Permach insta a acabar con un juicio que «busca criminalizar la militancia política»
Dentro y fuera de la Sala, el mahaikide Joseba Permach denunció ayer el carácter político del juicio que se celebra en la Casa de Campo, y que «busca criminalizar la militancia y la disidencia política». Por ello, reclamó el cierre de éste y del resto de los sumarios, y apostó por «un marco donde sean posibles todos los proyectos políticos».
MADRID
Antes de declarar por la tarde en la calidad de testigo, Joseba Permach compareció ante los medios que acudieron a la Casa de Campo para hacer una valoración de este juicio, cuya suspensión definitiva, así como la del resto de sumarios abiertos en la Audiencia Nacional, exigió contundentemente. «Hay que acabar cuanto antes con este juicio, y hay que respetar el derecho que tienen los militantes políticos a hacer su labor política, así como los derechos civiles y políticos de decenas de miles de personas de Euskal Herria que están siendo vulnerados» manifestó el mahaikide.Tildó de «sinsentido» el juicio que se está celebrando desde noviembre en la Casa de Campo, «que pretende enjuiciar la labor que han realizado durante años militantes políticos». «El objetivo de las organizaciones de la izquierda abertzale es conseguir un escenario donde la independencia y el socialismo cuente con la adhesión mayoritaria de la sociedad vasca, y para ello estamos trabajando en diferentes campos y áreas» explicó el dirigente independentista, pero sostuvo que, para hacer posible esa labor, «es absolutamente necesario que cambie la situación política, buscar una solución democrática al conflicto, y conseguir un marco democrático donde todos los proyectos sean posibles y puedan abrirse camino». A este respecto, valoró que «lo único que han hecho los militantes políticos que están siendo juzgados aquí ha sido trabajar por alcanzar ese escenario democrático». «Se está juzgando la actividad política de decenas de militantes, y esa actividad política es compartida por decenas de miles de personas en Euskal Herria», recalcó. Ya durante su comparecencia en la Sala, Permach denunció directamente ante el tribunal que «lo único que hay detrás de este sumario es un intento de criminalizar la militancia y la disidencia política». Durante su intervención, relató que tras participar durante años en Euskal Herrian Euskaraz, comenzó a desarrollar su militancia en la unidad popular de Alde Zaharra de Donostia, ciudad de la que en 1991 fue elegido concejal. Posteriormente, tras el encarcelamiento de la Mesa Nacional de Herri Batasuna en 1997 por la difusión de la Alternativa Democrática, y tras el debate que existió en el seno de la formación abertzale, fue designado como miembro de la nueva dirección. En todo este recorrido, explicó que ni KAS el fiscal defiende que en 1991 hubo «un desembarco de militantes de KAS en HB» ni Ekin tuvieron nada que ver, y recordó que la Mesa Nacional «es elegida por miles de militantes de la unidad popular en congresos abiertos y públicos».
«Brazo político de ETA»
En esta misma línea, Permach rechazó de plano que ninguna organización ajena a la suya fijara sus líneas de actuación, y negó que ETA decidiera actuaciones como la socialización de la Alternativa Democrática, el proceso de Lizarra-Garazi o la propuesta de Anoeta. «Nosotros tenemos nuestros objetivos políticos y creemos que es necesario aprovechar las diferentes circunstancias que se dan en cada momento para alcanzarlos» afirmó, e hizo un llamamiento a «aprovechar el momento que vivimos ahora para poder alcanzar una solución democrática para Euskal Herria». Asimismo, rechazó que Batasuna sea «el brazo político de ETA» y calificó esa afirmación de «invención policial para criminalizar la militancia política». «No somos el brazo político de nadie, somos una organización que trabajamos en favor de la construcción nacional y la transformación social, como creo que hacen también los compañeros que están sentados aquí detrás», puntualizó el mahaikide, en referencia a los acusados.
Autonomía como «máxima»
Mikel Etxaburu fue el último de los testigos que compareció ayer ante la Sala. Miembro de Jarrai desde 1984 hasta 1991, su intervención giró básicamente sobre KAS, coordinadora en la que militó hasta finales de 1993. Rechazó, a preguntas de defensa y Fiscalía, todos los vínculos entre KAS y ETA que sostienen los escritos de acusaciones, y declaró que el objetivo principal de la coordinadora era «articular un programa político de mínimos compuesto de cinco puntos la Alternativa KAS y, a través de ese programa de mínimos, buscar una acumulación de fuerzas para llevar a Euskal Herria a un escenario democrático donde todos los proyectos tengan cabida». Subrayó también, respecto a las supuestas directrices de KAS , que «si ha habido una máxima en la izquier- da abertzale ha sido el respeto total a la autonomía de cada organización, en su funcionamiento y en sus decisiones».
«Tensión crea quien detiene hoy a doce personas»
Durante su intervención, seguida con atención por los medios acreditados en la Casa de Campo, Joseba Permach fue preguntado por si, tal como sostiene la acusación, los organismos de la izquierda abertzale tienen como cometido «crear un clima de tensión y acoso social» para facilitar la actividad armada de ETA. «Quien crea tensión es el que vulnera los derechos de nuestro pueblo. Las fuerzas represivas y los que niegan el derecho de autodeterminación. Aquellos que en una situación de alto el fuego han detenido a doce personas», denunció. -
La traducción es, para el tribunal, una «concesión graciosa»
MADRID «¡Ya basta! ¡Estas no son formas!». La defensa, en este caso la abogada Arantza Zulueta, no pudo aguantar más el espectáculo lamentable que estaba aconteciendo en la Sala, en la que la supuesta intérprete no acertaba a traducir correctamente ninguna de las frases que salían por boca de los testigos. Estos, instados por la propia presidenta del tribunal, además de responder a las preguntas, debían corregir lo que libremente decía la traductora, la misma del día anterior, cuya trayectoria es bien conocida en la Audiencia. Ni siquiera vocalizando las palabras una por una era capaz de acertar. «Zer da baldintza? Zer da ardatza? Zer da urratu?...» preguntaba constantemente esta persona, que tampoco dijo bien ni una fecha. Zulueta, anunció que recusarían a la intérprete, y pidió que les enseñaran su titulación, a lo que Murillo replicó suspendiendo la sesión matutina. Por la tarde, todos los letrados defensores reclamaron un sistema de traducción «respetuoso con la lengua vasca» y que no vulnere los derechos de los procesados. Sin embargo, la presidenta leyó un acuerdo, adoptado por los tres jueces, en el que se señala que «la vista se está celebrando en Madrid, donde la única lengua oficial es el castellano». Con este argumento, agregó que la presencia del intérprete en el juicio «es una deferencia del tribunal hacia los procesados, no una obligación legal». Una «graciosa concesión» que calificó de «innecesaria» porque «todos los procesados conocen el castellano».
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