El plenario de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apenas precisó de una hora de reunión para adoptar una decisión cuyas implicaciones humanas y sociales son, a todas luces, muy graves. La resolución por la que se mantiene en situación de prisión provisional a Iñaki de Juana Chaos contó finalmente con el voto particular de cuatro jueces, que compartían el criterio del fiscal tendende a aprobar medidas de prisión atenuada para el preso donostiarra.

Iñaki de Juana ha pasado los últimos 20 años en prisión. Ha cumplido íntegramente la condena que le fuera impuesta y lleva dos años añadidos en la cárcel, al habérsele «construido» nuevas causas judiciales, por emplear el lenguaje utilizado por el ministro de Justicia, López Aguilar. Otra veintena de presos vascos tampoco han sido excarcelados al cumplir condena, esta vez en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo.

Ante esas actuaciones, prestigiosos juristas consideran ya que en el Estado español las garantías propias de un estado de derecho han sido sustituidas por el derecho penal del enemigo, ése que, prescindiendo del principio de igualdad, establece normas jurídicas y procesales que, en la práctica, despojan de derechos a ciertas personas.

Al tratarse de un preso preventivo con una sentencia que no es firme por estar planteado recurso en el Tribunal Supremo, el tribunal tenía todas las opciones de la ley en la mano para modificar la situación de De Juana. Si a ello se le añade su situación de salud, la opción de la excarcelación tenía absoluta solidez jurídica, máxime si se tiene en cuenta que existen precedentes de excarcelación en casos de personas no ya acusadas por las opiniones vertidas en un periódico, sino, como ocurre con algún procesado por causas relativas a los GAL, directamente condenadas por delitos como secuestro, desaparición y muerte de personas.

Sin tener en cuenta al Ministerio Público, que en su día puso en bandeja a la sala que juzgó a De Juana el aplicarle una pena de 12 años por dos artículos publicados en GARA, pero que, ahora, ante la situación extrema del preso, pedía atenuar su régimen de prisión, y al margen también del criterio de los médicos que en dos periodos anteriores han impuesto la alimentación forzosa al donostiarra, el tribunal ha ordenado que se aplique de nuevo al preso un tratamiento que él rechaza y que ni siquiera garantiza que pueda seguir con vida.

Las implicaciones humanas de la decisión son terribles y, ya en la esfera política, este auto de venganza complica enormemente los esfuerzos por relanzar un proceso democrático de paz. -