Lakua considera una vergüenza jurídica y una irresponsabilidad la actuación del TSJPV
El Gobierno de Lakua considera que la admisión por parte del TSJPV de la querella contra el lehendakari por reunirse con Batasuna es una «vergüenza jurídica» que «ha quebrado irresponsablemente» la separación de poderes. Por ello, los partidos que forman la coalición solicitarán la comparecencia urgente del presidente del tribunal en el Parlamento para que ofrezca explicaciones. Al mismo tiempo, todas y todos los miembros del Gobierno se consideran «autoinculpados en esta causa absurda y sin sentido», según anunció la portavoz del Ejecutivo autonómico al término del Consejo.
GASTEIZ
El Gobierno de Lakua ha reaccionado con una agresividad verbal inusual en el trato entre poderes e instituciones a la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de admitir a trámite la querella presentada por el Foro Ermua contra Juan José Ibarretxe, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena, por la reunión que mantuvieron el 19 de abril en Lehendakaritza. Bueno, en realidad, el Ejecutivo autonómico ha respondido a la parte de la querella que afecta al lehendakari, porque de los tres dirigentes de Batasuna no dice nada. De hecho, ni siquiera se menciona a esta formación, cuyo nombre fue sustituido por el genérico de izquierda abertzale en la declaración que leyó Miren Azkarate. La portavoz del Gabinete compareció ante la prensa acompañada de Joseba Azkarraga y Javier Madrazo para simbolizar la unión de los tres partidos que conforman el Ejecutivo y, en un ambiente de solemnidad, no ahorró calificativos contra el TSJPV. El Gobier- no mostró «su indignación» por la admisión a trámite de la querella, definió como «disparate mayúsculo imputar un delito y sentar en el banquillo de los acusados a quien se ha comprometido con la ciudadanía a impulsar el diálogo y que cuenta, además, con la confianza mayoritaria y democrática de la mayoría de la sociedad», y criticó la falta de «rigor y competencia» del tribunal en su trabajo porque tres días después de divulgar la noticia aún no se ha recibido notificación oficial alguna en Lehendakaritza. Azkarate señaló que «el lehendakari está sometido al Derecho y a la acción de los tribunales exactamente igual que todos los ciudadanos y ciudadanas», pero «resulta inverosímil e inadmisible que un tribunal de justicia establezca cómo o de qué forma debe actuar políticamente el lehendakari», pues existe la separación de poderes, «principio que se ha quebrado irresponsablemente».
El presidente, al Parlamento
Entre las medidas de respuesta anunciadas, destaca la autoinculpación de todos los consejeros y consejeras «en esta causa absurda y sin sentido». Pero si Ibarretxe tiene que declarar ante los tribunales, el presidente del TSJPV habrá de hacerlo ante el Parlamento. El tripartito solicitará su comparecencia urgente para que explique las razones de «la grave quiebra» de la separación de poderes y de «la grave vulneración de los derechos fundamentales» de Ibarretxe. También le pedirán cuentas por «sus continuas manifestaciones sobre actuaciones políticas de las instituciones vascas». El Gobierno, además, asegura que «utilizará todas las vías e instrumentos jurídicos a su alcance, incluidos el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para desenmascarar la vergüenza jurídica que ha cometido el tribunal que ha dictado este auto judicial». En el plano político, Lakua observa la «responsabilidad última» de quien impulsó «una Ley de Partidos que constituye una aberración política y democrática».
El CGPJ estudia acciones contra el Gobierno
GASTEIZ
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, anunció que el órgano de gobierno de los jueces estudiará emprender acciones legales contra los responsables de Lakua por las críticas «desmesuradas» contra el TSJPV.López explicó a Europa Press que, cuando el tribunal notifique al Consejo la petición de comparecencia en el Parlamento autonómico del presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, el CGPJ «estudiará» si «menoscaba la independencia judicial» y si es necesario adoptar «medidas para recuperar esa independencia», dada la «gravedad» de las acusaciones vertidas. El portavoz del CGPJ tildó de «muy graves e irresponsables» las declaraciones del Gobierno de Lakua, y añadió que hay «poderes a los que les estorba el Poder Judicial y el Estado de Derecho». En su opinión, se trata de un «proceso de gran descalificación» y de una «escalada injustificable e incomprensible» que «sólo persigue deslegitimar al Poder Judicial del País Vasco».
JpD: «Improcedente»
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Juan Tapia, calificó como «improcedente» la respuesta del Gobierno de Lakua. Recordó que su asociación considera que la resolución del TSJPV es «jurídicamente insostenible e irrazonable», pero estimó que la postura del Ejecutivo autonómico no favorece a destensar la situación. Además, añadió que la petición de comparecencia del presidente del tribunal en el Parlamento carece de «respaldo jurídico».Desde el Foro Ermua, Mikel Buesa se mostró dispuesto a incluir a todos los miembros del Gobierno en la querella «pero siempre que se demuestre ante un tribunal que es cierto que todos participaron en la decisión de reunirse con Batasuna», porque «la autoinculpación no es una prueba».
Paradojas de la estrategia del PP y sus satélites
Iñaki IRIONDO
José Luis Zubizarreta escribía con acierto en su artículo dominical en “El Correo” que el PP, con «sus críticas desaforadas» al Gobierno de Zapatero, está contribuyendo a amplificar la imagen de que es la izquierda abertzale y no el Estado quien está ganando la batalla. Juan Carlos Ibarra añadía ayer en “Deia” que la falta de proporción del PP en sus críticas, que aplica los mismos gruesos calificativos al anuncio de una reunión con Batasuna que lo haría al cambio de la Ley de Partidos, podría «allanar el camino a Zapatero para moverse con más agilidad de ahora en adelante», porque la respuesta del PP va a ser igual si acerca diez presos que si cambia la política penitenciaria. Según su visión que el futuro dirá si resulta atinada, la falta de sentido de la medida del PP hace que «cuando de verdad llegue ese lobo al que sólo ellos temen, pocos les harán caso». A estas dos puede sumarse una tercera paradoja de la
estrategia del PP y sus satélites. Recurriendo al uso y abuso de los tribunales
para tratar de impedir el diálogo político con Batasuna, están consiguiendo que
desmontar la arquitectura antidemocrática levantada durante el mandato de Aznar
por el llamado Pacto Antiterrorista no sea ya sólo una necesidad vital para la
izquierda abertzale sino para el conjunto de partidos políticos, incluido el
PSOE.
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