Madrid dice que no afectará, pero ETA avisó de que no habrá proceso con detenciones
MADRID
El Gobierno español no se escudó esta vez en el argumento de la actuación independiente de los jueces, sino que asumió con claridad su responsabilidad en la operación nada más producirse. Así, entrevistado en Antena-3 a primera hora de la mañana, el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda portavoz oficioso de Zapatero, indicó que «la realidad derrumba las críticas al Gobierno» por su supuesta pasividad ante ETA. «A la vista están los resultados», dijo tras aseverar que «sólo cabe felicitarse».Las afirmaciones de Moraleda sobre críticas al Gobierno parecen traer como causa el artículo publicado el domingo por ‘‘El Mundo’’, abriendo portada, en el que se aseguraba que «dos etarras transportan 60.000 euros a Bayona bajo vigilancia policial». En él se hablaba de que los autores del supuesto traslado del dinero estaban jubilados y se apostillaba que «la Comisaría General de Información alega que no los detiene para controlarlos mejor». El Gobierno español, a tenor de lo indicado por Moraleda, decidió activar la redada, que lleva la firma de los jueces Fernando Grande-Marlaska y Laurence Le Vert, pese a que la información de ‘‘El Mundo’’ no despertó ninguna polémica especial. Sólo el diputado del PPIgnacio Astarloa pidió explicaciones al Gobierno español el domingo, y el ex ministro Jaime Mayor Oreja indicó que «es un atropello más».
«No altera el curso»
Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior, puso interés en su comparecencia en resaltar que la fecha de la redada había sido fijada exclusiva- mente por Le Vert y Grande-Marlaska, «por lo que yo sé, hace más de una semana».El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, trató de poner más distancia respecto a la redada al indicar que fue impulsada «sobre todo por las autoridades judiciales especializadas en terrorismo». A partir de ahí, el titular de Justicia sí recalcó que «esto no altera en lo más mínimo el curso de ruta del que es responsable el Gobierno para el aprovechamiento de una oportunidad histórica de poner punto final a la violencia de ETA y a sus manifestaciones intimidatorias y coactivas». «No hay ningún dato significativo que impida continuar con el proceso de paz», argumentó poco después, en la misma línea, su compañero de gabinete Pérez Rubalcaba.
«Ataques contra el proceso»
Pero la organización armada vasca no mostró la misma opinión en la entrevista realizada por GARA y publicada el 14 de mayo. En ella, interpelados sus interlocutores sobre las detenciones, los controles policiales o el mantenimiento de la ilegalización, ETA afirmaba que «tenemos que decir claramente que si los ataques de los aparatos de los estados prosiguen será imposible seguir adelante con el proceso».ETA lo argumentaba indicando que «el proceso necesita algunas condiciones democráticas básicas para que pueda desarrollarse. Para que esas condiciones puedan ser garantizadas es imprescindible detener la ofensiva de los estados, desterrar las actitudes represivas. Está en manos de los gobiernos de España y Francia dar los pasos necesarios para ello. Es más, algunos ataques que se han producido los entendemos como un ataque dirigido directamente contra el proceso», añadía.
Demasiadas cartas en la manga
Iñaki IRIONDO
En asuntos de Estado las casualidades no existen. Y resulta difícil desligar esta sonora operación policial de la decisión del presidente del Gobierno español de anunciar en el Congreso de los Diputados el inicio del diálogo con ETA. Debe de entender que acudir a la sesión con doce ciudadanos vascos detenidos desactiva, o al menos debilita, la munición de críticas del PP. José Luis Rodríguez Zapatero escondía esta carta en una de sus bocamangas para esta ocasión, al igual que durante la primera jornada del “Debate del Estado de la Nación” ocultó en la otra el anuncio del PSE de reconocer como interlocutor a la izquierda abertzale y no la sacó hasta que Mariano Rajoy hubiera acabado sus intervenciones. Lo llamativo es que ambas puedan formar parte de la misma jugada. Hay indicios suficientes para concluir que cuando el 30 de mayo Zapatero jugó la baza del anuncio de Patxi López, conocía que antes de que este mes Grande Marlaska deje el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional esta operación se habría desarrollado. Por lo tanto, cabe preguntarse si cuando el presidente del Gobierno español afirmó que retrasaba el anuncio del inicio de conversaciones para tratar de retomar un cierto consenso con el PP no estaba en realidad esperando a la intervención de Marlaska y Le Vert, con quien, por cierto, el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, se reunió en París en los primeros días de junio. Es decir, dio el primer paso sabiendo que luego llegaría el segundo en una especie de juego de compensación. El problema es que el efecto balsámico que estas detenciones pueden tener en la derecha española es directamente proporcional al malestar que producen en la izquierda abertzale. Y en un proceso de negociación, en el que es indispensable generar una base de confianza entre las partes, no es recomendable que una de ellas se destape tan pronto como un tahúr. -
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