Los ocho mahaikides de Batasuna, en libertad tras pasar ante el juez
·La Fiscalía no pidió medidas cautelares y el magistrado sólo se las impuso a Permach
Hasta medianoche esperó el juez Fernando Grande-Marlaska para dar a conocer su decisión sobre los ocho mahaikides de Batasuna que han pasado por la Audiencia Nacional esta semana. Todos ellos regresaron a Euskal Herria en libertad, aunque el juez impuso a Joseba Permach la obligación de personarse diariamente en dependencias de la Ertzaintza. La Fiscalía había solicitado que no se modificara la situación procesal de los imputados alegando, entre otras razones, que «las normas deben ser interpretadas atendiendo a la realidad social del momento en que son aplicadas».
MADRID-DONOSTIA
Los mahaikides de Batasuna Arnaldo Otegi, Jon Gorrotxategi, Karmelo Landa, Rufi Etxeberria, Joseba Alvarez, Juan Kruz Aldasoro, Pernando Barrena y Joseba Permach quedaron ayer en libertad tras una maratoniana jornada en la Audiencia Nacional española. El juez Fernando Grande-Marlaska decretó como medida cautelar para Joseba Permach la obligación de personarse a diario en una comisaría de la Ertzaintza y la prohibición de abandonar el Estado español. Además, el magistrado da por «verificado» que han existido «comparecencias públicas importantes convocadas por miembros de la ilegalizada Batasuna». Por ello, encomienda «a los Cuerpos y Fuerzas del Estado» que «adopten las debidas medidas para evitar su celebración y caso de iniciados su desarrollo». El reloj rondaba la medianoche cuando los letrados de la AVT y de Dignidad y Justicia salían de la Audiencia Nacional fueron los primeros en hacerlo y comunicaban a los medios la noticia de forma definitiva. Anteriormente todo eran rumores. El primero hablaba de que quedarían todos libres excepto Joseba Permach. Pero más tarde se empezó a difundir que ninguno iría a la cárcel, lo que se vio confirmado después. Los ocho mahaikides, junto a sus letrados, salieron de la Audiencia Nacional cuando pasaba un cuarto de hora de las 0.00, se montaron en dos furgonetas y enfilaron rumbo a EuskalHerria. Una docena de personas que aguardaba en las inmediaciones tuvo tiempo de lanzarles algunos insultos, a los que Permach respondió saludando con el puño en alto. El argumento utilizado por el magistrado para ordenar que éste último acuda todos los días ante la Policía autonómica radica en unas manifestaciones realizadas por este portavoz abertzale la pasada semana, cuando expuso que si los ocho mahaikides eran encarcelados el proceso entraría «en situación del bloqueo». Durante una entrevista concedida a Radio Euskadi, el protavoz abertzale constató que «Rubalcaba y los asesores de Zapatero están estirando mucho de la cuerda, y ellos sabrán lo que están haciendo. El PSOE, y algún otro que le ayuda permanentemente, intentan retrasar, condicionar y no se sabe si sabotear el diálogo para la resolución del conflicto». En sus declaraciones, Permach insistió en remarcar que la actitud del Gobierno español respecto a Batasuna durante los dos últimos meses está poniendo «al borde del colapso» la posibilidad de abrir un proceso político en Euskal Herria.
«Plan orquestado por ETA»
En los «razonamientos jurídicos» del auto, Grande-Marlaska mantiene su tesis de que las iniciativas de la izquierda abertzale «son consecuencia de un plan orquestado por el conjunto del entramado de la organización terrorista ETA, obligando a los poderes legítimos a negociar y asumir sus exigencias como condición indispensable del cese definitivo del ejercicio de la violencia».Por ello, rechaza que las prohibiciones de actos de Batasuna y las iniciativas judiciales contra sus integrantes traten de «cercenar, ni limitar el ejercicio legitimo de los derechos civiles y políticos». No obstante, apunta que en lo referente al «delito de amenazas terroristas objeto de imputación» no existe la «necesaria univocidad para acordar las medidas cautelares instadas por las acusaciones particulares», aunque «existan concretos indicios racionales de criminalidad». «Apoyo al cese de la violencia» Las tesis del juez difieren totalmente de las de la Fiscalía, que en su escrito defendió que las actividades realizadas por los ocho imputados no pueden estar «incardinadas en el delito de integración en organización terrorista», al considerar que los objetivos de las mismas son «recuperar la presencia institucional de la formación ilegalizada Batasuna en la vida política, así como apoyar la situación actual de cese de la violencia y la consecución de la misma con carácter definitivo». Fue el propio fiscal Jesús Santos, en un gesto inusual, quien invitó a los periodistas al interior de un despacho para explicarlas razones de su posición. Cabe recordar que fue la propia Fiscalía la que puso en marcha estas comparecencias. Además de los argumentos ya mencionados, señala que «no cabe obviar el hecho de que las normas deben ser interpretadas atendiendo a la realidad social del momento en que son aplicadas». En relación con el «delito de amenazas terroristas», la Fiscalía entiende que «no se dan los presupuestos típicos de la mencionada figura delictiva». «Se trata de declaraciones de contenido únicamente políticoañade, amparadas en el derecho fundamental a la libertad de expresión». Para Santos, estas expresiones «no entrañan en sí mismas advertencia alguna al uso de la violencia», ya que son «expresiones personales donde se vierten apreciaciones y opiniones sobre posibles consecuencias políticas de una hipotética medida cautelar, expresiones relacionadas con el denominado proceso de paz y que hay que situar en el contexto de confrontación política, junto con las diferentes opiniones y valoraciones que en dicha situación se han realizado por miembros de otras formaciones políticas».
Permach remarcó el contenido sólo político de sus afirmaciones
I.B.-I.I.
MADRID-DONOSTIA La jornada en la Audiencia Nacional española comenzó sobre las 16.00. A esa hora entraban en la sede judicial no sólo los cuatro mahaikides citados para una hora más tarde Joseba Permach, Joseba Alvarez, Juan Kruz Aldasoro y Pernando Barrena, sino también los otros cuatro que ya comparecieron el miércoles: Arnaldo Otegi, Karmelo Landa, Rufi Etxeberria y Jon Gorrotxategi. Junto a sus letrados, se introdujeron en el edificio a través de la puerta que da a la calle Génova, que habitualmente permanece cerrada por las tardes. A diferencia de la víspera, no hubo concentración de ultraderechistas a esa hora. Eso sí, una veintena de falangistas se plantó en la acera de enfrente a las 19.30, profiriendo gritos contra Otegi, hacia quien focalizan todas sus iras y fobias. Como el portavoz abertzale estaba citado para las 20.00, los concentrados probablemente esperaban poder insultarle y amenazarle en directo. Volvieron a quedarse con las ganas. Fuentes de la Audiencia Nacional filtraron el detalle de que, antes de subir al despacho de Grande-Marlaska, sito en la segunda planta, el propio Otegi bajó a los sotanos para saludar a los familiares y allegados de ocho jóvenes vascos que iban a ser juzgados en el tribunal especial. Esta segunda sesión fue mucho más rápida que la anterior. Las comparecencias comenzaron a las 17.30 y finali- zaron sesenta minutos después. Aldasoro, Barrena, Permach y Alvarez, que entraron al despacho de Grande-Marlaska por este orden, rechazaron responder a las preguntas del magistrado. La víspera, el interrogatorio había versado sobre la pertenencia de los imputados a la Mesa Nacional de Batasuna y sobre las iniciativas políticas de la formación independentista, que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 enmarcaba en una supuesta «estrategia de desdoblamiento» de ETA. Permach sí respondió a dos preguntas del fiscal sobre sus manifestaciones en torno a que el proceso podría blo- quearse en caso de que se produjeran encarcelamientos. Según el propio representante del Ministerio Público, el mahaikide aseguró que realizó estas declaraciones «en clave política y sin una finalidad intimidatoria o amenazante», algo de lo que el juez acusaba no sólo a él, sino también a sus siete compañeros. Dos horas de vistilla Finalizadas las comparecencias, el magistrado optó por realizar una única vistilla conjunta, en vez de ocho individuales. Aprovechando que todos los imputados ya estaban en el interior de la sede judicial, ésta comenzó sobre las 19.00, una hora antes de lo previsto. Se prolongó durante dos horas. Como ya había sido anunciado, el fiscal Jesús Santos no solicitó ningún tipo de medida cautelar para los ocho imputados. Tampoco sorprendió que, por el contrario, el abogado de la AVT reclamó prisión incondicional para todos. La petición del representante de Dignidad y Justicia sólo varió de la anterior en su propuesta para Karmelo Landa, que fue de prisión eludible bajo fianza de 400.000 euros. Los ocho representantes de Batasuna fueron citados en principio por la celebración de una rueda de prensa en un hotel de Iruñea el 24 de marzo para ofrecer la valoración de la formación independentista respecto al alto el fuego decretado por ETA. Se da la circunstancia de que Otegi no estuvo presente en aquella comparecencia por hallarse enfermo. Sin embargo, el pasado viernes el juez amplió la imputación a un «delito de amenazas terroristas», ligando la entrevista a dos representantes de ETA publicada por este diario, la presentación de la comisión negociadora de Batasuna y unas declaraciones de Joseba Permach en las que alertaba de la gravedad del momento político y la posibilidad de un «bloqueo» en el proceso.
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