La Policía francesa detuvo ayer a dos presuntos militantes de ETA en un «control rutinario» a las afueras de Burdeos. Estos arrestos se suman a la operación policial desarrollada, el pasado martes, en Lapurdi y Nafarroa Beherea, a resultas de la cual tres ciudadanos vascos, Jon Oihenart, Ainara Goñi y Beñat Trounday, tras permanecer incomunicados en dependencias policiales en Baiona, ayer fueron trasladados a París.

El intento del Gobierno francés de mantenerse al margen del proceso político que se abre en Euskal Herria salta por los aires cuando, transcurridos dos meses desde que ETA hiciera público su alto el fuego permanente, la única aportación palpable de París a los nuevos tiempos pasa por activar a su «sección 14 antiterrorista».

Desde ese tribunal especial, la juez Laurence Le Vert ha recurrido a una rogatoria de 2003 para ordenar a la Policía el arresto de tres ciudadanos en Hendaia, Ziburu e Izturitze. Las detenciones, producidas en la víspera de la comparecencia en la Audiencia Nacional española de ocho representantes de Batasuna, dibuja un cuadro de similitudes, con dos estados que se resisten a prescindir de los instrumentos que han utilizado durante décadas sin haber logrado el objetivo de hacer desaparecer el conflicto político que afecta a Euskal Herria.

De ahí que no sea de recibo aludir a «cuestiones coyunturales» para explicar actuaciones judiciales y policiales que no van en la dirección de posibilitar un proceso democrático en Euskal Herria que, para llegar a buen puerto, debe garantizar que los ciudadanos de Euskal Herria no estén sujetos al «tutelaje» permanente de las fuerzas de seguridad, a fin de que, sin injerencias externas, puedan acordar el estatus que quieren para su país.

Por lo tanto, no es la de la renuncia a la razón de la fuerza por parte de los estados una cuestión secundaria, ni un tema a postergar en la reflexión global sobre el proceso político, sino más bien una cuestión a tener muy presente. La decisión de no adoptar nuevas medidas contra los mahaikides de Batasuna ­salvo en el caso de Joseba Permach­ no debe hacer olvidar que estas personas tienen una permanente espada de Damocles sobre sus cabezas (fianzas, citaciones pendientes...) y continúan con las mismas dificultades para ejercer su actividad política, pese a ser interlocutores necesarios. La noticia que la sociedad vasca espera es que no vuelvan a pisar más la Audiencia Nacional española. -