DONOSTIA

Este es el balance frío de siniestralidad durante 2006 presentado ayer por LAB en Donostia, en una rueda de prensa en la que Rafa Díez Usabiaga estuvo acompañado por Garbiñe Aranburu e Ibon Zubiela, responsable nacional de salud laboral de la central.

Datos que confirman la magnitud de una tragedia que, en opinión de Díez Usabiaga, son ignorados por una Administración «insensible» que sólo habla de crecimiento en sus discursos y unos empresarios poco dados a invertir en prevención.

El secretario general de LAB afirmó que «ir a trabajar se está convirtiendo en un factor de riesgo para los trabajadores. Esa cifra, 129 muertos, debería llevarnos a una reflexión profunda. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de esa cifra? ¿Es un casualidad como dicen algunos? ¿Este es el precio que los trabajadores tienen que pagar para que las empresas sean rentables y competitivas? ¿Cuando se habla de productividad este es el precio a pagar?», se preguntó.

Cuatro factores

«Nosotros vemos que nos encontramos antes un gran problema social y no advertimos que por parte de la Administración y de los empresarios haya una verdadera preocupación y sensibilidad ante una tragedia de esta envergadura. Una y otra vez escuchamos a los responsables de la Administración pública decir que las cosas van bien en este pueblo, que ahí está el crecimiento, que se está creando empleo, pero una y otra vez se les olvida decir que en Euskal Herria murieron el año pasado 129 personas en accidentes laborales», añadió.

En segundo lugar habló de las condiciones de trabajo que impone el mercado laboral, destacando la precariedad. «Hoy, un trabajador en precario es un trabajador en riesgo», indicó, y manifestó que «no es casualidad que los índices de siniestralidad en Euskal Herria sean el doble que la media europea, y coincide curiosamente con que el índice de precariedad en Hego Euskal Herria ­muy cercano al 30% ­ sea más que el doble que la tasa europea, que ronda entre el 13 y 14%».

En tercer lugar, señaló a la patronal, que «entiende la seguridad laboral como un coste, un pasivo y, por tanto, a evitar. No tiene ninguna intención de realizar en las empresas un trabajo preventivo. Además, eso supone un coste para la sociedad. El año pasado hubo más de 66.000 accidentes de trabajo con baja, con lo que eso supone», aseguró. Como cuarto factor apuntó que «tampoco vemos ninguna voluntad política por parte de la Administración para tomar medidas y hacer cumplir la ley. Al final, se habla mucho pero se hace poco».

Díez Usabiaga afirmó que LAB, además de trabajar en las empresas, realizará una campaña de sensibilización ante este «problema social y político» y llevará a la sociedad lo que ocurre en el mundo laboral, y ahí se sitúa el espíritu de las movilizaciones del día 24.

Ibon Zubiela, por su parte, indicó que fuera de estas estadísticas quedan más del 20% de los afiliados de la Seguridad Social, e incluso las personas que fallecen 72 horas después de un siniestro laboral. Piruetas que sirven para maquillar las estadísticas.

Asimismo, el responsable de salud laboral de LAB afirmó que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ­entró en vigor en 1996­, ha tenido muy poca incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores porque «la prevención no se está realizando de manera real sino únicamente formal».