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Varapalo judicial al Gobierno navarro por realizar contratos fraudulentos
El Juzgado de lo Social de Nafarroa obliga a considerar fijos discontinuos a 21 trabajadores de la Agencia Navarra de Emergencias y ha determinado que los contratos de refuerzo de bomberos en invierno y verano se realizan de forma fraudulenta desde 2006.
Aritz INTXUSTA |
Una sentencia de la sala segunda del Juzgado de lo Social de Nafarroa obliga al Gobierno navarro a reconocer como fijos discontinuos a 21 trabajadores de la Agencia Navarra de Emergencia (ANE), que participaban en las campañas de refuerzo de los bomberos de invierno y verano. El fallo sostiene que ese tipo de contratos se llevan haciendo durante años en fraude de ley, lo que ha generado centenares de afectados.
Los 21 trabajadores presentaron una solicitud para ser reconocidos como fijos discontinuos en marzo de pasado año, pero tanto la ANE como el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, resolvieron no atender a sus exigencias. Por ello, un mes después, decidieron acudir a los tribunales, que han dado la razón a los trabajadores.
La sentencia determina que, desde el año 2006 hasta ayer mismo, todos los contratos de las campañas de refuerzo de los bomberos se han realizado de forma fraudulenta. El juez estima que las campañas de refuerzo son necesarias y cíclicas y no, como defendía el Gobierno navarro, hechos excepcionales que se podían resolver con contratos de obra determinada, con fecha de principio y fin.
El salto a ser considerados fijos discontinuos supone un paso de gigante para los demandantes, ya que se reconoce su antigüedad como funcionarios. Cabe remarcar que dos de ellos llevan prestando estos servicios de refuerzo desde el año 1983 y que, más de la mitad, llevan ya una década con los contratos de obra determinada.
Está previsto un nuevo juicio por motivos similares, que tendrá lugar en noviembre y en el que se han presentado como demandantes otros cinco trabajadores de la ANE.
Además de abandonar los contratos de obra determinada, para convertirse en fijos discontinuos, el Gobierno deberá reconocer la antigüedad de los trabajadores, que en algún caso supera los veinte años.