El acuerdo alcanzado por el Gobierno colombiano y las FARC indudablemente supone un importante y en principio positivo avance tanto por su contenido como por que supone un paso en las negociaciones entre ambas partes. Se trata de un compromiso público acerca de las garantías para la participación política que recoge la defensa de la oposicion política como «fundamental para la construcción de una democracia amplia» y el ejercicio con garantías de esa oposición, y en particular para los movimientos que surjan tras la firma del Acuerdo Final. Las delegaciones del Gobierno de Colombia y de las FARC-EP se refirieron también a medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo que conlleva el respeto a todas las ideas. Todo ello debería evitar que la persecución y aniquilación que padeció la Unión Patriótica no se repita con ningúna otra formación que pueda surgirPero tampoco las amenazas, el acoso y los ataques -que incluso han causado muertes- que durante este año ha sufrido la Marcha Patriótica. Un avance positivo, pero con reservas, toda vez que el asunto más espinoso, las condiciones para el movimiento que resulte del paso de las FARC a la vida política, se han pospuesto para el punto 3 de la Agenda. Reservas que, en cualquier caso, son previsibles en un proceso de esa importancia.