(...) baste decir que en 2007 el superávit de las administraciones públicas alcanzó los 23.368 millones, cifra que representaba un 2,23% del PIB. Fueron unos extraordinarios datos y permitieron reducir la deuda pública al 36,2% del PIB, su nivel más bajo de los últimos 25 años. Estas cifras demuestran que al comienzo de la crisis las finanzas públicas estaban más que saneadas, por lo que no habría que insistir en medidas que únicamente apuntaran al sector público. El problema, o al menos uno de los problemas, hay que localizarlo en el abultado importe de deuda privada (familias y empresas, pero sobre todo bancos y cajas de ahorro), consecuencia del crédito fácil y sin control, que a finales de 2011 ascendía al 250% del PIB (...).

La segunda gran mentira, heredera de la anterior, es que los ajustes y la política de austeridad nos sacaran de la crisis. (...) Con relación a la Gran Crisis del 29, no hay que olvidar que fueron los estímulos públicos los que posibilitaron la recuperación económica mediante un ambicioso programa de inversión pública apoyado en una política monetaria que suministraba liquidez a las finanzas públicas. (...) Roosevelt aprendió de Keynes que es absurdo suponer que se puede estimular la actividad económica dejando caer el gasto. En la situación actual, los ajustes presupuestarios y los recortes de gasto público no van al origen del problema, sino que lo agravan y tienen otra finalidad. Es la agenda oculta.

Y esa agenda oculta esconde un guion perfectamente diseñado desde hace varios años por la gran banca y los poderes financieros internacionales, uno de cuyos brazos más activos lo constituyen los planes de pensiones privados.

(...) hoy sabemos que los 100.000 millones de euros del rescate computan como deuda de primer nivel. Quiere esto decir que tiene prioridad absoluta frente a cualquier otra deuda que tenga contraída el Estado, incluidos los compromisos por pensiones. Esto explica que, al contrario de lo que suponía el ministro De Guindos, la prima de riesgo no bajara, sino que subiera tras la aprobación del rescate. Y subió porque los acreedores internacionales saben que su deuda se coloca tras los 100.000 millones del rescate, por lo que exigen mayores intereses al Estado español. Y, lógicamente, cuando haya que atender el pago de los 100.000 millones (así como de sus intereses), habrá menos recursos para cumplir con los compromisos por pensiones. (...)