Dicen los diccionarios que la energía es la capacidad de trabajo de un sistema, y esa definición puede ayudarnos a entender las claves del debate político que existe aquí, en Europa y en todo el mundo sobre las fuentes energéticas y su utilización.

Para empezar, basta con mirar una de esas fotos satélite que muestran la llamada contaminación lumínica emitida durante la noche para apreciar que el reparto del consumo energético es muy desigual en el mundo, y no son precisamente los países donde se extrae más petróleo, gas o uranio los que más brillan y energía consumen. El imperialismo energético sigue en pie con la globalización.

La Unión Europea, ese gigante económico y político conformado ahora por 27 países y cerca de 500 millones de habitantes, ha tratado en numerosos programas, conferencias y eventos internacionales de marcar nuevos caminos para equilibrar esta gravosa situación, aunque, como veremos, casi siempre ha resultado ser más fuerte la codicia de las cuotas de mercado, que la justicia social y la distribución equitativa de recursos y tecnologías. Desde sus inicios puede más la Europa liberal de mercado que la Europa social y política.

La sostenibilidad de un sistema a nivel energético no solamente significa que los recursos no renovables, esto es, que las energías fósiles como el petróleo, el carbón o el gas se vayan sustituyendo por otras renovables a un ritmo que evite el colapso del mismo, sino que, además, y eso está en relación directa con el cambio climático, no se pueden emitir más residuos a los ecosistemas naturales que los que estos mismos pueden reciclar y asimilar. Así la energía aporta diversas problemáticas a resolver y sería necio pensar que resolviendo una de sus dimensiones hemos dado con la solución del problema.

Para el gobierno europeo de Bruselas la energía es ante todo una herramienta de acumulación de capital, por encima de un servicio básico para todas las sociedades que en el planeta hay. Su objetivo central es acaparar y controlar mercados de recursos energéticos, haciendo caso omiso a la crisis socioambiental que este modelo económico de acumulación capitalista acarrea.

La UE pretende liderar el cumplimiento de los escasos pasos marcados en Kyoto (5% menos que en 1990 en los 35 países industrializados) y cada vez depende más de la importación de carbón (39%), petróleo (82%), gas (57%) y uranio (100%), aunque también quiere ser líder en el impulso de las energías renovables en el mundo. Se juega con muchas barajas a la vez pues, como hemos advertido, el problema es complejo y no hay soluciones simples para un modelo que aspira a consumir más y más megavatios para seguir creciendo.

El economista británico N. Stern acaba de mostrar, en un trabajo para el Gobierno inglés, que el cambio climático tendrá unas implicaciones económicas similares a las causadas por las guerras mundiales o la recesión de entreguerras. Todo el mundo parece estar preparándose para la debacle anunciada, y en este caso el alarmismo no nace de las filas ecologistas. Las respuestas para enfrentarse a esa amenaza son variadas y cada cual arrima el ascua a su sardina. La propia Comisión Europea asegura que el 94% de las emisiones de CO2 de origen humano son atribuibles al sector energético y es ahí donde las empresas que luchan denodadamente por controlar un suministro energético, que no acaba por liberalizarse y tiende a crear oligopolios más y más grandes, aprovechan para lanzar el anzuelo de las nucleares.

Si el Gobierno español, cumpliendo sus promesas electorales, cerrara en breve Garoña, marcaría un interesante paso en materia energética contrario a los que apuntan Blair, Merkel o Chirac en sus respectivos países, donde la Agencia Nuclear Europea presiona para alargar la vida de las centrales nucleares y abrir las puertas a nuevos proyectos. En la UE, 152 reactores nucleares producen el 30 % de la energía eléctrica, a los que habría que sumar el que está previsto construir en Oukiloto (Finlandia) tras su aprobación en referéndum, aunque sigan existiendo problemas legales y burocráticos. En general las centrales están amortizadas y sus rendimientos económicos se dan como estables, como los precios del combustible nuclear, ya que no acaban por querer asumir el astronómico coste que supondrá su desmantelamiento y el almacén de los residuos radioactivos de alta actividad. Se olvidan de que también el uranio tiene las décadas contadas.

La opinión pública es terriblemente reacia a la energía nuclear y su impopularidad no se les escapa a los gobernantes europeos que, salvo excepciones como la de la ex comisaria de Energía y Transportes, Loyola de Palacio, en este tema actúan cautelosamente. Según la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), en Gran Bretaña (33%), Alemania (22%) y Francia (25%) son minoría los pronucleares, aunque Blair, Merkel o Chirac lo sean y no lo oculten. Este último llego a decir que sus forces de frappe ­armas nucleares francesas­ serán la garantía de sus aprovisionamientos energéticos y de la defensa de sus aliados, lo que nos recuerda la imborrable relación entre las armas nucleares y centrales de producción eléctrica. Construir una central nuclear sale excesivamente caro (cerca de 3.000 millones de euros), sobre todo si el petróleo sube, y la proliferación de centrales no será tarea fácil en la UE a corto y medio plazo.

Los gobernantes europeos de hoy prefieren hablar de impulsar las renovables para frenar el cambio climático, de promover medidas ahorro y eficiencia energéticaŠ pero los números cantan. Durao Barroso acaba de aplazar sine die la discusión sobre los impuestos a los vehículos de motor por sus emisiones de CO2, lo que atestigua que a pesar de sus buenas palabras, su verdadero y al parecer único leit motiv es el crecimiento económico. Y precisamente ése es el origen del problema energético y del cambio climático. Ni necesitamos nucleares, ni producir más megavatios es la salida a la crisis energética. Vivir mejor consumiendo menos es el camino y eso es tabú en la UE por el momento. -