Es muy difícil asumir que se anuncie con profusión propagandística que alguien va a ser operada para estirparle un cáncer de la glándula tiroides y que después de un larguísimo fin de semana en donde se nos ofrecen imágenes de muchos de sus conciudadanos dando muestras de solidaridad, espanto y ayuda metafísica, se nos diga que ha resultado ser un tumor sin trazas de cáncer. Y si eso sucede con una mandataria como es la actual presidente de la República de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el asunto toma carices muy complicados. ¿Fue un error médico, un exceso del sistema de comunicación presidencial, una alerta infundada para mantener en vilo al país? La verdad es que hay veces que de tantos abusos, nos vuelven excesivamente cautelosos y desconfiados ante cualquier noticia no confirmada de estas características.

Con el diagnóstico que la propia Concha García Campoy ha hecho conocer al mundo, se ha producido un debate bastante pantanoso. Se preguntan si se deben mantener los anuncios que protagoniza de cosméticos y un cepillo dental mecánico. La duda manifestada es bastante sustanciosa, porque se plantea la pregunta ¿la situación médica de la comunicadora, le da mayor capacidad o le resta eficacia al propio anuncio? Insisto, no es fácil contestar, pero es una duda razonable, y una situación de solución ética.

Y el otro debate que se está provocando en el campo de la salud, es el de los implantes mamarios fabricados con una silicona contaminada que ha provocado efectos secundarios graves en muchas pacientes. Comprobado el foco del problema, llega el tiempo de las responsabilidades. Dicen las autoridades médicas ministeriales que solamente se harán cargo de los implantes colocados por la Seguridad Social. Vale, esto parece irreprochable, pero los especialistas de las privadas, algunas clínicas profusamente anunciadas en televisión, junto a las afectadas inciden en algo objetivo: se supone que esos implantes pasaron una revisión, un control estatal, para certificar que eran saludables. Por lo tanto, el fallo, además del fabricante, es del sistema sanitario estatal. Un argumento perfectamente entendible y soberano.