La reunión que Basagoiti mantuvo ayer con Urizar, al igual que la que la ejecutiva del PP de la CAV tuvo con la dirección de Aralar el 29 de noviembre, son movimientos positivos para la política vasca, pues la apertura y mantenimiento de puentes de diálogo facilita el conocimiento mutuo y la comunicación. No cabe olvidar, sin embargo, que esa iniciativa obedece en buena medida a la necesidad que el PP tiene en Euskal Herria de salir del aislamiento de los puros en el que le enclaustró la arrogante etapa de María San Gil y José María Aznar. Era el PP -y no ni Aralar ni EA- quien tenía un problema de falta de relación con el resto.

Estos encuentros cara a cara están sirviendo para que sus interlocutores intuyan que el PP vasco tiene en la intimidad una posición más abierta que en el discurso público. Lo cual también es bueno si la convicción privada se convierte en evolución real, aunque sea invisible hasta que resulte irreversible. Pero tiene el problema de que la falta de pedagogía hace que los cambios de la élite dirigente no vayan acompañados de los de su base social, lo que dificulta todo el camino.

Y resulta comprensible que en un proceso tan complicado como este, el PP tenga miedo de hacer un movimiento en falso. Antonio Basagoiti transmite el temor de que si se mueven ahora, ETA no sienta ya la necesidad de disolverse y opte por quedarse en la trastienda. Ya que no quieren hablar con la izquierda abertzale, tienen otras vías -incluidos agentes internacionales como los miembros de la Comisión de Verificación- para obtener garantías de que eso no va a ser así. Pero, en cualquier caso, la responsabilidad del gobernante es dar sus propios pasos para cerrar definitivamente este conflicto. ETA y la izquierda abertzale han ofrecido sobradas muestras de su voluntad con iniciativas claras como el poner fin a la lucha armada y el presentar para su registro el partido con los estatutos más ajustados a la legalidad que se haya podido ver en el Ministerio de Interior. Y a buen seguro seguirán haciendo nuevos gestos. También es tiempo de que el Gobierno español ponga de su parte. Ahí están las conclusiones de la Conferencia Internacional de Aiete. Ninguna de ellas incumple la legalidad actual. Y, como ocurrió en Sudáfrica y en Irlanda, ya llegará también el momento en el que haya que cambiar algunas leyes si hay consenso para ello.