El rechazo a la continuidad de Garoña llegará el 27 de enero al salón de plenos de la casa consistorial de Gasteiz gracias a un moción presentada por los grupos de Bildu y PNV. En la misma, los doce concejales que suman ambas formaciones exigen un mayor compromiso con el cierre de la central nuclear al alcalde, Javier Maroto (PP), quien durante los últimos días ya ha mostrado sus diferencias con sus compañeros de partido en Madrid, que tratan de prorrogar la actividad de la planta energética hasta 2019.

En el escrito presentado, instan al primer edil a formalizar una reunión con el ministro de Industria español, José Manuel Soria. En la cita, que de aprobarse contaría con la participación de los portavoces de todos los grupos que conforman la Corporación, la delegación gasteiztarra solicitaría el cierre de Garoña en el año 2013, tal como está previsto oficialmente hasta la fecha.

Se recogen también una serie de medidas encaminadas a manifestar la disconformidad de la ciudadanía gasteiztarra con las pretensiones del Gobierno de Mariano Rajoy. Entre ellas destaca la colocación de un rótulo en la fachada del ayuntamiento con el lema: «¡Garoña cierre 2013!». Un eslogan que figuraría en castellano, euskara e inglés, y que se incluiría en los carteles de la Capitalidad Verde Europea y en la imagen corporativa del Consistorio.

A su vez, Bildu y PNV apuestan por convocar una marcha ciudadana desde Gasteiz hasta Garoña y solicitan la organización de unas jornadas divulgativas sobre los peligros derivados de las centrales nucleares, poniendo una especial atención al trágico accidente ocurrido el pasado año en la central japonesa de Fukushima. Por último, las dos formaciones piden que el acuerdo plenario sea remitido por correo al presidente español, al ministro de Industria y a la empresa Iberdrola, copropietaria, junto a Endesa, de Nuclenor.

«Un buen negocio»

A este respecto, Araba Sin Garoña denunció ayer los intereses económicos ocultos tras la prórroga de la central nuclear. Tal como explicó en una rueda de prensa el portavoz de la iniciativa, Alberto Frías, durante los próximos siete años Nuclenor tiene previsto ingresar 951 millones de euros gracias a la explotación de Garoña.

Frías aseguró que la decisión adoptada por el PP no responde a criterios energéticos, ya que en la actualidad el Estado español exporta electricidad a los estados limítrofes.