A raíz del resultado de las elecciones al Parlament de Catalunya de 2003 surgió el gobierno tripartito y la iniciativa para reformar el estatuto de autonomía. Eran dos pasos hacia adelante, con todas las limitaciones que la legalidad constitucional y la voluntad de los socios permitían, en una línea de progreso nacional y social. La reacción que se ha alzado en España y en el interior de Catalunya por parte de los sectores dominantes mediáticos, económicos y políticos ha conducido a la interrupción de este intento reformista, que no era ni mucho menos un proceso de liberación nacional. En este sentido hay que interpretar el pacto Mas-Zapatero y la involución que han seguido PSC y IC desde el 30 de septiembre del año pasado hasta echar fuera a ERC del Gobierno como represalia por el no al estatuto pactado en la Moncloa.

La renovación de las condiciones de dependencia económica y política de nuestro país es el resultado contra natura de un proceso que se había puesto en marcha para ir precisamente en sentido contrario. El texto aprobado en el Parlament de Catalunya por el denominado cuatripartito, era una expresión, limitada pero real, de soberanía catalana. La intransigencia del PSOE y la actitud de los partidos catalanes que se han avenido han convertido el texto rebajado por las Cortes españolas en un acto claudicante. El redactado final del estatuto no resuelve ninguno de los problemas de fondo que tiene el país: ni el expolio fiscal, ni el déficit de infraestructuras, ni la insuficiencia competencial, ni el reconocimiento nacional. En pocos meses se ha pasado de la posibilidad de una segunda etapa autonómica con un amplio consenso social y político a un estatuto inadecuado como marco común de convivencia, que abre las puertas a un período en el que la reivindicación nacional se tendrá que plantear en unos términos que comportarán un conflicto con el orden estatal y autonómico vigente.

El referéndum, el próximo 18 de junio, supondrá el punto y final al proceso de reforma estatutaria, a la experiencia del tripartito y a todo un ciclo político. Las principales fuerzas políticas salen de este proceso substancialmente transformadas: CiU descarta la evolución soberanista por regresar al pujolismo más estricto, ERC tendría que dar por cerrada la etapa del reformismo autonomista y asumir una estrategia autodeterminista, y el PSC con la ruptura del tripartito liquida el maragallismo sin substituirlo por ningún proyecto propio distinto al modelo de estado que defiende el PSOE. Con estos cambios, los términos de la lucha por la hegemonía política en Catalunya entre estos tres partidos ya no serán los que hemos conocido hasta ahora.

El bloque del sí ­PSC, CiU e IC­ no tiene ningún proyecto de futuro compartido por sus integrantes, es un acuerdo coyuntural basado en un modelo de hacer política verticalista, que sólo pide adhesión de la ciudadanía a un orden preestablecido. El único punto en común es devolver Catalunya a un estadio de dependencia sin conflicto, similar a la época del oasis pujolista, esta vez en beneficio de la hegemonía política del PSOE. Pero, después de las expectativas de futuro nacional abiertas entre los sectores más dinámicos de la sociedad catalana, el aflorar de las cuestiones de fondo con motivo del debate estatutario y la reacción españolista contra Cataluña, esta estabilidad ficticia ya no es posible.

Para el bloque del sí, el sistema autonómico ya está cerrado por una generación, por tanto depende de la capacidad de iniciativa política de la alternativa soberanista que esta previsión se cumpla o no. El no compartido por ERC y toda una red de entidades cívicas, socioeconómicas y culturales será quien hegemonizará el rechazo al estatuto desde una óptica nacional catalana, ya que el PP no tiene fuerza social suficiente para capitalizarlo. El no es más que la defensa del estatuto aprobado por el Parlament el 30 de septiembre pasado, es un acto en defensa del derecho a decidir del pueblo catalán. El resultado del referéndum, en el que es previsible un alto porcentaje de abstención, estará marcado por el nivel de rechazo en forma de no, nulo y voto en blanco, que si es alto dejará en una situación de provisionalidad el nuevo estatuto y abrirá las puertas a una nueva etapa reivindicativa que no podrá ser nuevamente otro proyecto estatuario. Tendrá que ser un proyecto nacional catalán que, sin vías de encaje en el orden constitucional vigente, comportará el planteamiento de una negociación bilateral Catalunya-España para establecer un status político que se base en la libre voluntad del pueblo catalán. En caso de que por parte de las fuerzas representativas españolas este planteamiento no sea aceptado, estaremos a las puertas de un verdadero conflicto político.

El no catalanista, hoy por hoy, es más el fruto de una reacción de dignidad democrática y nacional que la consecuencia de una estrategia hacia la soberanía. Esta todavía está por hacer. Existe una base social y electoral suficiente para plantear a medio plazo un proyecto político centrado en el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, sin intermediarios ni limitaciones impuestas. Para hacerlo posible hacen falta canales estables de coordinación entre las entidades, organizaciones y fuerzas políticas que deberían ser la referencia de este proyecto nacional. Desde el Fórum Catalán por el Derecho a la Autodeterminación proponemos a las entidades representativas y partidos que hayan manifestado de alguna forma su oposición al estatuto, la Constitución, pasado el referéndum, de un foro de debate nacional de carácter permanente que, sin suplir las funciones propias de los partidos, los complemente creando un ámbito de diálogo que contribuya a construir una estrategia de acumulación de fuerzas para que la nueva etapa política que se abrirá a partir del 18-J tenga como punto de referencia el derecho de autodeterminación del pueblo catalán. -