«Hay impulso político» tras la ilegalidad de La Paz, valora Herria de Barakaldo
Sendas sentencias del TSJPV y del Juzgado número 4 de lo contencioso han declarado nulo el proyecto de reparcelación de La Paz. Según Herria, que ha pedido a los mandatarios del Ayuntamiento de Barakaldo depurar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido, tras la ilegalidad ha habido «impulso político para beneficiar a una empresa».
BARAKALDO
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de mayo de 2005 había estimado el recurso interpuesto por una afectada sobre un proyecto de reparcelación en la unidad de ejecución RI02, en La Paz, Barakaldo. La sentencia declaró nulo el proyecto de reparcelación «por haberse otorgado su aprobación definitiva, cuando el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) carecía de eficacia jurídica».Sin embargo, las viviendas resultantes de esta actuación 318, de las que 220 son libres se siguieron construyendo. En marzo de 2006, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Bilbo, en virtud de la demanda presentada por otros dos afectados, dictó otra sentencia que reitereba la nulidad del procedimiento. Un mes más tarde, el alcalde, Tontxu Rodríguez, firmó un decreto en el que señalaba que van a cumplir ambas sentencias. Ricardo García y Txiki Castaños, en nombre de Herria, se preguntaron «cómo técnicos municipales y cargos de confianza han podido cometer un fallo de esta gravedad, teniendo en cuenta su experiencia» y pidieron a los mandatarios municipales esclarecer lo ocurrido, «adoptar medidas si hay funcionarios implicados y echar a cargos de confianza que pudieran tener responsabilidad». El hecho de que se siguiera construyendo, pese a la sentencia que declaró la nulidad el fallo cree relevante que el PERI se publicara meses después de la reparcelación y recoge, en sus fundamentos de derecho, que se va a interesar en la demanda la nulidad del PERI por falta de legitimidad de Abaroa SA para presentarlo y otros datos, sugieren a Herria que «la razón de la ilegalidad es un impulso político, con origen en la Corporación presidida por el alcalde Carlos Pera, y su responsable Moyano, y con extensión al actual gobierno PSOE-PP, que perseguía beneficiar a un empresa en concreto». La sospecha de que «se haya podido favorecer un ‘pelotazo’ urbanístico se pueden extender a otros casos de proyectos urbanísticos», manifestaron los portavoces de Herria que valoraron, además, que lo que pueda ocurrir a partir de ahora es «imprevisible». Herria cree que con los retrasos en la entrega de los pisos «se ha estado desviando la atención» y adelantaron que «se debe acometer otro proceso que culmine en una nueva publicación y quizá surjan nuevas demandas de los propietarios que no se sabe quién las va a pagar». En este sentido, recomendaron a los compradores que se unan ante la situación creada.
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