Cuando la semana pasada la mayoría social y política vasca recibió con satisfacción la noticia de que el Tribunal Constitucional había revocado la ilegalización de Sortu, dando cauce legal por primera vez en diez años a una formación política de la izquierda abertzale, probablemente pocos pensaban que el debate político volvería a los parámetros en los que se ha movido en los últimos días. Sin embargo, el Gobierno español y sus terminales mediáticas, extremadamente virulentas en su posición ante el proceso de soluciones abierto en este país, han recuperado su discurso más duro e intransigente, demostrando que el fallo revocatorio no suponía un cambio de rumbo. Una vez más, estos días se ha hablado de ilegalizaciones, de persecución, de actitudes «vigilantes»... Todo con tal de mantener a la sociedad vasca en permanente estado de excepción. En la semana que hoy cerramos, en la que se han producido también un buen número de detenciones, el Estado español -igual que el francés- ha dejado claro que va a seguir embarrando el terreno.

Y, una vez más, en esa estrategia el acoso a los presos políticos vascos y a lo que estos representan constituye una pieza clave. No ha sido casualidad que el Ejecutivo del PP haya elegido para prender esta nueva campaña contra la izquierda independentista la subvención que el Ayuntamiento de Donostia había concedido al documental «Barrura begiratzeko leihoak». Sabedor de la importancia que la situación de los prisioneros tiene para el conjunto de la izquierda abertzale, y de la sensibilidad que este tema despierta en amplias capas de la ciudadanía, el Gobierno ha buscado, no solo condicionar la actividad política de Bildu, Amaiur o de los partidos que integran estas coaliciones, sino también mandar un aviso a quienes se muestran solidarios con los presos. La extrema situación de las cárceles -cuya solución busca la interlocución de EPPK con la iniciativa que hoy publicamos en estas páginas- es objeto de crítica por cada vez más gente en Euskal Herria, y desde Madrid quieren achicar espacios a cualquier expresión de denuncia.

Libertad de expresión y actitud del PNV

Para lograrlo, no les ha importado protagonizar uno de los ataques más bochornos que ha sufrido la libertad de expresión y creación cultural en las últimas décadas, tratando de censurar un trabajo cuyo único objetivo es trasladar una visión humana, sin aditamentos y desde la mirada de cinco prisioneros, de la realidad carcelaria. Un documental que ni siquiera ha sido estrenado y cuyos productores han tenido que acabar rechazando toda ayuda pública para no perjudicar a terceros, ha sido objeto de un zarandeo político y mediático inaceptable, del que han participado no solo el PP y el Gobierno español, sino también los grupos municipales del PSE y el PNV. La actitud de la formación jeltzale, que hace ocho meses fue uno de los valedores de la Declaración de Aiete, es particularmente llamativa, pues ha hecho causa común con PP y PSE para ir en contra de un trabajo firmado por cinco reputados directores vascos y que toca un tema tan sensible como el de los presos.

Puede que esa actitud se deba a la estrategia que mantiene para desgastar la labor institucional de Bildu, sobre todo en Gipuzkoa, pero todos los movimientos que ha protagonizado el partido de Iñigo Urkullu en los últimos meses han ido en paralelo a los del Estado y, por tanto, cada vez más lejos de lo suscrito el año pasado en el palacio donostiarra. El propio presidente del EBB, que el martes volvió a reunirse con Mariano Rajoy, ha mostrado una mayor empatía respecto al mandatario español que con quienes desde Euskal Herria trabajan por desbrozar el camino. Su declaración de «lealtad» en la Moncloa empieza a ser un clásico.

Berrinche en el ocaso

El PNV vuelve a aparecer, por tanto, como muleta de un Estado cuyos prontos antidemocráticos no deberían ser subestimados. Después de haber solicitado formalmente el rescate de su sector financiero, y de verse obligado a lanzar un órdago para ganar un poco de tiempo ante la Unión Europea -será interesante valorar los resultados de la reciente Cumbre Europea con la perspectiva de unos meses-; con unos datos macroeconómicos que indican una mayor recesión en el segundo trimestre; y con una sociedad que se prepara para afrontar nuevas subidas del IVA, incrementos en la luz y el gas, y en el precio de los medicamentos, el Estado español parece un animal herido que no dudará en revolverse antes de sucumbir a su inexorable ocaso. Y este pueblo conoce bien hasta dónde pueden llegar sus berrinches.

Más que económicamente, se trata de un Estado en quiebra moral, que no tiene futuro y que además quiere arrebatárselo a este país y al resto de naciones que mantiene presas. ¿A quién le extraña que la mayoría de la sociedad catalana opte por la independencia? Igual que ella, la sociedad vasca cada vez tiene más claro que si no quiere verse arrastrada al precipicio debe andar su propio camino, y no se va a arredrar por un poco de fango.