La muerte de Augusto Pinochet, uno de los tiranos más crueles de fines del siglo XX, sin nunca haber sido condenado, no es más que el fruto final de una política deliberada y conscientemente planificada por parte de las autoridades políticas y judi- ciales chilenas. Durante años su táctica ha consistido en postergar, tergiversar y complicar los procesos legales que afectaban al ex dictador, con el fin de dejar que el tiempo pasara y que la muerte viniera a zanjar lo que ellas jamas se atrevieron a enfrentar. Así fue cómo su deceso terminó absolviéndolo de toda falta, ha- ciendo de un reconocido criminal un ciudadano legalmente inocente.

La actitud de las autoridades chilenas constituye la negación más abierta y flagrante del compromiso moral y jurídico que el Gobierno de Chile suscribiera con las autoridades británicas cuando buscaban anular la detención del tirano en Londres. En efecto, con el argumento de que en Chile imperaba la democracia y de que los tribunales hacían normalmente su trabajo, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1995-2001) y su mi- nistro de Exteriores, José Miguel Insulza, actual secretario general de la OEA, se comprometieron a juzgar y a condenar al tirano en su propio país. En ese momento, muchos de nosotros pusimos en duda tales promesas. Desgraciadamente, la historia nos ha dado razón.

El Chile actual

Para explicar este desenlace y el contexto general que lo ha hecho posible, es preciso recordar dos características esenciales del Chile actual. La primera tiene que ver con la propia naturaleza de la coalición gobernante. La «Concertación democrática», compuesta esencialmente de socialistas, emparentados, al menos por el nombre, con el que fue el partido del presidente Allende, y de demócrata-cristianos, que constituyeron el sector más importante y organizado de la oposición al régimen de la Unidad Popular. Formada por este matrimonio con pasado tan opuesto, la Concertación democrática no puede afrontar seriamente ninguna investigación sobre los crímenes de la dictadura sin introducir una peligrosa amenaza de división en la pareja gobernante. La segunda característica de la realidad chilena es el espíritu neo-liberal que une a la clase política oficial. Enmarcada por las estrictas «leyes del mercado», la economía chilena tiene como principales (únicos) objetivos: la productividad, el crecimiento y la competencia comercial, metas imposibles de alcanzar sin un mínimo de tranquilidad y paz social. Ahora bien, todo proceso que pueda castigar, o sólo poner en aprietos, a los constructores de este modelo económico: ex ministros de Pinochet, militares en retiro, parlamentarios de la derecha, antiguos dignatarios de la dictadura, empresarios enriquecidos al alero del tirano, etc... constituye una amenaza a la estabilidad del país y por ende un atentado contra la prosperidad del modelo.

Sentimiento anti-español

Blandiendo falsos argumentos patrióticos que simulan nutrirse en las antiguas luchas por la independencia, los sectores «ultras» del pinochetismo agonizante han centrado sus odios más virulentos en la ex «Madre patria». Esta virulencia, de la que entre otras manifestaciones, ha sido víctima una corresponsal de TVE en Santiago, se explica sobre todo por dos razones. La primera es el sentimiento de los sectores claramente fascistas que de alguna manera la transición española es la responsable del modelo político implantado en Chile. Esta experiencia, que no les ha castigado ni condenado, pero ha terminado aislándoles y marginalizándoles, ha transformado a España y a los españoles en blanco de sus recriminaciones. Las actuaciones del juez Baltasar Garzón en el caso Pinochet han sido la gota que ha colmado el vaso, representado para esos sectores ultras una intromisión intolerable y una ingerencia insoportable. Sin embargo, los sectores verdaderamente progresistas no desconocen el rol bastante más que ambiguo jugado en la península por dicho magistrado-estrella.

El largo camino hacia la verdad y la justicia

La impunidad de Pinochet no debe hacernos olvidar los procesos contra cientos de torturadores y criminales de la dictadura, actualmente en curso.

En el exterior, el único juicio que podría haber condenado a Pinochet es el que le sigue la justicia francesa. El proceso incluye una lista de un poco más de una docena de inculpados, entre los que se encuentran los principales secuaces del tirano. Privado de su principal acusado, ese proceso seguirá su curso y si las autoridades galas no entraban su procedimiento, durante el año 2007, todos esos personajes deberán ser condenados a pesadas penas por contumacia (ausencia).

Justicia, historia y honor

La presidenta Bachelet rehusó claramente toda ceremonia oficial dedicada al sátrapa. La digna decisión presidencial ha venido a compensar la frustración vivida por las víctimas que han visto morir al tirano en su cama, como un honesto ciudadano, rodeado de su familia y del Cardenal-arzobispo de Santiago Monseñor Errazuriz.