Las policías española y francesa detuvieron ayer a doce ciudadanos vascos, nueve de ellos con edades superiores a los 50 años, a los que relaciona presuntamente con el denominado «aparato financiero de ETA». La operación tendría su origen en una investigación que data de 1998, en el caso de la Audiencia Nacional española, y de 2005, en el de la XIV Sección Antiterrorista de París. La redada, que se desarrolló en varias localidades de Lapurdi y Gipuzkoa, y que se extendió a la población de Santa Pola (Alicante), dio lugar al embargo de diversos bienes y cuentas corrientes.

La práctica totalidad de los agentes políticos vascos remarcaron la gravedad de esta nueva incursión policial, que interpretaron en clave de obstáculo cuando no de abierto sabotaje al proceso político abierto en Euskal Herria. Esa valoración generalizada contrastaba con la afirmación del Gobierno español de que la operación ordenada por los jueces Le Vert y Grande-Marlaska no afectaría de modo alguno al plan de diálogo con ETA.

La lógica y la experiencia de otros países, como hicieron patente recientemente en sendos comunicados el ANC sudafricano y el Sinn Féin irlandés, indican, sin embargo, que la detención de personas vinculadas a una de las partes implicadas en cualquier proceso de negociación supone lanzar un torpedo contra la línea de flotación del mismo.

En la entrevista con ETA publicada por GARA el pasado 14 de mayo, interpelados sus interlocutores sobre las detenciones, controles policiales o el mantenimiento de la ilegalización de organismos abertzales, la organización armada afirmaba tajantemente que «si los ataques de los aparatos de los estados prosiguen será imposible seguir adelante con el proceso». En otro momento de la primera entrevista concedida por ETA desde que anunciara el pasado 22 de marzo su alto el fuego permanente, estos portavoces respondían que «España y Francia deben tomar y cumplir sus compromisos de ‘tregua’ para que el proceso pueda desarrollarse». Conocida esa posición, y a la luz de la vasta operación policial desarrollada ayer, cabe plantear algunos interrogantes: ¿qué buscan Madrid y París? ¿es ésta su aportación al proceso? ¿a qué objetivo sirve y a qué responde esta actuación?

Ayer, el Ejecutivo español ni tan siquiera se escudó en el manido y falaz argumento de la actuación independiente de los jueces, sino que asumió con claridad la paternidad de la actuación policial y, sin ningún rubor, agregó a renglón seguido que «esto no altera en lo más mínimo el curso de ruta del que es responsable el Gobierno para el aprovechamiento de una oportunidad histórica».

Pese a tal afirmación, nadie puede abstraerse del hecho de que el proceso político abierto atravesará por gravísimas dificultades si alguien, en este caso los estados español y francés, pretende continuar por la senda represiva, a sabiendas de que esa dinámica no se corresponde en absoluto con los parámetros de un proceso de paz y resolución del conflicto. (Ante cualquier acción atribuida a ETA, gobiernos y medios hablarían sin duda de sabotaje al proceso. Por tanto, ¿qué consideración habría que dar a las detenciones llevadas a cabo ayer?).

Cuando están a punto de cumplirse tres meses de la declaración de alto el fuego permanente de ETA, Madrid y París continúan sin dar los pasos ni adoptar los compromisos acordes al momento. Hechos como los de ayer, unidos a precedentes operativos, o al mantenimiento del juicio por el macrosumario 18/98, entre otros ataques, deben ser valorados como lo que son, un obstáculo para el diálogo y una amenaza en toda regla para el logro de la paz. Por ello, se hace más imperiosa cada día la necesidad de que los agentes y ciudadanos de este país trabajen para evitar que los estados puedan condicionar el proceso democrático, fijando definitivamente en Euskal Herria su centro de gravedad. -