DONOSTIA
Faltaban pocos minutos para las siete y media de la tarde cuando Arnaldo Otegi, Juan Joxe Petrikorena y Juan Mari Olano dejaban atrás los muros de la prisión de Soto del Real. Los dos últimos han permanecido en ella durante las tres últimas semanas, mientras que el portavoz de Batasuna ingresó en la cárcel en la noche del 29 de marzo. En el exterior aguardaban su salida, entre otros, los mahaikides Jone Goirizelaia y Karmelo Landa, el secretario general de LAB, Rafa Díez, el portavoz del movimiento pro amnistía Jon Enparantza, así como familiares, amigos y simpatizantes abertzales con ikurriñas.
Nutrida era asimismo la presencia de medios de comunicación, que tenían preparado un ramillete de micrófonos para recoger las primeras impresiones de los excarcelados. Ante los requerimientos de la prensa, Otegi se encogió de hombros y anunció que no iban a realizar declaraciones.
Sin más dilación, las personas desplazadas hasta la cárcel madrileña y los tres dirigentes independentistas montaron en sus vehículos y emprendieron el camino de regreso a EuskalHerria.
Su salida de prisión era esperada desde que, poco después de las 14.00 horas, el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional española confirmara que sus defensas habían depositado en una entidad bancaria los 650.000 euros que sumaban las tres fianzas.
Por la mañana, Karmelo Landa ya había adelantado en una tertulia radiofónica que, si todo se desarrollaba según lo previsto, los tres presos saldrían a la calle en cuestión de horas.
Cuando el Ministerio de Justicia comunicó al juez Fernando Grande-Marlaska que el dinero había sido ingresado en la denominada «Cuenta de Consignaciones y Depósitos», el magistrado remitió un exhorto al Juzgado de Colmenar Viejo (Madrid) de la que depende la prisión de Soto del Real decretando la puesta en libertad.
Desde esta localidad se envió a la cárcel un agente judicial con los pertinentes autos. Tras cumplimentar los trámites obligados, los tres dirigentes independentistas abandonaban la prisión. Otegi deberá regresar a Madrid pasado mañana para ser juzgado en la Audiencia Nacional por haber participado en un acto de recuerdo a José Miguel Beñaran, Argala, que tuvo lugar en Arrigorriaga en diciembre de 2003. La Fiscalía le acusa de «enaltecimiento del terrorismo» y pide 15 meses de prisión.
«Por denunciar la dispersión»
Antes de hacerse efectiva la excarcelación, Batasuna remitió una nota de prensa en la que subrayaba, en primer lugar, que estas tres personas ingresaron en prisión «por denunciar la dispersión. Una política que provocó los asesinatos de los prisioneros vascos Igor Angulo y Roberto Sainz. Se convocó una jornada de huelga y movilizaciones para denunciar estos asesinatos y, como consecuencia, el juez Grande-Marlaska encarceló a los tres militantes abertzales».La formación independentista recordó que, en este lapso de tiempo, se produjo el anuncio de alto el fuego por parte de ETA, calificado como «un paso importante en el camino de la superación del conflicto».
«El Estado y su gestor, el PSOE, han mantenido sin embargo la represión y las medidas que alargan el conflicto», denunció Batasuna, que tachó de «política de extorsión y robo contra la izquierda abertzale» la cantidad de dinero a abonar en concepto de fianzas.
«El PSOE debe saber que la extorsión, el robo y los ‘atentados’ continuos contra el proceso de resolución del conflicto han de terminar, ya que una sola parte no puede ponerlo todo a la hora de garantizar unas condiciones democráticas».
La formación abertzale afirmó que «es el momento de configurar una mesa de partidos que busque una solución a través del acuerdo. Así nos lo pidió la sociedad vasca el pasado sábado en Bilbo y Batasuna acepta ese reto. Pero que los estados y el PSOE sepan que la izquierda abertzale hará frente con firmeza a todos los ataques, al tiempo que llama a responder como pueblo».
«Inductores», según el juez
Juan Mari Olano, Juan Joxe Petrikorena y Arnaldo Otegi se hallaban encarcelados bajo la acusación de ser «inductores» de los «hechos criminales» ocurridos durante la jornada de huelga y movilizaciones del pasado día 9 de marzo. Unos «hechos» que, según el auto del juez Grande-Marlaska, abarcaban desde el reparto de octavillas hasta los avisos de bomba en nombre de ETA. La «prueba» en las que se basaba el magistrado era la presencia de los tres en la rueda de prensa en la que se convocaba la huelga, siendo Otegi el único que tomó la palabra.
Este último fue citado por el juez para asistir en primer lugar. Sin embargo, su comparecencia fue aplazada por enfermedad. El 15 de marzo acudió a la Audiencia Nacional Juan Mari Olano. Grande-Marlaska ordenó su ingreso incondicional en prisión.
Un día más tarde comparecieron JuanJoxe Petrikorena, Pernando Barrena, Rafa Díez y Arantza Zulueta. El primero fue enviado a la cárcel. Por su parte, Barrena y Díez quedaron en libertad, pero tuvieron que abonar sendas fianzas de 200.000 y 100.000 euros, respectivamente. No se adoptó medida alguna contra la abogada Arantza Zulueta.
El miércoles 22, coincidiendo con el anuncio de alto el fuego permanente por parte de ETA, se personaba en Madrid el mahaikide Joseba Alvarez. El magistrado le dejó en libertad tras reconocer que el informe de la Guardia Civil que situaba a Alvarez en la rueda de prensa era «un error».
Una semana más tarde y ya recuperada su salud, fue el turno de Arnaldo Otegi. La Fiscalía, que llevaba semanas anunciando que pediría prisión incondicional, modificó finalmente su postura y solicito cárcel eludible bajo fianza de 100.000 euros. Grande-Marlaska elevó esta cantidad hasta 250.000 euros y, contrariamente a lo sucedido con Barrena y Díez, ordenó el ingreso en prisión hasta que el pago se hiciera efectivo. En el mismo auto, modificaba la prisión incondicional de Olano y Petrikorena y estipulaba para ambos sendas fianzas de 200.000 euros.
Acto político en Urretxu
La localidad guipuzcoana de Urretxu acogió ayer un acto político enmarcado dentro de la campaña para socializar la propuesta «Orain herria, orain bakea». Asistió un centenar de personas y se realizó un homenaje a familiares de presos. Posteriormente se llevó a cabo una manifestación.I.I.
DONOSTIA
El Boulevard de Donostia acogerá mañana a partir de las 12.00 una manifestación convocada bajo el lema «Eskubide zibil eta politikoen alde». El llamamiento a esta movilización fue realizado ayer por cerca de una veintena de personas de Donostialdea, cuyo objetivo es denunciar las «continuas vulneraciones» de dichos derechos «por parte de los estados español y francés».
En este contexto ubicaron hechos como el encarcelamiento de dirigentes abertzales, la imposición de fianzas millonarias o la prohibición del acto político de Batasuna previsto para mañana, también en la capital de Gipuzkoa.
En la rueda de prensa que tuvo lugar ayer, este grupo de personas tildó de «muy graves» estos ataques, dirigidos a su juicio a «dificultar y condicionar el nuevo tiempo político que se está abriendo paso en Euskal Herria. Son intentos para hacer descarrilar esa nueva fase que nos lleve a la resolución del conflicto en parámetros democráticos, haciendo caso omiso a las ansias de solución de la mayoría de la población vasca».
En el manifiesto al que dieron lectura se subrayaba que «los tiempos de la represión y la negación han fracasado, y por lo tanto no valen. Este pueblo quiere y exige soluciones. Este pueblo necesita justicia y por lo tanto nos corresponde trabajar en la búsqueda de soluciones con palabras, pero también con hechos».
Añadieron que «este nuevo escenario que se está abriendo no lo podemos dejar al albur de la negación y la represión de los dos estados. Es hora de respetar la voluntad mayoritaria de esta sociedad; es la hora de oír la palabra de este pueblo».
Por otra parte, la organización juvenil Segi mostró su respaldo a esta convocatoria y llamó a la juventud de EuskalHerria a «responder ante los ataques» manifestándose mañana por las calles de la capital guipuzcoana.
