De cada 100 euros que se invierten en un fondo de pensiones, el coste de su administración y de las comisiones se lleva 37 euros en el Estado español, según los datos aportados por Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la UPV-EHU. Es el mayor porcentaje de la Unión Europea y de los más destacados a nivel mundial, por lo que el negocio de las entidades financieras y los bancos es inmenso. En América Latina ese coste oscila entre el 18% y el 27%; en Estados Unidos se encuentra entre el 6,4% y el 13,3%, mientras que en la UE pasa del 21% al 37,3%. Está claro que es una manera fácil de obtener dinero, porque, además, hay que tener en cuenta que si las inversiones de estos fondos de pensiones no salen rentables, quien pierde es el propietario del fondo. Así, verá perjudicada su futura pensión. Es lo que pasó en 2008 en el ámbito de la OCDE, cuando los fondos de pensiones perdieron por encima del 23%, lo que perjudicó a miles de personas. Estos fondos tienen un elevado poder, ya que controlan el 22% de la inversión directa mundial, pero están sometidos a los elevados riesgos de la especulación financiera. En realidad, el sistema capitalista comprendió, sobre todo a partir de la crisis de 1973, que había que terminar con el Estado del Bienestar, como señala la economista Nekane Jurado, y para ello inició una ofensiva para ir penetrando en todas las áreas de negocio. Las pensiones son, sin duda, un importante negocio, puesto que en el Estado español la Seguridad Social paga más de 6.870 millones de euros al mes, según los datos ofrecidos en el mes de diciembre.

El patrimonio de los fondos de pensiones en el Estado español alcanza los 84.626,6 millones, según los datos de la patronal del sector Inverco. Se desarrollaron a partir de 1988. Entonces acumularon 152.837 euros. En 1995, con la puesta en marcha del Pacto de Toledo, sobrepasaron ya los 12.822,2 millones. Con el cambio de siglo sobrepasaron los 31.663,6 millones y en pleno crecimiento económico llegaron en 2007 hasta los 85.842,3 millones. Desde el Pacto de Toledo se han multiplicado por seis.

En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa las entidades de previsión social voluntaria (EPSV) acumulan más de 18.000 millones de euros. Un factor que juega muy a favor de inversiones en las pensiones privadas es la elevada desgravación fiscal en el pago del impuesto de la renta.

En declive

La reforma de pensiones públicas que aprobará el Gobierno español el próximo 28 de enero empeora las condiciones de acceso a la jubilación y a la cuantía de las mismas. Elevará en dos años la edad de jubilación, de 65 a 67 años, aunque se está negociando una serie de elementos que flexibilicen esa decisión; obligará a cotizar 37 años para lograr el 100% de la pensión, lo que aleja de las pensiones públicas a los trabajadores más jóvenes y a las mujeres, porque son quienes sufren la precariedad más elevada y los contratos a tiempo parcial; pero, además, empeora las fórmulas de cálculo de la pensión, porque de los dos años antes de 1985 se pasó en 2008 a los 15 años y en la actualidad se habla ya de los 25 años para determinar el importe de la pensión.

Antes, con 15 años de cotización se tenía derecho al 60% de la pensión, mientras que en la actualidad se accede al 50% y si se aplican algunas formulaciones del Pacto de Toledo, podría reducirla al 42%.

Todas estas actuaciones deterioran el sistema público. El Gobierno español ha optado por un nuevo recorte de las pensiones con su octava reforma en veinticinco años. En vez de mejorar y conseguir un sistema público más eficiente, más eficaz y más justo, ha aceptado las recomendaciones de quienes tienen el neoliberalismo como práctica habitual, lo que provoca que en esta selva financiera sólo se vean favorecidos quienes más poder económico poseen, por lo que la mayor parte de la población se quedará en peores condiciones.Hay que tener en cuenta que en Hego Euskal Herria, un 1,2% de la población controla el 44,6% de la riqueza.

Este paso que ha dado el Gobierno español ha sido calificado por la mayoría sindical vasca, formada por ELA, LAB,. STEE-EILAS, EHNE e Hiru, como la «mayor agresión al Estado de Bienestar de los últimos 35 años». Según el testimonio de Nekane Jurado, la Segunda Revolución Industrial en 1850 conllevó un cambio en la estructura demográfica, «tras el desarrollo de grandes urbes, la estructura de clases y las reformas sobre la propiedad de la tierra que se dio en los países industrializados, la mayor parte de la población no poseía otro recurso para sobrevivir que su fuerza de trabajo».

Como indica, la primera gran crisis económica se produjo en 1875, «que dejó al descubierto la crudeza del nuevo modelo. las teorías de Marx y Engels, la fuerte conciencia de clase y las condiciones sociales y laborales de miseria fueron los detonantes de una larga lucha por la consecución de la garantía pública del derecho a rentas sustitutorias de las rentas de trabajo, al acceso a una vivienda, a la sanidad y a la educación».

El primer seguro social se instauró en Alemania en 1883, tras una gran huelga general, bajo el mandato de Bismark. Tras la Segunda Guerra Mundial, antes ya nació en 1919 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), abrió el estado de Bienestar para contrarrestar el desarrollo de las ideas socialistas entre los trabajadores de toda Europa.

En 1973, tras la crisis económica, el capitalismo más agresivo empezó a poner en cuestión ese pacto social de 1945, como recuerda Nekane Jurado, lo que unido a la caída de la Unión Soviética y a la desaparición de los bloques, «dio paso al Tratado de Maastricht, donde se sientan los nuevos pilares para la abolición del Estado de Bienestar».

Destaca, por ejemplo que en la Cumbre Europea que se celebró en Barcelona en marzo de 2002, se acordó de forma unánime «el alargamiento de la duración efectiva de las cotizaciones de jubilación en cinco años, que deberá ser puesto en práctica progresivamente».

Todos estos elementos han ido incorporándose en sucesivas reformas, pero en esta última el Gobierno español, aprovechándose de la crisis, ha llevado adelante «la mayor agresión contra los trabajadores».

Hay que tener en cuenta que el 71% de los pensionistas vascos en este momento reciben pensiones inferiores al umbral de la pobreza, que en Hego Euskal Herria está tasado en 1.020 euros al mes.

La mayoría sindical vasca sostiene que «la reforma de las pensiones y su supuesta inviablidad no es más que un intento por acabar con el sistema público, para privatizar el sistema y poder especular». ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru indican que esa estrategia «se está llevando a cabo en toda Europa , para salvar de nuevo a la banca con el dinero de nuestros bolsillos. Todo un robo, pero legal, porque está orquestado por el poder económico y llevado a cabo por el poder político, más allá de disputas electoralistas en todas las instituciones».