El pasado día 22 de marzo de 2006, en el Pleno del Senado, y en el punto del orden del día referido a la contestación a las preguntas por parte del gobierno, este senador preguntaba textualmente a la ministra de Agricultura, Pesca y Alimenta- ción, Elena Espinosa, si la reapertura de la pesca de la anchoa en marzo de 2006 no pondría en riesgo la recuperación de la especie.

Los ministros de Pesca de la Unión Europea aprobaron el pasado día 21de diciembre de 2005 la propuesta sobre los Totales Anuales Admisibles de Capturas (TAC), y las cuotas para 2006, que restablecía en marzo de este año la pesca de la anchoa en el Golfo de Bizkaia, que hasta ese momento estaba totalmente prohibida.

Una oferta francesa de última hora, apoyada también por Bélgica, hizo que España terminara por dar el visto bueno al levantamiento de la veda para el año 2006, a cambio, según su versión, de una reivindicación histórica consistente en permitir a la flota pescar cebo vivo en la zona de las seis millas al norte del Golfo de Bizkaia.

El texto del compromiso fijaba el levantamiento de la veda de la anchoa el 1 de marzo de 2006 ­con un TAC de 5.000 toneladas, de las que 4.500 correspondían al Estado español, y 500 a Francia, cedidas a cambio de cuotas de merluza, gallo, rape y gallineja, en virtud del acuerdo de Arcachon­, y modificaba la propuesta de la Comisión Europea de mantener la prohibición al menos hasta junio de 2006 debido al mal estado de los caladeros y la escasa cantidad de biomasa de la reserva en época de cría.

Aun cuando la respuesta de la ministra fue que el tema estaba controlado, y que se iba a llevar a cabo un seguimiento puntual, versión ratificada posteriormente en otra nueva pregunta de este senador sobre la pesca del atún, la realidad de los hechos ha sido totalmente diferente, y los arrantzales han capturado este año 720 toneladas, la segunda peor campaña de la historia.

La anchoa del Cantábrico, víctima de la sobreexplotación pesquera y de la falta de un cuidado y control por parte de las autoridades españolas y europeas competentes en la materia, está al borde de la extinción. Los únicos informes de los biólogos presentan un horizonte bastante preocupante, y sus recomendaciones coinciden con los comentarios de los profesionales de la pesca, que constatan el peligro de la desaparición de la anchoa. También las cifras aportadas por los especialistas del Instituto Azti, dependiente del Gobierno Vasco, colocan los totales de la biomasa de la anchoa en límites inferiores a los baremos establecidos por el Consejo Internacional para la Explotación del Mar.

La decisión tomada por parte del Gobierno español en diciembre de 2005 en contra de la opinión de los arrantzales, ecologistas, científicos, conserveros... no sólo supuso una falta de responsabilidad y previsión, sino que, además, hizo caso omiso de las opiniones vertidas tanto por los responsables de las Comunidades Autónomas del Cantábrico (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco), y de la sociedad vasca, que viene padeciendo las consecuencias de una nefasta política, y una falta de planificación en cuanto a la estrategia de la pesca de la anchoa.

No es de extrañar, por tanto, que las cofradías de pescadores y el sector en general, fuertemente afectado, haya perdido la confianza en los responsables de la Administración central, y exija la convocatoria de una reunión urgente de la Comisión Europea a través del comisario de Pesca, Joe Borg, con la participación en la misma tanto de representantes del Gobierno vasco como del resto de comunidades autónomas afectadas, al objeto de solicitar la prolongación de la veda de la anchoa, aprobada meses atrás, con el fin de garantizar la supervivencia de esa especie en el Golfo de Bizkaia.

Además, sería necesario plantear tanto a nivel estatal como ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea la forma de compensar las pérdidas sufridas durante estos dos últimos meses tanto por los barcos como por los pescadores y sus familias, y el reparto de esas indemnizaciones y ayudas para los mismos.

Mientras tanto, y hasta que la Unión Europea no decida el cierre inmediato de los caladeros, sería imprescindible que sobre la actuación de la flota pelágica francesa se dispusiera de observadores independientes al objeto de llevar a cabo un control estricto sobre las artes utilizadas en la pesca. El inicio de la campaña de la anchoa el pasado 1 de junio por parte de los arrantzales franceses, con una cuota de pesca de 500 toneladas asignadas, es otro aspecto de alarma y tensión en el sector pesquero.

Las consecuencias inmediatas para los directamente afectados, arrantzales y el sector conservero, son fácilmente detectables, y hasta subsanables con ganas y buena voluntad, pero hay otras consecuencias que tal vez pasen más desapercibidas, como la noticia aparecida muy recientemente que comentaba que el índice de precios de alimentos que elabora mensualmente el Ministerio de Industria, a nivel estatal, atribuye un precio de 7,58 euros el kilo de la anchoa en mayo, aunque en las pescaderías de Euskadi se haya pagado hasta a 12 euros el kilo, habiendo subido un 18,16% en el último año el precio, lo que convierte a la anchoa en el alimento fresco que más se ha encarecido.

Habrá que ver el efecto que sobre el IPC de mayo y sobre la inflación del ejercicio tendrá la decisión equivocada tomada por el ejecutivo español sobre el tema de la anchoa.

Por último, la situación del sector pesquero en general y el de la anchoa en concreto y sus perspectivas de cara al futuro, deberían servirnos para llevara cabo un replanteamiento general sobre la posible reconversión del sector y sus efectos sobre el empleo en nuestros pueblos de la costa vasca, la búsqueda de soluciones alternativas y nuevas áreas de actividad productiva o de servicios. -