La decisión del Tribunal Supremo israelí de confirmar la validez de una ley que limita la posibilidad de que los ciudadanos israelíes traigan a vivir con ellos a sus cónyuges de nacionalidad palestina ha suscitado la polémica en Israel en torno a esa institución, cuyo rol debería ser el de defensor de la democracia y no el de garante de las políticas racistas del Estado sionista, como de nuevo ha quedado en evidencia.

Por seis votos a favor y cinco en contra, el Alto Tribunal rechazó el recurso presentado en 2007 por varias ONG israelíes de defensa de los derechos humanos y de la diputada opositora de izquierda Zeava Galon, que solicitaba que se declarara inconstitucional la llamada «Ley de Ciuda- danía», aprobada por el Parlamento en julio 2003 y prorrogada cada año por «razones de seguridad».

La norma limita el derecho a la estancia en territorio del Estado de Israel a los extranjeros, lo que impide la reunificación familiar salvo en el caso de israelíes casados con palestinos varones que tengan menos de 36 años o mujeres que tengan más de 26. También impide que los cónyuges de israelíes obtengan la nacionalidad israelí si son palestinos.

Estas limitaciones no se aplican si el cónyuge extranjero es de cualquier otra nacionalidad, por lo que apenas afectan a la población judía israelí y se dirigen fundamentalmente a la minoría árabe, que representa el 20% de una población total de 7 millones. Los 1,3 millones de árabes israelíes son descendientes de los palestinos que no fueron expulsados y se quedaron en sus hogares en el momento de la creación del Estado de Israel en 1948.

En su fallo, el Tribunal Supremo reconoce que la ley garantiza a los cónyuges el derecho a vivir juntos, pero matiza que ese derecho no tiene necesariamente que ser ejercido en su país, Israel. Admiten que esta daña el derecho a la igualdad, pero consideran que lo hace de forma proporcional y entienden que no entra en conflicto con las normas fundamentales del país.

Contra la igualdad

Entre los votos en contra está el de la presidenta de la institución, Dorit Beinish, representante de la tradición liberal, que cree que la ley viola el principio de igualdad al afectar masivamente a la población árabe israelí, que es la que plantea la mayoría de las solicitudes de reunificación.

Al defender la postura mayoritaria, el juez Asher Grunis señaló que «los derechos humanos no son una receta para el suicidio nacional» tras afirmar que los requisitos de seguridad deben primar sobre la defensa de los derechos de la familia.

«Israel se define como un Estado judío y democrático. Por primera vez, la Corte Suprema ha privilegiado el carácter judío en detrimento del carácter democrático», afirmó a AFP el comentarista jurídico de la radio pública Moshé Negbi.

«Este es un texto discriminatorio que dice a los árabes israelíes: si usted quiere casarse con un palestino o una palestina usted solo tiene que irse», lamentó la diputada Zeava Galon. «El Tribunal Supremo ha fallado así en su deber de defender el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y de luchar contra el racismo, cediendo a las presiones de la mayoría de derecha en el Parlamento», dijo.

Para Claude Klein, profesor de Derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén, la decisión «huele a racismo». A su juicio, el Supremo «teme cada vez más quedarse solo contra todos».

Hace meses la derecha en el poder lanzó una ofensiva contra el Tribunal Supremo, considerado «demasiado liberal». De hecho, el Parlamento aprobó una ley especial para permitir a al juez Grunis, uno de los más conservadores, acceder a la Presidencia de la institución aunque sobrepase la edad requerida.

La ONG ACRI declaró que «el Supremo ha fracasado gravemente en su labor de defender los derechos humanos ante la tiranía de la mayoría parlamentaria». Aseguró que «es un día negro para la protección de los derechos humanos» porque la corte ha aprobado «una ley racista que dañará las vidas de familias cuyo único pecado es su sangre palestina».

Para la asociación de asistencia judicial árabe israelí Adalah, «el Tribunal Supremo ha aprobado una ley que no tiene equivalente en ningún Estado democrático en el mundo, que priva a los ciudadanos de una vida familiar en Israel sobre el fundamento único de la pertenencia étnica o nacional del cónyuge».

«La seguridad nacional debe ser contemplada no solo desde la perspectiva de la lucha contra el terrorismo sino también desde el punto de vista demográfico con el fin de no poner en peligro la mayoría judía en el seno del Estado de Israel», subrayó el ministro de Interior, Eli Yishai, felicitándose por la decisión.