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Gara > Idatzia > Euskal Herria 2006-06-21
Oleada de detenciones en Lapurdi y Gipuzkoa
Batasuna denuncia que las detenciones son un ataque frontal a las esperanzas de paz
·Doce ciudadanos vascos arrestados en una operación policial contra ETA ordenada por los jueces Le Vert y Grande-Marlaska

La Policía francesa y la española han llevado a cabo conjuntamente la mayor redada de los últimos años. Anoche seguían en comisaría doce ciudadanos vascos, la mayor parte muy conocidos, a los que se acusa de actividades relacionadas con el cobro del «impuesto revolucionario» para ETA «en el pasado», según matizó el fiscal. El sumario fue abierto por Baltasar Garzón hace ocho años, pero la operación policial se ha activado ahora, en vísperas de que Zapatero acuda al Congreso a anunciar su disposición a emprender el diálogo con ETA. Así las cosas, varios ministros incidieron en asegurar que la redada no afectará al proceso, en contra de lo afirmado en su día por la organización armada en GARA. Batasuna también subrayó ayer que las detenciones suponen «un ataque nítido y frontal» a las esperanzas de solución.

IRUÑEA-BAIONA

Siete detenciones en Lapurdi, tres en Gipuzkoa y dos más, de forma circunstancial, en Alicante es el balance provisional de la operación conjunta de la Policía española y la Policía francesa, que se ha cebado en ciudadanos abertzales muy conocidos, en algunos casos refugiados, ex deportados o familiares de presos políticos vascos. La redada ha sido activada ahora por los magistrados especiales Fernando Grande-Marlaska y Laurence Le Vert a partir de un sumario que fue abierto por Baltasar Garzón hace ya ocho años y a cuenta de unas actividades que se relacionan con el «impuesto revolucionario» y que según fuentes policiales habrían tenido lugar durante los últimos veinte años.

Ninguna fuente explicó por qué se han decidido ahora estos arrestos, en lo que constituye la mayor redada de los últimos años. A las detenciones, además, hay que sumarles al menos catorce registros en Gipuzkoa, dos en Alicante, el bloqueo de medio centenar de cuentas bancarias (que estarían siendo investigadas) y el embargo de bienes patrimoniales por valor superior a 700.000 euros ­según fuentes de la investigación­; se incluye aquí el cierre de un local de hostelería regentado por Joseba Elosua en Behobia.

En su momento, el juez Garzón emprendió algunas diligencias relacionadas con este sumario. Así, por ejemplo, citó y dejó en libertad bajo fianza a responsables de la empresa Azkoyen a los que relacionaba con el pago del «impuesto». Y dictó medidas contra varios ciudadanos vascos, entre ellos el ex parlamentario de SA Jon Salaberria. Desde entonces no hubo nuevas actuaciones.

Arrestados en sus casas

Las detenciones se produjeron de forma más o menos simultánea durante la madrugada. En Arrangoitze fue arrestado Anjel Iturbe;en Baiona, José Antonio Cau;en Senpere, Julen Madariaga; en Azkaine, Kristina Larrañaga;en Hendaia, José Román Badiola;en Biarritz, Eloy Uriarte e Izaskun Gantxegi; en Oiartzun, Ramon Sagarzazu e Iñaki Aristizabal; en Irun, Jean-Pierre Harocarene;y en Santa Pola, donde estaban de vacaciones, Joseba Elosua y José Carmelo Lukin.

En el caso de dos de estos detenidos, Askatasuna manifestó expresamente su preocupación por su estado de salud. Se trata de Kristina Larrañaga, que está en tratamiento por problemas vasculares, y José Antonio Cau, intervenido quirúrgicamente en un ojo en fechas recientes.

Otros detenidos son personas de edad avanzada. Elosua y Madariaga, por ejemplo, superan ya los 70 años, y Sagarzazu está próximo a cumplirlos.

Múltiples registros

Tras las detenciones llegó una cascada de registros, en los que los arrestados fueron usados como testigos. Así, reporteros gráficos captaron a Madariaga en su casa de Senpere, mientras la Policía inspeccionaba la vivienda en una tarea que se prolongó durante muchas horas. En el caso de José Antonio Cau, el registro concluyó a las 11.00. Y en el de la casa de Iñaki Aristizabal, en Mugerre, se requirió la presencia de su compañera, Janine Etxeberri, a la que la Policía acudió a buscar a su lugar de trabajo:el hospital de Baiona. Ello hizo que en un primer lugar se pensara erróneamente que también había sido detenida.

En otros casos hubo constancia de los registros mucho más tarde. Fue el caso de la vivienda de Badiola, en Hendaia. Askatasuna aseguró que sus familiares encontraron el piso «en un gran desorden». Y a Sagarzazu se lo llevaron también a plena luz del día en Oiartzun, después de inspeccionar su vivienda; las cámaras de televisión captaron en este caso cómo algunos vecinos se encara- ban con los uniformados de la Policía española.

Ninguna fuente oficial determinó con claridad ni detalló con concreción el alcance de las acusaciones contra los imputados, y se limitaron a indicar que investigan diferentes grados de responsabilidad, desde la toma de contacto con empresarios hasta el cobro y el traslado del dinero. Los bloqueos de cuentas y embargos tienen como objetivo, explicaron, tratar de seguir el rastro del supuesto «impuesto revolucionario».

Fiscal: «Hechos pasados»

A preguntas de los periodistas, el fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral indicó que la investigación se refiere a «hechos pasados». El Gobierno español puso interés en remarcar que en los registros no habían aparecido cartas de ETA posteriores al alto el fuego iniciado el 24 de marzo.

Moral presentó además a los detenidos como personas relacionadas con ETA desde tiempo atrás y reclamadas por la Audiencia Nacional española, pero la realidad es que todos ellos hacían una vida completamente normal y pública.



Grande-Marlaska y Le Vert, en Behobia y Baiona
Los dos jueces especiales anti-ETA que se sitúan al frente de esta vasta operación conjunta decidieron acudir a Euskal Herria para hacer seguimiento in situ de la misma. El español, Fernando Grande-Marlaska, se presentó incluso en el restaurante precintado en Behobia, propiedad de Joseba Elosua, a la hora en que las cámaras de televisión se encontraban concentradas allí. Por la mañana, se aseguró que había instalado el centro de operaciones en un despacho del Juzgado de Irun. La francesa, Laurence Le Vert, fue mucho más discreta, pero varios medios aseguraron que se encontraba en Baiona con la intención de conocer el contenido de los interrogatorios a los detenidos. Se supone que los arrestados en varias localidades de Lapurdi se encontraban anoche en ese centro policial. -


 
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