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PROCESO DE DIÁLOGO EN COLOMBIA
Gobierno y FARC acuerdan blindar los derechos políticos en Colombia
El Gobierno y las FARC anunciaron un acuerdo sobre participación política, que «profundiza y robustece nuestra democracia». Las condiciones para el nuevo movimiento que surja del paso de la guerrilla a la vida política se discutirán en el marco del punto 3 de la Agenda.
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Ainara LERTXUNDI
Las delegaciones del Gobierno colombiano y de las FARC-EP comparecieron ayer junto a los delegados de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz, para anunciar el esperado acuerdo sobre las garantías para la participación política. El actual ciclo de conversaciones, el decimosexto, debía de haber concluido el sábado, pero decidieron prorrogarlo hasta el lunes, día en el que anunciaron que seguirían trabajando «arduamente» y sin descanso hasta lograr este segundo acuerdo, que se fundamenta en los siguientes puntos básicos: «Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final y acceso a medios de comunicación; mecanismos democráticos de participación ciudada- na, y medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad».
En este comunicado conjunto, defienden que «el ejercicio de la oposición política es fundamental para la construcción de una democracia amplia. Ello cobra mayor relevancia luego de la firma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías para el ejercicio de la política».
Para ello, «se convocará en un evento nacional a los portavoces de partidos y movimientos políticos para integrar una Comisión que defina» junto a portavoces de «organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos» los contenidos de un futuro Estatuto de la Oposición, una de las exigencias de las FARC.
También hablaron de forma genérica de «medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos».
En aras a «promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto», acordaron la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.
En cuanto a «las condiciones particulares» para el nuevo movimiento que surja del paso de las FARC a la vida política, indicaron que éstas se discutirán en el punto 3 de la Agenda, aunque destacaron que el acuerdo incluye «un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política y para crear un clima de convivencia y tolerancia», especialmente, hacia ese futuro movimiento.
En la posterior comparecencia que ofrecieron por separado, como viene siendo habitual desde la constitución formal de la mesa de diálogo en Oslo el 18 de octubre de 2012, el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, remarcó que lo acordado «representa una nueva apertura democrática» y que el fin del conflicto «abre la puerta a la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos y a un mayor pluralismo, para lo cual se desligará el reconocimiento de personería jurídica de la exigencia del umbral electoral. Con el mismo criterio de abrir nuevas fronteras a la democracia, reconocemos la presencia de los movimientos sociales en la vida nacional».
«La nueva apertura democrática para la paz requiere cumplir el viejo anhelo de consolidar los derechos de la oposición, y reconocer y tramitar pacíficamente la irrupción de los movimientos sociales, para lo que el Gobierno y las FARC pactan la elaboración de un Estatuto de la Oposición», incidió. Adelantó que en los próximos días darán a conocer un informe conjunto «más detallado» de los principales acuerdos alcanzados en este punto.
Por su parte, el jefe de la delegación de la guerrilla, Iván Márquez, resaltó la importancia de este documento, en el que «hemos acordado que el Gobierno garantizará los espacios para el ejercicio pleno de derechos como a la reunión, la libre circulación, la libre expresión, la libertad de conciencia y la libertad de oposición, sin ningún atropello». «Estos aspectos y muchos otros nos dan el optimismo para avanzar en los debates para la firma de la paz y la terminación del conflicto. Aún falta mucho para la expansión de la democracia para la reconciliación. Este no es un proceso de sometimientos pero si avanzamos por la senda de la transformación, la paz será una realidad», remarcó.
La próxima ronda de conversaciones comenzará el 18 de noviembre y se centrará en el tema de la «solución al problema de las drogas ilícitas».