Sueño con serpientes» confesaba Silvio Rodríguez. Las del cantautor cubano son «largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor». Las que aquí sufrimos son serpientes de verano, esos recursos mediáticos anodinos que en circunstancias habituales serían irrelevantes pero que, oportunamente exaltados y manipulados, caldean el periodo estival. Ciertos políticos, antes de cogerse su inmerecido descanso, nos lo dejan todo atado y bien atado para que no se note demasiado su ausencia. Ya han liberado los primeros reptiles veraniegos, con un tema recurrente: los presos. Presos que, para no ser políticos a ojos de algunos, bien que bailan el agua política.

Tres acontecimientos -objetivamente poco relevantes- en poco tiempo: la fiscalía abre diligencias porque vecinos de Andoain pagaban a euro la fotografía con un preso, a su vez, en formato foto. Retrato al cuadrado del nivel de quien brama por ello. Apuntan también al Ayuntamiento de Donostia por subvencionar la película «Barrura begiratzeko leihoak». Los francotiradores incapaces de mirar hacia sus pútridos adentros, aseguran que «exalta», aunque no la hayan visto. La tercera polémica huera carga contra Xabier Mikel Errekondo, portavoz de Amaiur, que consideró fuera de tiempo político las detenciones en suelo cátaro de los nuevos herejes. Otra evidencia -censurar a quien critica el hecho armado de la detención- de que el Estado español solo cuenta con martillos en su caja de bricolaje.

Pues bien, aseguran que los enumerados no son hechos aislados. Esas actuaciones, imputables a Bildu-Amaiur-EHBildu (al mejor estilo de criminalización garzonita), traspasan todas las líneas rojas que marca la reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

Un inciso. La sentencia del TC, más que legalizar Sortu -que también- lo que viene es a declarar que el Tribunal Supremo actuó -o se dejó azuzar, que es peor- violando derechos humanos básicos. Al desprestigio del Alto Tribunal por su bisel político, a la sombra de corrupción tras conocerse el caché de su viajero presidente, se añade su sostenida actuación lesiva de derechos constitucionales, aplastando libertades básicas de los promotores, votantes y en definitiva, ciudadanos que apuestan por una justa competición política.

La cuestión es que el TC dio, junto con el certificado de defunción de la dinámica ilegalizadora -la de cal-, un catálogo de medidas -la de arena- que podrían revertir a futuro la opinión del Tribunal. Un vacilante asidero para que algunos que no se rinden al desaliento puedan volver a la amenaza de ilegalizaciones. No obviemos el efecto «jarro de agua fría» que esta vuelta a las andadas genera en la sociedad vasca.

Algunas de esas líneas rojas marcadas por el TC, afortunadamente, nadie espera se crucen en la nueva fase política -«legitimar los actos terroristas», «usar el chantaje»...-. Otras, precisamente las que se emplean como justificación para pulsar el botón de arranque de cronómetros y contadores, se refieren a la reiterada «equiparación de la violencia terrorista con la coacción legítima que un Estado de Derecho reserva a las FSE». Incluso argumentan que tratar de «igualar el sufrimiento infligido a las víctimas del terrorismo con la pena de los condenados» valdría para levantar la bandera del taxímetro ilegalizador.

Manuel Aragón, magistrado del TC presuntamente progresista, en su voto disidente a la mayoritaria posición prolegalización encontraba una «contradicción palpable» en ese inventario de límites. Argumentaba que «si se aplicase ese catálogo al escrutinio de los estatutos de Sortu (cuya pureza democrática ha ensalzado la Sentencia) se llegaría a la conclusión de que incurren en varias de las conductas a las que se refiere el catálogo». Así, en su opinión, se debería denegar la inscripción de Sortu. En la mía, se debería retirar el catálogo.

Porque olvida los elementos más relevantes que hasta ahora habían sostenido las sentencias ilegalizadoras que, pasando por el TC, arribaban al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo estimaba que los partidos vascos ilegalizados resultaban del «desdoblamiento orgánico-estructural» de ETA. El TEDH consideraba -aun siendo discutible- la «imperiosa necesidad social» de ilegalizar un partido vinculado a la continuidad de la acción armada ¿Cómo justificarán ese extremo hoy en día para avalar una ilegalización? A pesar de que conocemos las tragaderas lesivas de derechos humanos del TS, ¿cómo permitiría el TC a futuro que lleguen recursos al TEDH sin que se den esos requisitos? ¿Cómo se justificaría una ilegalización sin elementos sustantivos de connivencia o conexión con organización armada, hoy inactiva y con propuesta de desmilitarización sobre la mesa?. ¿Valdrían meras elucubraciones sobre incidentes discursivos referentes a presos o a víctimas? Diría que no.

Pero, más allá del nulo recorrido que esas ínfulas ilegalizadoras tendrían ante los tribunales, reservemos las últimas líneas de este artículo para verificar el origen de la amenaza. Origen que no es otro que negar la necesaria discusión política, desactivándola por medio de la fuerza bruta. Niegan el debate político, sobre todo en el ámbito de las consecuencias del conflicto, porque ven que pierden posiciones a cada minuto. Alientan la acción contra cualquier acto veraniego de solidaridad con los presos, por elevación, censurando el debate y acribillando al mensajero, porque temen que el relato no acabe siendo el que ellos dictan a sus escribanos.

Algunos indicadores de desgaste serían: (1) El fracaso de la «vía Nanclares», siendo que las víctimas de uno de los bandos no podrán conocer al infractor para reunirse con él y lanzarle demandas cuanto menos cuestionables. ¿A qué prisión deberían dirigirse las víctimas del GAL patrocinado en Intxaurrondo? (2) Desgaste progresivo de la consideración de «abusos» o «excesos» policiales ante la larga casuística de fallecidos, heridos o torturados, visualizándose con creciente nitidez que, más allá de corsés por categorías o periodos temporales, ha habido una estrategia estatal basada en la vulneración de derechos humanos. (3) Radicalización de asociaciones de víctimas de ETA, cada vez más beligerantes y enfrentándose abiertamente al propio gobierno, su valedor principal, prueba de que nunca estarán satisfechas en justicia. (4) Irrupción de iniciativas como la de Glencree, que tritura el discurso de las «sin falsas equidistancias». Aunque Jesús Posada, presidente del Congreso español, haya hecho un último esfuerzo por priorizar unas víctimas a otras, hoy es imposible establecer equidistancias ante quienes aparecen unidos; es absurdo establecer rangos entre quienes consideran que se debe dar «satisfacción de derechos para todos de manera equitativa»; es insostenible establecer un relato único cuando los relatados consideran que «vivimos en un país con muchas memorias».

Pero no quieren detenerse a debatir las cuestiones enumeradas. Prefieren atorarse en la garganta de las serpientes del cantante cubano. Él también nos da el remedio contra los estivales reptiles: «se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad».