El pasado 9 de mayo el Gobierno del PSOE, la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO firmaron en Madrid el texto de una nueva reforma laboral. Desde que en 1980 fue aprobado el Estatuto de los Trabajadores, pocos han sido los avances consolidados y demasiados los recortes aplicados a los derechos laborales, conseguidos tras muchos años de lucha. Las cinco reformas laborales anteriores (la última la de 2001) han caminado en esa misma dirección, y hoy día seguimos añorando derechos perdidos.

Otro dato significativo es que dichas reformas han sido planteadas por gobiernos diferentes. Nos estamos acostumbrando a que las instituciones se plieguen a los intereses de las empresas, a quienes parecen servir. El impulso neoliberal ha legitimado que el poder se ponga al servicio del capital, lo que está muy claro en el caso de las instituciones de la CAV y Navarra: Las patronales son aliadas y los sindicatos enemigos.

Es un enfrentamiento desigual. Por una parte, una clase empresarial que goza año tras año de un aumento desaforado de beneficios y presiona continuamente para recortar sus cotizaciones y devorar los servicios públicos, únicas actividades económicas ajenas hasta ahora a la lógica del mercado. Por otra, una nueva clase trabajadora, hija de la eventualidad y el empleo de baja calidad. Maniatada por la precariedad, con jugadores conocidos: contrato basura, ETT, doble escala salarial, siniestralidad y, el más antiguo, el despido. El árbitro, la Administración, comprado, porque tiene acciones en uno de los equipos.

Con el presente panorama CCOO y UGT han acabado dando por buenas medidas que juzgaron inacep- tables al comienzo del proceso, hace más de 14 meses. Deberán explicar a la clase trabajadora de todo el Estado las razones de dicha metamorfosis. Pretendidamente se busca estimular la creación de empleo estable. En realidad se cambian las reglas de juego para poder seguir sosteniendo la flexibilidad laboral, panacea de no sabemos qué.

La lucha contra la eventualidad se sustenta en dos pilares: modificación del modelo de contratación y freno a la subcontratación. No puede considerarse eficaz la extensión casi generalizada del contrato de fomento de contratación in- definida (que acarrea un despido más barato) sino todo lo contrario: sustituirá al contrato fijo ordinario y las tasas de eventualidad se mantendrán en los niveles actuales, pero de manera más precarizada (mucha mayor movilidad, ante la imposibilidad de encadenamiento de contratos). Por otra parte, la subcontratación ha sido y es una de las causas que provocan mayor precariedad y, sin embargo, esta reforma laboral no ha dicho nada sobre esto.

Una mayoría sindical y política que no es la mayoría sindical y política de Euskal Herria se siente legitimada para establecer las reglas con las que regirnos las trabajadoras y trabajadores vascos. Es un buen momento para reflexionar sobre los límites del actual modelo de Estado y recordar que la construcción de un marco propio de relaciones laborales es algo más que un componente del corpus soberanista. Necesitamos un espacio sociolaboral vasco porque, aunque vemos que las fuerzas políticas que gobiernan en la CAV y Navarra serían capaces de confeccionarnos reformas laborales iguales o peores que las que nos impone Madrid, existen elementos diferenciados en nuestra realidad sindical que nos permiten mirar con optimismo al futuro: diferente relación de fuerzas, niveles eficientes de sensibilización o capacidad de lucha y, sobre todo, unas organizaciones sindicales que perciben que la defensa de un modelo social es parte primordial de su acción. El rechazo a la nueva reforma es un excelente momento para demostrarlo. -