Algunos dirán que es masoquismo. Otros pensamos que es realismo saber que cuando estás en las gradas de San Mamés o paseando en la calle Dato o en la Plaza del Castillo, más de una de cada cien personas que ves ha sido detenida, por motivos políticos, desde la muerte de Franco. Que una de cada cien personas que te encuentras y no conoces, nada menos que 35.000 en este pequeño país, ha sido entorno, grupo Y, insumiso o colaborador necesario.

De éstos, a 9.000 se les ha aplicado la incomunicación por varios días y alrededor de 7.000, los más silenciosos, los que menos quieren hablar, tienen una historia oculta que con frecuencia les produce un flash breve y frío, y que sólo han contado a sus más íntimos porque duele dar vueltas en la noria del recuerdo. Estos son los torturados o que han denunciado ante el juez o públicamente haber sido torturados. Ya sabemos que el manual de ETA dice que hay que denunciar torturas aunque sea mentira, pero siete mil denuncias son muchos lectores para un manual.

Y ahora que, dicen, soplan vientos de cambio y se abren vías de solución, los más silenciosos son los más silenciados. Ellos no hablan porque todos tenemos un mecanismo psicológico de defensa que nos hace evitar la angustia y los recuerdos dolorosos y enloqueceríamos si no tuviéramos esa amnesia parcial. El resto no habla de ellos por vergüenza o por incomodidad. Porque es desagradable o políticamente incorrecto airear temas escabrosos. Así, mientras se dice de arbitrar soluciones para los presos y las víctimas, un manto de silencio espeso oculta la tortura, como si nada hubiera pasado.

No se trata de aguar la fiesta ni de poner palos en las ruedas de ningún carro que se mueva; todo lo contrario. Se trata de que la fiesta sea para todos y que los torturados recibamos una reparación o un reconocimiento y se dignifique socialmente nuestro sufrimiento y nuestra lucha.

Y esto no será posible si los afectados no somos capaces de juntar nuestras voces y lanzar un grito que atraviese ese muro de silencio; un irrintzi tan potente que nadie pueda tapar. Para ello los interesados hemos de ser capaces de juntarnos, censarnos, reconocernos y hablar no sólo del pasado sino de lo que hay que hacer para acabar con esta impunidad, para que no se repita en nadie más lo que nos hicieron a nosotros.

Lo prioritario es acabar con la incomunicación, socializar que el aislamiento cinco días sin testigos ni médicos ni abogados de confianza no sólo posibilita la tortura sino que está expresamente diseñado para practicarla y para que sea imposible demostrarla; que quien quiere declarar voluntariamente no necesita ni cinco horas y que cinco días son necesarios para arrancar una confesión al precio que sea y no dejar huellas.

Hasta ahora ante una detención con incomunicación siempre hemos dado respuestas locales; asamblea en el centro de estudio o trabajo, manifestación, carteles... con los resultados que conocemos. Ha sido y es un esfuerzo admirable y necesario pero no ha sido suficiente. Nos ha faltado una respuesta global, general. Una asociación amplia con la fuerza y la representatividad suficiente para hacer de interlocutor con las instituciones; para presionar a los colegios de médicos y abogados y que no les salga gratis su indiferencia; para que Arartekos y responsables de derechos humanos no cenen tranquilos mientras haya detenidos en alguna comisaría y sus familiares desconozcan su parade- ro; para exigir a los gobiernos de Gasteiz e Iruñea que no se aplique la incomunicación en sus territorios; para que los interrogatorios se hagan bajo control judicial...

Una Asamblea que sea referente para acabar con tribunales de excepción como la Audiencia Nacional y la legislación excepcional contra la disidencia vasca. Una asociación que quizá ha de ser legalizada para que exija subvenciones, apoyo psicológico y médico para los detenidos, presencia en foros internacionales... Una asociación que represente a la mayoría de los torturados sin sustituirlos y que si el proceso de solución avanza, sea capaz de poner en pie una Comisión de la Verdad para que se sepa públicamente dónde, cómo y a cuántos se ha torturado; quiénes fueron los ejecutores materiales y los responsables policiales, políticos y judiciales. Para romper el silencio. Para que nunca se repita. -