Huelga de hambre de Iñaki De Juana
El Gobierno español pide que se confíe en la Justicia
Tanto el Ejecutivo español como el PSOE se limitaron a reivindicar el respeto que profesan a las decisiones judiciales, a llamar a la «tranquilidad» y a pedir «confianza» en la Justicia. Mientras, la derecha española se mostró exultante y «reconfortado» por la decisión que adoptó la Audiencia Nacional.
MADRID
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, lanzó ayer un mensaje de «tranquilidad y confianza» en la Justicia española poco después de conocer la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de mantener en prisión a Iñaki de Juana y ordenar, a su vez, que sea alimentado a la fuerza. El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, incluso sentenció que «cada atentado es otra vuelta de tuerca más en la situación que pesa sobre los presos», mientras que el líder del PP, Mariano Rajoy mostró su «satisfacción» por la decisión del tribunal. El ministro de Justicia español explicó que lo que se debe esperar del Gobierno es «el respeto a los tribunales», y pidió por ello «tranquilidad y confianza» en el poder judicial. Sobre la diferencia existente entre la petición fiscal y la deci- sión de los magistrados, López Aguilar se limitó a afirmar que «supone sencillamente la regla del juego en un país de leyes». En términos similares se pronunció también el portavoz del PSOE en el Congreso español, Diego López Garrido, al señalar que tanto su partido como el Ejecutivo «respetan y acatan en toda su extensión» la resolución. Al ser preguntado sobre las declaraciones del dirigente de LAB Rafa Díez en las que afirmó que el auto de la AN va «directamente en contra de un escenario de diálogo, paz y soluciones políticas», respondió que «cada atentado es otra vuelta de tuerca más en la situación que pesa sobre los presos» y que, por ello, lo que debe hacer la izquierda abertzale es condenar las acciones de ETA.
«Reconfortado como español»
No obstante, esa lectura no es la única en el seno del PSOE, ya que el alcalde de Donostia, Odón Elorza, lamentó «profundamente» la decisión de mantener en prisión a su convecino, tanto por «razones humanitarias» como «desde la política», ya que consideró que es «errónea, máxime teniendo en cuenta que cumple una pena preventiva de prisión».Su compañero de filas y secretario general del PSE de Gipuzkoa, Miguel Buen, recordó también que el prisionero político donostiarra ya «cumplió su condena» y que «por encima de todo, hay que preservar la vida de las personas aunque sea un criminal». Añadió que, a su parecer, el Estado «no puede ser vengativo» porque sino «deja de ser justo». Desde Nafarroa, el candidato del PSN a la Presidencia del Gobierno foral, Fernando Puras, reprodució la expresión de «respeto» enunciada por sus compañeros de Madrid, al tiempo que pidió a Iñaki de Juana que abandone la huelga de hambre que inició hace ya 81 días. Además, reconoció que «hechos de este carácter» tienen su repercusión también en «la situación política y de convivencia». La reacción del Partido Popular y de sus acólitos tales como la AVT o el Foro Ermua se caracterizó por una indisimulada satisfacción. «Hoy me he llevado una de las mayores alegrías de los últimos tiempos como español», afirmó el pre-sidente del PP, Mariano Ra- joy,quien se refirió de forma exultante sobre la decisión judicial y añadió además sentirse «enormemente satisfecho y reconfortado» al conocer la decisión de la Audiencia Nacional sobre la situación de Iñaki de Juana. «Estamos en el buen camino, porque el chantaje al Estado era evidente y resoluciones como ésta unen a los espa- ñoles», consideró .
Otras voces del espectro político estatal también se pronunciaron al respecto de la decisión del tribunal especial. Desde Izquierda Unida, su coordinador general, Gaspar Llamazares, tras reiterar el respeto que profesan a las resolu- ciones judiciales, declaró que «éste no es un caso específico», y reconoció que «se ha convertido en una cuestión especial, una cuestión política y quizá la decisión tenga también ese componente». «Intolerancia» Llamazares, que incidió en el carácter extraordinario de la adopción de esta decisión, señaló que de aceptar la Sala de lo Penal de la AN la petición de la Fiscalía se habría dotado «al Estado de más autoridad moral y humanitaria». Por su parte, el portavoz del BNG en el Congreso español, Francisco Rodríguez, lamentó que «la intolerancia que se ha impuesto en este caso» haya impedido que se atenúen las condiciones del donostiarra, ya que, a su entender, «tiene derecho a ser tratado con ecuanimidad». Advirtió que de agravarse el estado de De Juana será producto de «una intolerancia que no tiene sentido ninguno».
«Nos preocupa que no se atienda a la propia legislación»
Iñigo URKULLU - PNV
«Nos preocupa que haya una interpretación sesgada de las razones humanitarias
y que además se apliquen regímenes de excepcionalidad política. Mostramos
nuestra preocupación porque no se atienda a la propia legislación. Aun
tratándose de una persona que ha cometido gravísimos y horribles delitos,
creemos que ha cumplido en lo relativo a esos delitos la pena correspondiente,
para bien o para mal».
«Una decisión de consecuencias imprevisibles»
Unai ZIARRETA - EA
«La Audiencia Nacional, intencionadamente, ha tomado una decisión de
consecuencias imprevisibles para el proceso de paz. Con el mantenimiento en
prisión, obvia los argumentos jurídicos en pos de una decisión política acorde
con la línea del PP. Ha primado la decisión política para así condicionar el
proceso de normalización. Esta decisión pone en entredicho la vigencia de los
valores democráticos».
«Es una muestra extrema de crueldad togada»
German KORTABARRIA - ELA
«El auto de la Audiencia Nacional es una muestra extrema de crueldad togada.
La decisión de que Iñaki de Juana no vea la calle se consensuó hace tiempo en
ámbitos políticos, judiciales y mediáticos; es una decisión que no tiene nada
que ver con el derecho o con la ley, sino con la venganza y el castigo por
encima de la ley. Esta decisión estaba escrita ya cuando se decidió que no tenía
que ver la calle».
«Es una actuación más en la carrera de despropósito»
GOBIERNO DE LAKUA
«El Gobierno Vasco no comparte la decisión de la Audiencia Nacional y
considera que es una actuación más en la carrera de despropósito judicial a la
que estamos asistiendo en las últimas semanas. Es más conveniente y racional la
propuesta de la Fiscalía de atenuar la prisión. Al margen de la consideración
ética y moral que cada uno pueda tener de los hechos que cometió, la pena supone
una desproporción».
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