José Luis Rodríguez Zapatero anunció ayer que su gobierno está ya dispuesto a iniciar un diálogo con ETA. La declaración, que se oficializará en el Congreso de los Diputados, es importante porque, junto con el alto el fuego permanente decretado por la organización armada vasca, abre uno de los caminos por los que debe transitar el proceso de paz y de normalización democrática. A nadie se le oculta que tanto ETA como el Gobierno español tienen un papel fundamental en muchos aspectos de ese proceso.

Pero ésta no es ni sólo ni principalmente una pugna entre ETA y el Gobierno español. En Euskal Herria hay un conflicto político que requiere de soluciones que deben ser abordadas en Euskal Herria por el conjunto de agentes políticos de este país. Y dado que la práctica totalidad de las fuerzas parecen admitir que la fórmula para afrontar esa cuestión es la puesta en marcha de un foro multipartito, resulta ya inaplazable que los partidos vayan adquiriendo compromisos, desde hoy mismo, en ese sentido. También ahí José Luis Rodríguez Zapatero tiene un papel: aquel que como secretario general del PSOE quieran otorgarle PSE y PSN. Como presidente del Gobierno, lo que le corresponde en ese ámbito es respetar lo que se decida en esa mesa y sea refrendado por los vascos y vascas. En ese sentido, debería precisar más sus palabras de ayer en el BEC. No basta con que Zapatero le diga a la ciudadanía vasca lo que debe o no debe hacer, su papel en este momento pasa por adoptar compromisos firmes sobre lo que hará su Ejecutivo ante la palabra de la ciudadanía vasca expresada libre y democráticamente. Si, como dijo ayer en Barakaldo, «claro que los vascos van a decidir su futuro», también deberá decir con claridad meridiana que la ley y el marco se adaptarán a las exigencias de la nueva situacion.

Por otra parte, lo que no resulta de recibo es el discurso del Gobierno y del PSOE poniendo a otros deberes en el terreno de la ética y de la política. Sólo desde la más absoluta desmemoria puede decirse que en el PSOE se ha sufrido mucho después de «no haber hecho nunca daño a nadie». A buen seguro las víctimas de los GAL, los miles de torturados durante mandatos del PSOE, los presos cuyos derechos eran antes y son hoy conculcados, los afectados por el plan ZEN y tantos otros planes de contrainsurgencia, incluido el espionaje ilegal a partidos, todos ellos tendrán otra opinión. Quienes han conculcado y todavía conculcan tantos derechos fundamentales, no pueden expender certificados de buena conducta. -