La central informó de que el Ejecutivo de UPN les anunció en la reunión de ayer que impondrá los contratos parciales para las nuevas contrataciones en la Administración, lo que, en su opinión, supone «implantar por la vía de los hechos la iniciativa de minijobs que Barcina propuso en mayo».

Por medio de un comunicado, ELA añadió que el Gobierno reiteró su negativa a convocar ofertas públicas de empleo (OPE) y a cubrir las vacantes que se generen. En su opinión, son políticas que «han provocado la pérdida de 1.800 empleos públicos, en año y medio; es decir, 100 despidos al mes.

El sindicato considera que con estas decisiones, el Gobierno navarro «pretende vender como reparto de empleo la creación de un permiso sin sueldo de 3 ó 6 meses -con reducción proporcional del salario- y de un semestre sabático -en periodos de 30 meses y cobrando el 84% del salario, pero sin cotización social, en ambos casos con numerosas excepciones e imposibilidad de hacer seguimiento real sobre la efectiva creación de empleo».

ELA lamentó que el Ejecutivo no ha asumido «prácticamente ninguna» de las propuestas de los sindicatos, «continúa con sus imposiciones y lo único que persigue es la venta propagandística y política de un pacto con los trabajadores sobre el reparto de empleo» En este sentido, alertó de que negociar por separado permisos de seis meses «deja aparcadas reivindicaciones de mayor calado y que afectan a muchísimos más empleados». Puntualiza, además, que el tema de los semestres sabáticos «puede ser una medida adecuada siempre que se cubran las cotizaciones al 100%».

En su nota, ELA también hizo referencia a las centrales partidarias de firmar estas condiciones diciendo que «acordar la letra pequeña de estos permisos sin forzar al Gobierno a retirar los recortes reduce la fuerza sindical a una mera oposición retórica sin fuerza para movilizar a los trabajadores afectados».

Retirada de un expediente

Por otra parte, todos los sindicatos presentes en la Mesa General -ELA, LAB, CCOO, UGT y Afapna- exigieron al Gobierno la retirada del expediente sancionador abierto al presidente de la comisión de personal de la Policía foral.

Estas centrales defendieron la libertad sindical y de expresión, lo que deja al Ejecutivo de Barcina «en una situación de total soledad». En opinión de ELA la apertura del expediente es un caso de «persecución sindical y política contra el máximo representante de los trabajadores de la Policía foral».