Cuando el consejero de Industria del Gobierno de Iruñea, José Javier Armendariz, dice que no espera «más que consecuencias negativas» del rechazo de su propuesta de arbitraje por parte del comité de empresa y de la dirección de Volkswagen, ¿a quién tiene en mente? Porque las consecuencias negativas no lo serán en ningún caso para la empresa multinacional, al menos no en la misma medida que para los trabajadores. Si lo dice como muestra de solidaridad hacia éstos, no lo ha demostrado al presentar su propuesta, más encaminada a dividirlos que a la consecución de un acuerdo mínimamente satisfactorio.

No es una táctica nueva. Ni es nueva la dependencia creada en torno a esta empresa en el herrialde, en gran parte por la nefasta política económica del Gobierno de Nafarroa: la falta de diversificación de la economía, de una planificación propia, en definitiva. Todo ello ha llevado a que ciertas empresas que se instalan en Nafarroa encuentran unas condiciones idóneas que, por cierto, no conllevan contrapartida ni compromiso alguno, tal y como estos días estamos observando.

Es habitual escuchar a los empresarios utilizar la palabra chantaje. Y es tal la manipulación del lenguaje que resulta difícil denominar la actitud del consejo de administración de la multinacional alemana, cuya voluntad negociadora queda reflejada en el ultimátum con fecha de caducidad, según el cual, de no lograrse un acuerdo, la planta de Iruñea «podría dejar de ser la principal alternativa para la fabricación del sucesor del Polo». El Gobierno de Nafarroa, por su parte, al valorar el rechazo a su propuesta de arbitraje, daba por bueno dicho ultimátum. Y, dado que vivimos en el mundo libre, es decir, en el mercado libre, la dirección de Volkswagen amenazó con aplicar «un proceso de desaceleración de inversiones» en Iruñea.

Tales métodos recuerdan a los de los maestros franquistas: el castigo está en marcha y «cuanto más se tarde en pasar por el aro, peor para todos». Ante la amenaza, los sindicatos que conforman la mayoría en el comité de empresa, LAB, CCOO y CGT, respondían al unísono al laudo, para aclarar que cualquier acuerdo fruto de la negociación será decidido por la plantilla en referéndum. Cuando acaban de hacerse públicos varios informes acerca de la precariedad en Euskal Herria, el conflicto en Landaben da prueba de la pretensión de erigir empresas al margen de los derechos laborales. -