descartan que las 112 viviendas construidas se puedan demoler.
Juan del Barrio se queja además de que el Ayuntamiento de Burlatano ha tenido la más mínima consideración con los vecinos del entorno del solar de Lipauto, pese a que recogieron un millar de firmas y recuerda que en 1996 la consejera de Vivienda del Gobierno navarro era la actual alcaldesa de Iruñea, Yolanda Barcina, «a quien denunciamos este atropello y prometió estudiar el asunto. Pero finalmente aceptó los ocho pisos de altura aun a sabiendas que la Ley no lo permitía». -
