Cierre por las bravas. El gobierno valenciano cierra Canal Nou para no admitir a los despedidos y para quitarse un marrón de encima. ¿O es al contrario y lo que ha hecho al precipitar el cierre es abrir la caja de los truenos? El noticiario de este canal del martes 5 de noviembre de 2013 a las ocho y media de la noche es una joya, un documento, porque se hizo con una selección de trabajadores en el plató leyendo un comunicado. Un tono político que unía la decisión de un juzgado, la venganza política del gobierno actual en Valencia, y la responsabilidad de los trabajadores colocando ante su audiencia una realidad tantas veces ocultada.

Ese documento fue reproducido la misma noche por todos los canales, incluida TVE, lo que viene a dotarle de mayor enjundia. Y a partir de ese momento los debates, las posturas encontradas, desde el impulso ante una decisión de gran calado político, hasta quienes ven un camino abierto para que TeleMadrid lo recorra si pierde en magistratura su ERE. Otra vez ante la obviedad, estos canales autonómicos son partidistas, de gran contaminación política y no responden, en estos momentos, a una demanda social suficientemente contrastada. Se ha pinchado otra burbuja, aunque hay que matizar, tanto, que se debería abrir un debate profundo porque venimos de una inercia no recalificada.

Se quiere decir que hemos reclamado muchas veces que se vuelva a pensar la utilidad social de estos entes. Su dimensión, el terreno en el que deberían jugar, los controles que serían necesarios para que cumpliera con sus objetivos fundacionales, algunos de los cuáles serían asumibles. El caso valenciano es un cúmulo de despropósitos, una cueva de latrocinios, de controles partidistas entre facciones. Se nos recuerda que hasta cinco altos cargos de ese canal están imputados por corrupción, cohecho y hasta por abusos sexuales. La deuda declarada, mil doscientos millones, es una orgía de reparto de dinero a productoras amigas. Es un instrumento adjunto a la Gürtel. Un foco de manipulación y desinformación. En este caso debería intervenir la fiscalía directamente. Y seguir todos los interesados con el debate de futuro. Allí y aquí.